En la conferencia matutina del 29 de diciembre de 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, colocó dos temas en el centro de la agenda federal: el cierre de la huelga minera de Cananea y el relanzamiento de una ruta de reparación por la contaminación del Río Sonora. El anuncio se apoyó en un fondo por 2,222 millones de pesos, con aportaciones del Gobierno federal, el Gobierno estatal y Grupo México, según se informó en ese espacio.
La relevancia del mensaje no radica sólo en el monto. Cananea carga un simbolismo laboral que trasciende a Sonora, y el Río Sonora se convirtió desde 2014 en referencia obligada cuando México discute pasivos ambientales en minería. La decisión política de empujar ambos expedientes en paralelo también manda una señal al sector: la operación minera ya no se puede sostener sin acuerdos laborales estables y sin una respuesta verificable frente al daño ambiental.
El conflicto de Cananea se sostuvo por más de 18 años, desde que los trabajadores colocaron las banderas rojinegras el 30 de julio de 2007. La Jornada reportó que el “acuerdo definitivo” incluyó indemnizaciones, acceso a seguridad social y pensiones, con un universo de más de 650 mineros y sus familias como beneficiarios. El mismo reporte añadió que el mecanismo contempla vías para la reincorporación de trabajadores en edad laboral, con un referente de alrededor de 400 plazas.
Otros detalles del arreglo ayudan a dimensionar el cierre. El Financiero consignó que el acuerdo se construyó en asamblea y que la bolsa económica mencionada por el sindicato incluyó 483 millones de pesos, además de 59 millones asociados a liquidaciones determinadas con anterioridad. Ese texto también señaló que el conflicto se volvió, con el tiempo, un movimiento social y que durante el periodo murieron 53 trabajadores, cuyas viudas quedaron consideradas en el esquema de pensiones.
En el plano gubernamental, el Plan de Justicia para Cananea y la cuenca del Río Sonora se planteó como el “siguiente paso” tras la formalización del acuerdo laboral. El Economista informó que la fase de construcción iniciaría en enero de 2026 y que la autoridad federal busca concluir los proyectos a lo largo de 2026. En ese mismo marco se mencionó infraestructura hospitalaria en Ures, además de obras de agua potable y tareas de monitoreo de contaminación en suelo y agua.
La arquitectura financiera del fondo también quedó explicitada en coberturas posteriores. IMER Noticias reportó que 70% provendrá de Grupo México, 22% del Gobierno federal y 8% del Gobierno de Sonora. Esa distribución, más allá de la aritmética, fija un precedente que la industria debería observar con atención: cuando existe pasivo ambiental, el costo de recomponer confianza no se cubre con discursos, se cubre con presupuesto, obras y verificación pública.
El plan, según IMER, incorpora componentes de salud, agua potable y remediación ambiental. En salud se mencionó un hospital en Ures y una unidad de vigilancia epidemiológica y seguimiento toxicológico, además de atención médica integral. En agua se habló de potabilizadoras, sistemas de desinfección y monitoreo de la calidad del agua superficial y subterránea, con una operación prevista por varios años.
El trasfondo de esta agenda se remonta al derrame de agosto de 2014 en las inmediaciones de Cananea. Una presentación oficial de 2014, atribuida a la conferencia Semarnat–Profepa, documentó un derrame de 40,000 m³ de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, con afectación posterior al río Bacanuchi y al Río Sonora. Un estudio académico en SciELO describió el evento como un desastre socioambiental, con impacto en cuerpos de agua y en municipios de la cuenca.
Incluso la propia empresa, en un comunicado de agosto de 2014, reconoció un volumen aproximado de 40,000 m³ y reportó acciones inmediatas de contención, además de apoyos de agua potable a comunidades ribereñas durante la contingencia. Ese documento resulta relevante porque permite contrastar la narrativa empresarial con los procesos regulatorios y con la persistencia del reclamo social en la región.
A más de una década del derrame, la presión comunitaria no desapareció. En 2023, Associated Press reportó protestas por retrasos en limpieza y reparación, y recordó que el gobierno describió el hecho como uno de los desastres ambientales más graves vinculados a minería metálica en México. Ese contexto explica por qué el anuncio de un plan con obras concretas busca algo más que “atender” el problema: pretende cerrar un expediente que se volvió emblema de desconfianza.
Desde una óptica estrictamente económica, el cierre de la huelga ofrece una ventana para recomponer actividad en un municipio cuya vida gira alrededor de la minería. Cuando un conflicto laboral se prolonga casi dos décadas, el daño rebasa la relación empresa–sindicato. Se resiente el comercio local, se fragmentan trayectorias laborales y se erosiona la expectativa de futuro para jóvenes que miran la mina como principal empleador. Resolverlo no garantiza prosperidad automática, pero sí elimina un freno que ya era estructural.
Para la industria minera, el caso deja una lección incómoda y útil. La licencia social no se negocia una sola vez y no se conserva con inercia. Se renueva con cumplimiento laboral, con seguridad en sitio, con transparencia ambiental y con una relación institucional que responda cuando ocurre un incidente. ¿Qué gana el país con una minería que internaliza estos costos? Gana continuidad operativa, atrae inversión más paciente y reduce la conflictividad que suele encarecer proyectos y dividir comunidades.
Sonora, además, opera en una conversación global donde el cobre se volvió insumo estratégico para electrificación, redes y transición energética. Ese argumento no sirve como excusa cuando existe daño ambiental, pero sí explica por qué el Estado presiona por un equilibrio entre producción y reparación. La señal del plan, si se ejecuta con indicadores públicos y vigilancia independiente, puede elevar el estándar para futuros proyectos y, de paso, evitar que la región vuelva a pagar la factura completa de un accidente.
El reto real empieza con la implementación. Un fondo de 2,222.6 millones suena contundente, pero la credibilidad dependerá de calendarios, contratos, supervisión técnica y resultados medibles en agua y salud. También dependerá de cómo se comunique el avance a las comunidades del río, que no piden sólo infraestructura, sino certidumbre cotidiana: abrir la llave y confiar.
