A inicios del año, se anunció el envío de las leyes secundarias de la reforma energética al Congreso. Con esta medida, el gobierno busca devolver al Estado el control del sector, fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y garantizar la soberanía energética del país. Este giro en la política energética representa un punto de inflexión que podría redefinir el desarrollo del sector en las próximas décadas.
Un cambio de modelo
Desde la reforma de 2013, el sector privado había tenido una participación creciente en la generación eléctrica y la exploración de hidrocarburos. No obstante, el actual gobierno ha argumentado que esta apertura ha generado dependencia del sector privado, menor inversión en infraestructura estatal y aumento en los costos de generación. Enlight, empresa mexicana especializada en soluciones energéticas renovables, resalta que la nueva Ley del Sector Eléctrico (LESE) abre oportunidades clave para la generación privada, impulsando modelos como la generación distribuida (GD) con la ampliación de su umbral y fortaleciendo el autoconsumo.
Estos cambios fomentan el desarrollo de microrredes y sistemas de almacenamiento, elementos estratégicos para la modernización del sistema eléctrico. Más allá de la participación estatal, la reforma representa una oportunidad para diversificar la matriz energética, promover la innovación tecnológica y detonar el desarrollo económico mediante una mayor competitividad y sostenibilidad en el sector.
Los cambios legislativos propuestos crean la Comisión Nacional de Energía (CNE), un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER) que asumirá las funciones de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). En materia eléctrica, la CNE será responsable de emitir permisos, establecer tarifas y administrar los Certificados de Energía Limpia (CEL), siempre bajo la opinión de la SENER. Se espera que esta centralización de funciones fortalezca la rectoría del Estado en el sector energético, con el objetivo de mejorar la regulación y agilizar los procesos administrativos. En teoría, este cambio podría contribuir a un marco normativo más claro y coordinado, lo que favorecería la inversión en infraestructura eléctrica y energías renovables.
El reto de la transición energética
Al presentar el Plan Nacional de Energía, se comprometió a impulsar las energías limpias, estableciendo como objetivo que para 2030 el 45% de la electricidad del país provenga de fuentes renovables. Para lograrlo, las leyes secundarias contemplan una inversión de 23,400 millones de pesos en proyectos de electrificación rural, modernización de redes y construcción de plantas de energía renovable en comunidades marginadas
Aidana Velázquez, Gerente de Relaciones Institucionales de Enlight, destacó que “la transición energética en México debe garantizar un entorno propicio para la participación del sector privado, de manera que la inversión en energías renovables pueda crecer de manera acelerada”.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, el desafío es significativo. Según el informe «Financiando la Transición Energética» del World Economic Forum, la inversión global en energía limpia debe aumentar a $4.5 billones de dólares anuales para 2030, y México necesita cuadruplicar su participación en este esfuerzo.
Competitividad y desarrollo tecnológico
Uno de los ajustes contemplados en la LESE es la modificación de los límites de capacidad para la generación distribuida, que pasarían de 0.5 a 0.7 megawatts, y para el autoconsumo aislado, que se establecería entre 0.7 y 20 megawatts. Estos cambios podrían abrir nuevas posibilidades para los participantes privados, al brindarles mayor flexibilidad en el uso de la energía y permitirles gestionar su consumo de manera más eficiente. Este esquema podría contribuir a reducir la demanda sobre la red eléctrica, aunque su impacto dependerá de la implementación y del equilibrio que se logre entre la rectoría estatal y la participación del sector privado.
En este contexto, el almacenamiento de energía ha sido señalado como un elemento relevante dentro de la nueva legislación, ya que podría fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y mejorar el aprovechamiento de fuentes renovables. Además, la reforma plantea un impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector eléctrico, con la intención de favorecer la adopción de tecnologías bajas en carbono y promover la implementación de microrredes. El éxito de estas medidas dependerá de diversos factores, como la inversión que se logre atraer y la capacidad de ejecución de los proyectos en el mediano y largo plazo.
El desafío de consolidar un sistema energético competitivo
La reforma plantea que el Estado conservará su prevalencia en el sector eléctrico para asegurar el suministro a los usuarios y condiciones equitativas para los competidores, manteniendo el compromiso de que las tarifas no aumenten por encima de la inflación. No obstante, la centralización del sector podría influir en la dinámica de competencia y en el ritmo de modernización de la infraestructura eléctrica, con posibles implicaciones para la confiabilidad del suministro y la atracción de inversión extranjera.
Aidana Velázquez concluyó que “la correcta implementación de la reforma energética y sus leyes secundarias dependerá en gran medida de los ajustes normativos que se realicen a través de manuales, reglamentos y disposiciones, pues estos definirán los ‘cómos’ y permitirán evaluar los impactos esperados en el logro de los objetivos planteados. En este sentido, será clave que el nuevo marco regulatorio brinde claridad y eficiencia operativa, alineándose con la visión expuesta en las distintas presentaciones gubernamentales, donde se ha reiterado la importancia de consolidar un sistema energético fortalecido, equilibrado y sostenible para el desarrollo del país”.
