Tres entidades clave a cargo de ejecutar la cartera minera (US$ 64 mil millones) recibieron presupuesto menor a S/ 90 millones este año, y el presupuesto para la reducción de la minería ilegal es de S/ 126 millones este año.
La asignación de presupuestos en el sector minero, a nivel público, es la distribución de recursos financieros a entidades encargadas de determinadas funciones impulsan el desarrollo de la minería formal en el país.
Sacar adelante la cartera minera de US$ 64 mil millones es uno de los objetivos del sector. No obstante, un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), reveló que, tres instituciones clave en la ejecución de dicha cartera recibieron un presupuesto total menor a S/ 90 millones este año.
¿Cuál es el presupuesto destinado al Senace, la ANA y la OGGS del MINEM?
En entrevista exclusiva con Rumbo Minero, Paola Herrera Gaspar, economista senior del IPE, enfatizó que no se ha dado una priorización al presupuesto destinado al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), la Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
«En el caso del Senace, el presupuesto pasó de crecer 21,3 % al año durante los cinco años anteriores a la pandemia (2015-2019), a crecer solo 2,7 % en los cinco años posteriores (2020-2024), pese a que tuvo una mayor carga de responsabilidad en los últimos años», detalló. Este año, el presupuesto del Senace sumó S/ 57 millones, mientras que para el próximo se estima una caída de 7,1 %, alcanzando los S/ 53 millones.
Asimismo, en los últimos cinco años la OGGS del MINEM ha recibido, en promedio, en los últimos cinco años menos de S/ 12 millones en términos reales. Además, reportó una contracción de 17,2 % anual en los últimos tres años, y en 2025 el monto asignado fue 44% menor en términos reales que el de hace cinco años.
Por su parte, la ANA ha presentado un presupuesto variable en los últimos años, con una previsión hacia el 2026 de alcanzar los S/ 27 millones. «La ANA es una de las entidades que más demoras genera cuando requiere dar sus opiniones técnicas para la aprobación de algún estudio ambiental, muchas veces se ha comentado la posibilidad de que incluso este tipo de funciones nuevamente las asuma el SENACE», comentó la economista.
La especialista del IPE concluye que, «lo importante es tener alineado el presupuesto a la participación o al porcentaje de participación que tienen estas entidades clave para poder destrabar un proyecto minero».
¿A cuánto asciende el presupuesto para la reducción de la minería ilegal?
Entre 2020 y 2024, el presupuesto para la reducción de la minería ilegal se mantuvo en promedio en torno a S/ 84 millones en términos reales, 32 % menos que en 2019, lo que redujo la capacidad de sostener operaciones de interdicción, según estudio del IPE.
En 2025, el presupuesto ascendió a S/ 126 millones (similar al 2019), y para el 2016 la Ley de Presupuesto Público contempla S/ 178 millones, 41 % más que este año.
Para la economista del IPE, Paola Herrera, el incremento en la asignación de este presupuesto refleja el accionar reactivo del Estado frente al aumento de la minería ilegan en el país, en zonas como Pataz (La Libertad).
En este sentido, identificó cuatro pilares clave para enfrentar esta actividad ilegal: la interdicción, la formalización minera, el trabajo transfronterizo a través de toda la cadena de valor (acciones preventivas y de inteligencia) y el descubrimiento de nuevas alternativas de producción.
«Por el lado de la formalización, aplicar un verdadero proceso de formalización más alineado a los tipos de minería también que hay en diferentes zonas, reconociendo también que minería en ríos es totalmente imposible. Eso sí está prohibido por ley y también se prohíbe en otros países, a menos que sea netamente artesanal, sin el uso de dragas», detalló.
Respecto a las nuevas alternativas de producción, precisó que, el Estado debe garantizar unos mejores servicios para las regiones afectadas por la minería ilegal, para que puedan tener educación y salud de calidad, además de otro tipo de sectores o actividades productivas que no tengan relación con esta actividad ilegal.
