Qué se sabe del reportaje que vuelve a tensionar el futuro del proyecto Dominga

Un reportaje de investigación publicado por Reportea reveló pagos por más de $250 millones desde Andes Iron al estudio de abogados Lagos, Vargas y Silber durante 2023, en el contexto de la estrategia judicial del proyecto Dominga.

Un nuevo reportaje de investigación publicado por el medio digital Reportea volvió a situar al proyecto minero-portuario Dominga en el centro del debate público, al revelar transferencias por $255,5 millones realizadas durante 2023 por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas y Silber Asesorías Legales Ltda., en un período clave para la estrategia judicial del proyecto.

Según el reportaje, los pagos se efectuaron entre marzo y diciembre de ese año, bajo la glosa de “honorarios por asesoría jurídica según contrato”, en momentos en que el proyecto enfrentaba definiciones relevantes tras el rechazo del Comité de Ministros en enero de 2023.

La investigación periodística plantea interrogantes sobre el rol efectivo de dicho estudio, cuyos integrantes no figuraron como representantes formales de Dominga en las causas judiciales.

Respuesta de Andes Iron: “afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas”

Frente a la publicación, Andes Iron emitió una declaración pública rechazando “de manera categórica y enfática” el contenido del reportaje, que “contiene afirmaciones falsas, inexactas y completamente descontextualizadas, que inducen deliberadamente a interpretaciones erróneas y carentes de todo sustento fáctico”.

La compañía sostuvo que, tras el rechazo administrativo del proyecto en enero de 2023, contrató diversos servicios profesionales, legales, comunicacionales y ambientales, con el objetivo de evaluar escenarios jurídicos y administrativos. En ese marco, indicó que el contrato suscrito con el estudio jurídico, vigente entre marzo y diciembre de 2023, tuvo como único objeto la elaboración de análisis jurídicos y evaluaciones de contexto legal, descartando cualquier labor de representación judicial, lobby o influencias indebidas.

Andes Iron agregó que el contrato se celebró cumpliendo estrictamente su Modelo de Prevención de Delitos y la Ley N°20.393, y que durante su vigencia recibió diez informes mensuales, los que aseguró acompañar íntegramente junto al contrato como parte de un ejercicio de transparencia.

Asimismo, la empresa afirmó que durante el período en que se prestaron dichas asesorías no se dictó ninguna resolución judicial favorable al proyecto, señalando que los fallos relevantes ocurrieron con posterioridad al término del contrato. Finalmente, la compañía cuestionó que el medio no se haya contactado efectivamente con sus canales institucionales y anunció que se reserva el ejercicio de acciones legales para resguardar su reputación.

Reacciones de organizaciones: “Es malo para la reputación del país”

La publicación del reportaje generó reacciones inmediatas de organizaciones sociales, ambientales y productivas del territorio, particularmente en el Archipiélago de Humboldt.

Desde Greenpeace Chile, la abogada y experta en incidencia Roxana Núñez afirmó que la revelación “golpea fuerte, aunque no sorprende”, señalando que Dominga ha estado históricamente vinculado a distintos casos de controversia pública. A su juicio, este nuevo antecedente vuelve a poner en duda la legitimidad del avance del proyecto, tanto desde una perspectiva ambiental como institucional: «Dominga sólo nos sigue mostrando lo evidente: es un proyecto nefasto para nuestro país y, por esa razón, sólo estaría logrando avanzar a punta de tráfico de influencias y corrupción”, sostuvo.

Rodrigo Flores, pescador artesanal y presidente del Consejo Consultivo de la Reserva Nacional Archipiélago de Humboldt, sostuvo que “con este nuevo antecedente queda demostrado que el dinero lo puede todo”, reafirmando la oposición histórica del sector pesquero artesanal al proyecto. “Aquí existen más de 1.500 empleos directos de pesca artesanal, y no queremos que se transforme en una zona de sacrificio”, afirmó.

En la misma línea, Marcelo Villalobos, presidente de la Corporación de Turismo Sustentable de La Higuera, señaló que el proyecto “pone en riesgo el trabajo y sustento de quienes viven del turismo”, calificando a Dominga como “un proyecto falso de principio a fin” y rechazando su instalación en la zona.

Desde la Alianza Humboldt Coquimbo Atacama, su vocera Nancy Duman afirmó que es “indignante que un lugar único en el mundo esté en riesgo”, cuestionando los eventuales conflictos de interés y reiterando que el proyecto sería incompatible con el ecosistema del archipiélago.

Por su parte, Tania Rheinen, subdirectora ejecutiva de Oceana Chile, sostuvo que resulta “sintomático” que Dominga vuelva a vincularse con casos de esta naturaleza, señalando que la información conocida refuerza los cuestionamientos éticos que han acompañado al proyecto en los últimos años: «Es malo para la reputación del país que Dominga siga adelante, pese a todos los cuestionamientos éticos y sumado al enorme daño que la ciencia ya ha advertido generará en el Archipiélago de Humboldt”, concluyó.

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