La cartera de Ambiente en Colombia no solo se encarga de la protección de recursos naturales, sino que también tiene una relación directa con el sector minero-energético y de infraestructura. Esto cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que la ministra Irene Vélez es, además, directora encargada de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad responsable de evaluar proyectos de minería, energía e infraestructura, entre otros.
En esta segunda parte de la entrevista, se abordaron los avances en los procesos de seguimiento ambiental de la ANLA, la posición del Ministerio frente a las sanciones a Hidroituango, la suspensión del decreto de emergencia económica y el estado de los trámites de licenciamiento ambiental para obras de infraestructura en el país.
¿Implementarán planes para limitar la producción minera en oro y otro tipo de minerales preciosos?
En este gobierno se tomó la decisión de que no se otorgarían nuevas licencias, ni permisos, ni títulos mineros de carbón, porque es un combustible fósil. Esa es la única decisión en términos restrictivos que se ha tomado. Sin embargo, no hay una decisión análoga respecto a ningún otro mineral. A quien le corresponde hacer la política de incentivo y sobre todo de titularidad, y de asociatividad y de formalización minera es a la Agencia Nacional de Minería (ANM).
¿Qué se proyecta con la resolución del ordenamiento de la Sabana de Bogotá?
Nosotros somos como entidad rectora del SINA (Sistema Nacional Ambiental), a quien le corresponde sacar ese lineamiento. Es uno que es absolutamente coherente con la Ley 99 de 1993, desde la cual se había hecho una invitación a que hubiese un ordenamiento especial para las cuencas. Tiene también todo que ver con elementos de ordenamiento alrededor del agua, que ya es la política de este Plan Nacional de Desarrollo Colombia, es la potencia mundial de la vida.
Los lineamientos fueron primeramente publicados hace un año. En su momento se generó una discusión sobre si hubo suficiente participación ciudadana en su construcción. A continuación, hubo un juzgado que decidió suspender los términos para que se demostrara que había el cumplimiento de la participación ciudadana y de otras entidades que tienen competencia en esta región. Durante todo el año inmediatamente anterior estuvimos dedicados a hacer mesas de trabajo con comunidades, organizaciones, alcaldías, con la gobernación y corporaciones que tienen también una incidencia en esta área. Hemos logrado llegar a un acuerdo.
Por fortuna la magistrada también levantó la suspensión que tenía y pasamos a firmar. Creemos que este es un legado importante del gobierno del presidente Petro para la Sabana de Bogotá, porque lo que permite es cuidar sus humedales, cuidar su interconexión entre los Andes y la Orinoquía y Amazonía, justamente en esa interconexión por la bota caucana. Tiene que ver también con tener criterios de cómo hacemos construcciones o desarrollos de infraestructura que sean amigables, verdes y sostenibles en relación con este ordenamiento.
¿Cuáles son los procesos en licenciamiento ambiental más representativos y con los que está avanzando la ANLA?
Tenemos todos los proyectos en 100 % de su cumplimiento. Nosotros evaluamos proyectos de infraestructura, minero-energéticos, desde generación hasta la transmisión, evaluamos también agrotóxicos y su entrada al país. Entonces, todos los proyectos para nosotros revisten la misma importancia en el sentido en el que somos una autoridad a la cual le corresponde valorar y asegurar que hay un cuidado en todos los aspectos ambientales. Todos los tenemos por fortuna bien cubiertos. No solamente hacemos evaluación sino también seguimiento al desarrollo de esos proyectos.
Por ejemplo, en lo que llevamos de nuestra gestión hemos aumentado en 56 % las visitas de seguimiento ambiental a los proyectos para asegurar que los compromisos que se asumen en el marco de la licencia ambiental se cumplen posteriormente en la operación. Entonces, hacemos de esta manera una gerencia integral y responsable con la gente y sus territorios para que estos proyectos que generan impacto lo hagan en menor medida y con estrategias claras de mitigación y resolución.
¿Pero cuáles son los proyectos específicos con mayor impacto?
Tenemos una lista de cientos de proyectos. Para nosotros, ningún proyecto es más representativo que otro porque nos asumen como una autoridad que es capaz y tiene la responsabilidad de evaluar con una misma competencia y responsabilidad los impactos que se generan y a lo que debe ser el manejo sostenible.
Hubo varias sanciones en contra de Hidroituango. ¿qué prevé frente a ese proyecto?
Hidroituango efectivamente ha tenido varios procesos sancionatorios que además son de hace muchos años y tiene varios procesos también de solicitud de cambios menores que están en proceso de evaluación. Nosotros sancionamos cuando identificamos que hay un incumplimiento ambiental, es decir, cuando un usuario se compromete a hacer un manejo ambiental y en la operación de su proyecto incumple su promesa. En ese momento entonces realizamos una investigación y a partir de la investigación lo que hacemos es proceder con la posible sanción.
En este gobierno hemos incrementado el porcentaje de sanciones en 95 % y eso tiene que ver con la responsabilidad con la que asumimos el seguimiento ambiental. No se trata solamente de entregar una licencia y ser rigurosos en su evaluación, sino de asegurar que las licencias sirvan para algo. No nos interesa sancionar, nos interesa que una vez se sanciona el usuario o la empresa no vuelva a cometer el incumplimiento ambiental. La sanción tiene un sentido reformatorio del comportamiento para que sepa que el impacto generado tiene consecuencias no solo ambientales sino también económicas y en ese sentido las evita en el futuro.
¿En qué va el proceso del Canal del Dique y su licencia ambiental?
El canal del Dique es un proyecto que no ha presentado hasta este momento el estudio de impacto ambiental. Es decir que, aunque ellos deberían haberlo presentado, inicialmente se nos había dicho que iba a ser en agosto de 2025, no lo presentaron, luego nos dijeron que seguramente sería en diciembre de 2025, no lo presentaron. Lo cual quiere decir que no está en nuestra cancha porque ni siquiera han dado el primer paso para la evaluación ambiental que es entregar el estudio de impacto ambiental.
Nosotros hemos tenido mesas técnicas con la Procuraduría, la Contraloría, el consultor, el consorcio, la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), el Ministerio de Transporte y a todos los actores les hemos explicado cuál es el procedimiento que deben seguir. Hemos también ofrecido nuestra capacidad técnica para tener mesas de trabajo que puedan facilitar ese proceso y aun así ellos no han entregado el estudio de impacto ambiental.
¿Cuál es su posición respecto a la suspensión provisional del decreto de emergencia económica?
Creo que es una enorme irresponsabilidad, toda vez que es claro que hay hechos sobrevivientes que hacen estrecho el espacio fiscal para cubrir algunos elementos de gasto público que parecen imprescindibles. Por ejemplo, la Unidad de Capitación (UPC) que se acaba de pedir que se iguale entre un régimen subsidiado y un régimen contributivo, es una medida de equidad obvia y sin embargo no hay los recursos suficientes para asumir eso.
Lo otro que es absolutamente imprescindible son los subsidios de energía. El sector privado es el primero en reaccionar cada que hay una crisis de subsidios; estos son en este momento para estratos 1, 2 y 3, es decir, para la gente más necesitada en nuestro país y a ellos les estamos dando la espalda si es que no asumimos la emergencia económica en toda su dimensión. Creemos que el hecho de haber suspendido la entrada en firme de la emergencia económica puede impactar directamente derechos fundamentales como la prestación de servicios públicos, particularmente la energía y algunos programas sociales que son determinantes, en particular lo que tiene que ver con el acceso a la salud, con lo cual creemos que es una irresponsabilidad en este momento actuar de esa forma.
Se sabe además que el Consejo de Estado nunca lo ha hecho previamente. Además, hay unos conceptos jurídicos que también dicen que no debería actuarse en términos de una suspensión, toda vez que genera una inestabilidad en el marco de la jurisprudencia. Creo que todo esto fue desconocido, y lamentablemente, estamos en este punto. Esperamos que en un examen más riguroso y de fondo se decida en una dirección diferente.
¿Qué planes está adelantando para mitigar la situación por las fuertes lluvias?
Lo primero es que la responsabilidad sobre la gestión del riesgo, en el caso de los proyectos que son licenciados por la ANLA, son de cada proyecto, cada uno cuando hace un desarrollo y presenta su licencia, a su vez, asume el compromiso de la gestión del riesgo del desarrollo de tal proyecto. Eso quiere decir que nosotros lo que hacemos desde la ANLA es un seguimiento. Por ejemplo, desde el sábado hemos tenido una comunicación directa y permanente, cada hora, con cuatro de las represas que en este momento están alcanzando un límite en su cota de acumulación de agua.
Esa es la responsabilidad nuestra, hacer el monitoreo, estar en contacto con el usuario y también en cada uno de los momentos poder informar a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Hemos participado en todos los PMU (Puesto de Mando Unificado) que se han programado hasta el momento. También hemos estado en contacto directo con las entidades del SINA, que son responsables o autoridades ambientales en las regiones más afectadas, particularmente Canal del Dique, la corporación que tiene incidencia en esta región.
Hemos estado en contacto con la corporación en Córdoba, con la del Magdalena. Entonces hacemos el monitoreo en relación con la gestión que hacen las corporaciones en cada una de sus áreas de responsabilidad. Hay que insistir en que este tipo de impactos tienen un origen, que es el cambio climático. Esta es una realidad que tenemos que tomarnos en serio.
Para nosotros es indispensable pasar por el debate de la eliminación de los combustibles fósiles y dejar de pretender que podemos simplemente hacernos los locos y esperar hasta 2050, cuando las consecuencias las estamos viviendo ya, y quienes son los más afectados en nuestro país son también las comunidades históricamente empobrecidas. Desde nuestras competencias hemos estado al tanto, colaborativos, y por supuesto, al frente en lo que nos corresponde a esta emergencia.
