La reciente publicación sobre las áreas de reserva temporal en Santander por parte del Ministerio de Ambiente de Colombia ha generado preocupación entre las empresas, gremios y demás actores del sector de la minería en el país.
Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esta decisión excluye las actividades mineras sin un proceso de participación ciudadana, sin el debido rigor técnico y va en contravía de las directrices emitidas por el Consejo de Estado en materia minera.
Para la Asociación, el Gobierno Nacional no ha vinculado a las CAR ni a las comunidades locales, desconociendo la autonomía territorial.
“En Santander, la minería es una fuente de subsistencia profundamente arraigada en la tradición del territorio”, precisó la entidad.
Ante este panorama, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, expresó que “esta decisión arbitraria afectará gravemente a las familias santandereanas que dependen de la minería. No se puede tomar una medida de esta magnitud sin estudios técnicos que la justifiquen, sin un proceso de concertación y diálogo previo, libre e informado con las comunidades y las autoridades locales”.
El proyecto publicado por el Ministerio de Ambiente genera una alta incertidumbre jurídica y económica para el sector, puesto que prohíbe el desarrollo de nuevas actividades mineras, así como la expedición de licencias y permisos a proyectos en curso.
Nariño asegura que “es inconcebible que el Ministerio diga que el proyecto de resolución se sustenta en el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables y no cumpla ninguno de los requisitos establecidos dentro del mismo, el cual respeta los derechos adquiridos y no se refiere a recursos minerales, ni excluye su aprovechamiento. Aspectos que sorpresivamente no tiene en cuenta el proyecto de resolución”.
Para el líder de la ACM resulta preocupante que el Gobierno tome esta decisión sin culminar el proceso de delimitación del páramo de Santurbán, bajo las garantías establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-361/17.
“Por estas razones solicitamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que informe a la ciudadanía, con carácter prioritario, el cronograma detallado del plan de participación ciudadana y concertación con las comunidades, que se desarrollará como parte esencial del proceso previo a la expedición de la resolución”, manifestó Nariño.
Pues, de acuerdo con el presidente gremial, de ninguna manera puede entenderse que la publicación por 20 días calendario, constituye un proceso participativo suficiente.
“Esperamos que una medida de esta magnitud, que incorpora decisiones trascendentales en relación con el medio ambiente, compromete derechos fundamentales, impacta significativamente el desarrollo económico del departamento, influye en los usos del suelo, afecta la actividad minera y altera directamente los planes de vida de los habitantes de la región, no avance sin garantizar una participación y concertación previa, adecuada, informada y verdaderamente efectiva, de acuerdo a los criterios de la Corte Constitucional”, indicó Juan Camilo Nariño.
Se prevé que la medida afecte en la provincia de Soto Norte a 35.000 personas que dependen directa o indirectamente de la minería, en municipios como: Suratá, Matanza, Vetas, California, Charta, Tona y Bucaramanga, según cifras oficiales.
Cabe recordar que la provincia de Soto Norte abarca más de 119.000 hectáreas, de las cuales 41.000 ya están delimitadas y 75.357 serán parte de la nueva zona de reserva temporal. Esto equivale a dos veces el área de la zona urbana de Bogotá.
Vale la pena destacar que la resolución llega en un momento crítico para la economía país. “Estamos hablando de una actividad que aporta más de 20 billones de pesos a la economía nacional en regalías, renta y contribuciones”, recordó Nariño.
Añadió que “cuando el país más necesita estos recursos, la decisión del Ministerio castiga injustamente a miles de familias y territorios que dependen de la minería”.
La ACM puso sobre la mesa que este es un precedente que debe poner en alerta a todos en Colombia, pues esta resolución “podría ser la primera de muchas que se tomen de manera indiscriminada en diferentes regiones del país o incluso en otros sectores, con consecuencias económicas y sociales irreversibles”.
