Entre enero de 2015 y diciembre de 2025, el sistema de inteligencia financiera del Estado peruano puso números a un fenómeno que durante años se percibía sobre todo en el territorio: la minería ilegal se consolidó como el principal generador de lavado de activos en el país. Los Informes de Inteligencia Financiera elaborados por la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú documentan cómo esta economía ilícita dejó de ser marginal para convertirse en el eje de los flujos financieros de origen criminal.
En ese periodo, los informes involucran USD 11,969.7 millones vinculados a diversas tipologías de lavado de activos. De ese total, 55% tiene como delito precedente la minería ilegal, lo que confirma que el oro extraído fuera del marco legal no solo genera impactos ambientales y sociales, sino que alimenta circuitos financieros que penetran el sistema formal.
El análisis muestra que no se trata únicamente de extracción informal, sino de un esquema con alto grado de sofisticación. Cerca del 48% del monto identificado en tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo corresponde al uso o inversión de recursos ilícitos en el sector minero, principalmente alrededor del oro ilegal. Es decir, el capital se reinvierte para expandir operaciones, adquirir insumos o fortalecer estructuras empresariales.
El dinero no permanece en las zonas de explotación. Fluye hacia compras de bienes, constitución de empresas, transferencias bancarias y operaciones comerciales que buscan dar apariencia de legalidad a fondos de origen criminal. El oro facilita este proceso por su alto valor, facilidad de transporte y demanda sostenida en mercados internacionales.
Otra modalidad relevante —que concentra 21% del monto analizado— es la canalización de recursos ilícitos a través de productos financieros y de inversión. Cuentas bancarias, transferencias, instrumentos financieros y operaciones comerciales sirven para fragmentar y diluir el rastro del dinero. Entre 2015 y 2025, la UIF-Perú recibió 170,553 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), enviados por entidades financieras y otros sujetos obligados, reflejo de la presión constante sobre el sistema de prevención.
El fenómeno, además, trasciende fronteras. Las comunicaciones de inteligencia financiera nacional e internacional emitidas en ese mismo periodo involucran USD 204,580.7 millones, con la minería ilegal concentrando 39% del total, por encima de delitos como corrupción o narcotráfico. Las cifras obligan a replantear el enfoque: más que un problema ambiental o laboral, la minería ilegal se perfila como una de las mayores amenazas económicas y de seguridad para el Estado peruano, con impactos directos en regiones como La Libertad, Pataz y Madre de Dios.
