Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha nublado el panorama de la minería mexicana, al validar un par de puntos de la Ley Minera reformada en 2023, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El Pleno de la Corte, con una mayoría de siete votos contra dos, revocó dos amparos clave y validó la constitucionalidad del artículo quinto transitorio de la ley, que afecta de manera directa tanto los terrenos libres como el futuro de las concesiones mineras.
La decisión judicial ordena desechar sin trámite todas las solicitudes pendientes de nuevas concesiones de exploración y explotación minera. En la práctica, esta medida da el golpe final al concepto de “terreno libre”, un pilar del modelo minero anterior que permitía a particulares solicitar concesiones sobre áreas no asignadas.
Ahora, se ratifica que las nuevas concesiones sólo podrán otorgarse mediante licitación pública, poniendo en primer plano la rectoría del Estado sobre los recursos estratégicos, tal como lo impulsó la reforma. Este punto es crucial, pues frena de tajo cualquier intento de obtener derechos mineros bajo el régimen anterior.
Los amparos revocados, promovidos por un particular (Amparo en Revisión 123/2025) y la exdiputada panista Rosa Isela de la Rocha Nevárez (Amparo en Revisión 583/2024), argumentaban principalmente retroactividad perjudicial y vicios de proceso en el llamado “Viernes Negro” de abril de 2023.
No obstante, la SCJN desechó estos argumentos. La Corte determinó que las solicitudes en trámite no representaban un derecho adquirido que garantizara la concesión automática, por lo que la reforma no es retroactiva en perjuicio. Además, señaló que los particulares no tienen facultad para reclamar violaciones al principio de deliberación democrática en el proceso legislativo.
La propuesta de fondo provino de la ministra Lenia Batres Guadarrama, y fue respaldada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y ministras como Estela Ríos, quienes proclamaron la soberanía nacional sobre los minerales.
Este fallo se convierte en la primera revisión de alto impacto de la nueva integración de la SCJN a una reforma emblemática del gobierno de AMLO, cerrando la puerta a numerosas impugnaciones que buscaban revivir el modelo de concesiones anterior.
