De acuerdo con la estimación de CAPECO, el sector construcción habría crecido 4.9% en los primeros ocho meses del año 2025, gracias al aumento de 4.7% en el consumo de cemento y de 5.4% en el avance de obra pública. Este es un resultado mejor que el esperado, lo que ha motivado que el Banco Central de Reserva eleve de 3.8% a 4.3% su proyección de crecimiento sectorial para el 2025, coincidiendo con la estimación del MEF y con el promedio de estimados de consultoras privadas.
La inversión privada ha experimentado un fuerte dinamismo entre enero y agosto, por lo que el instituto emisor ha incrementado de 5.0% a 6.5% su estimado para el crecimiento de este indicador al cierre del presente año. Este mejor resultado se atribuye sobre todo al dinamismo mostrado por el mercado inmobiliario residencial, las APPs, los proyectos de Obras por Impuestos y la inversión en minería. Sin embargo, ya se aprecian algunas señales de que estos rubros experimentarán una ralentización de sus tasas de crecimiento en lo que queda del 2025. Para el próximo año, la inversión privada tendrá un resultado positivo, pero no superaría el 4.0%, de acuerdo con el MEF.
Por su parte, la obra pública también crecerá en el presente año: 4.5% según el MEF, 6.5% calcula el BCR coincidiendo con el promedio de las proyecciones de consultoras privadas. Siendo un buen resultado, resulta mucho menor que el alcanzado en el 2024 (+14.7%), lo que pondría de manifiesto las limitaciones que presenta el aparato estatal para asegurar una ejecución eficiente y sostenible de los recursos destinados a proyectos y obras. Para el 2026, el BCR y el MEF esperan un aumento de apenas 1.0% en la inversión estatal, confirmando la incidencia de factores estructurales en la gestión de infraestructuras pública, desde la contratación de expedientes hasta las acciones de operación y mantenimiento. En reiteradas ocasiones, CAPECO ha planteado la necesidad de una reforma profunda e integral de este modelo de gestión.
Además de estos factores estructurales, también hay condiciones coyunturales que impiden una mejor performance de la construcción y de la inversión. La incertidumbre política que el país vive desde hace varios años puede exacerbarse ante la inminencia de la próxima campaña electoral presidencial, en particular por la dispersión de candidaturas, la polarización política, la disminución del respaldo al sistema democrático, la infiltración de las economías criminales en las instituciones públicas y la propensión a tomar medidas populistas como la proliferación de nuevas universidades, la “solución” al conflicto generado por las protestas sobre el servicio de transporte a Machu Picchu o el octavo retiro de los fondos de las AFPs.
Hay, sin embargo, algunas iniciativas gubernamentales positivas para la promoción de la inversión y de la actividad constructora que merecen ponerse de relieve. En primer lugar, el cambio en la visión de la Contraloría General de la República respecto a su función de fiscalizar el uso de fondos y bienes públicos, dejando de lado el énfasis por el “control concurrente” sustituyéndolo por el “control preventivo”, pasando de una acción puramente punitiva a una propositiva, buscando solucionar (o mejor, evitar) problemas en lugar de sólo señalarlos.
En segundo término, cabe mencionar como positiva la reciente aprobación de la nueva Ley de Asociaciones Público – Privadas y de Proyectos en Activos, que busca fortalecer la gestión de Proinversión y promover la inversión privada para reducir más eficientemente las brechas de infraestructura. El paso de José Salardi por Proinversión puso en evidencia la capacidad que tiene esta entidad para impulsar proyectos de APPs y Obras por Impuestos, beneficiando la mejor ejecución y operación de proyectos y reduciendo la presión por utilizar recursos fiscales, hoy más escasos que antes, para financiarla.
En tercer lugar, también se ha demostrado la pertinencia de la ejecución de obras estatales a través de Proyectos Especiales de Inversión Pública, como es el caso del programa de Escuelas Bicentenario que vamos a conocer en esta sesión del IEC CAPECO. Esta modalidad ha permitido la utilización de instrumentos innovadores para nuestro país como las oficinas de administración de proyectos (PMO); la ejecución simultánea de expedientes y obras (fast track); la introducción de Juntas de Resolución de Disputas (dispute boards) como medio de solución de controversias alternativo al arbitraje; el empleo de contratos estandarizados para ejecución de obras (NEC contracts); la adjudicación de proyectos buscando la eficiencia de las infraestructuras en todo su ciclo de vida (value for money); o el control integral de proyectos, obras e infraestructuras a través de metodologías de modelamiento digital (tecnología BIM). La incorporación progresiva de estos instrumentos en la normativa de contratación pública favorecerá sensiblemente la mejora de la gestión de infraestructuras públicas.
Por último, también es relevante que el Ministerio de Economía haya retomado su iniciativa para llevar adelante un “shock desregulatorio”, que buscaba eliminar trabas burocráticas irracionales o ilegales que retrasan las inversiones, tanto públicas como privadas. El titular del MEF ha anunciado que más de la mitad de las medidas ya fueron culminadas y que el resto se encuentran en proceso de implementación.
En conclusión, la construcción y la inversión van a crecer este año y el próximo, pero lo harán a un ritmo insuficiente para reducir los niveles de pobreza, generar empleo formal, mejorar la competitividad del aparato productivo nacional y reducir la desigualdad en los niveles de desarrollo de las diferentes regiones del Perú. Para alcanzar estos objetivos se necesita un acuerdo nacional de largo plazo para promover la inversión privada, modernizar el aparato estatal, optimizar las políticas públicas de desarrollo social, reducir la incidencia de la actividad criminal y reformar el régimen de descentralización.
