La entrega de 37 títulos a pequeños mineros en Boyacá -en Colombia- (22 firmados el 14 de agosto de 2025 y 15 el pasado 7 de agosto) marca un antes y un después en la historia del departamento: la Agencia Nacional de Minería (ANM) consolidó así un proceso que ha tardado años en gestarse y que, para muchos mineros, representaría la salida definitiva de la informalidad.
Por décadas, cientos de familias en municipios como Ráquira, Sativanorte, Samacá, Jericó, Socha, Sativasur, Socotá y Paz de Río vivieron de la extracción de carbón metalúrgico, pero sin un respaldo jurídico que garantizara su derecho a explotar el recurso.
La ausencia de títulos legales les impedía acceder a financiamiento, implementar estándares técnicos y cumplir plenamente con exigencias ambientales y de seguridad. La situación, sumada a tensiones por el uso del suelo y conflictos con grandes concesionarios, llevó a que en 2024 se desatara un paro minero en la región.
La mesa de diálogo instalada entonces entre el Gobierno de Colombia, la ANM, la Gobernación de Boyacá y representantes mineros permitió construir una ruta de formalización. El primer paso se dio el 19 de septiembre de 2024, con la firma de 22 contratos de concesión minera.
El carbón metalúrgico: un mineral estratégico
A diferencia del carbón térmico usado para generación eléctrica, el carbón metalúrgico es esencial en la producción de acero, lo que lo convierte en un insumo crítico para la reindustrialización, el desarrollo de infraestructura y proyectos de transición energética como la fabricación de turbinas eólicas, redes eléctricas y maquinaria para energías renovables.
En la lista de la ANM, este recurso figura entre los 17 minerales estratégicos del país, lo que explica la importancia de garantizar su extracción en condiciones de legalidad, seguridad y sostenibilidad.
Minería con propósito: de la teoría a la práctica
Los nuevos contratos incorporan requisitos diferenciales, un mecanismo que adapta las obligaciones legales a las capacidades reales de los pequeños mineros. Esto significa, por ejemplo, plazos ajustados para cumplir normas técnicas, asesoría permanente y acompañamiento institucional para alcanzar estándares ambientales y de seguridad.
Según Lina Franco, presidente de la Agencia Nacional de Minería, este modelo “pone en el centro a las comunidades y resuelve conflictos históricos de titulación”, a la vez que integra a los mineros en la hoja de ruta hacia una transición energética ordenada.
Así las cosas, la formalización beneficia de manera directa a más de 1.000 personas e impacta indirectamente a otras 5.000, entre empleos generados y dinamización de la economía en las zonas mineras. También fortalece el tejido social, al permitir que familias y cooperativas mineras operen con certeza jurídica, mejoren sus condiciones laborales y tengan acceso a mercados formales.
El proceso ha contado con el apoyo de Acerías Paz del Río S.A.S., que ve en esta alianza una oportunidad para garantizar suministro nacional de materia prima y reducir la dependencia de importaciones.
Con este avance, Boyacá busca posicionarse como un modelo de minería responsable. Ante esto, la Agencia Nacional de Minería aseguró que replicará esta experiencia en otros departamentos, con el objetivo de que “la minería con propósito” deje de ser un concepto aspiracional y se convierta en una realidad.
“Este es el inicio de una nueva etapa para la minería de pequeña escala en Boyacá. Ahora el reto es sostener la legalidad y avanzar hacia la plena sostenibilidad de la actividad”, concluyó Lina Franco.
