Día: 2 de junio de 2026

Nexa Resources informó la reanudación gradual de las operaciones en su complejo metalúrgico de Cajamarquilla, en Lima, luego del incendio registrado el pasado 13 de mayo. La compañía también estimó por primera vez el impacto del incidente, al proyectar una reducción de aproximadamente 7,000 toneladas en su producción de zinc refinado durante el segundo trimestre de 2026.

La empresa de capitales brasileños precisó que ya se ha reactivado parte de los procesos de refinación y una de las líneas de producción, mientras continúa el restablecimiento progresivo del resto de las instalaciones, proceso que se extendería hasta mediados de junio.

Con esta actualización, Nexa responde a una de las principales incógnitas tras el siniestro: el efecto real sobre la producción de uno de los complejos metalúrgicos de zinc más importantes de la región.

Las 7,000 toneladas de zinc refinado que la compañía estima dejar de producir representan poco más del 8% de las 85,000 toneladas registradas por Cajamarquilla entre enero y marzo de este año. En ese periodo, la operación incluso mostró un crecimiento interanual de 4%, pese a una parada programada de mantenimiento.

El incendio ocurrió el 13 de mayo en la refinería de zinc de Cajamarquilla. En ese momento, Nexa informó que cuatro personas resultaron afectadas y recibieron atención médica, mientras que las causas del incidente quedaron sujetas a investigación por parte de la empresa.

Tras controlar la emergencia, la compañía inició la evaluación de daños y la implementación de medidas para restablecer la operación. Aunque aún no había precisado el impacto productivo, ahora señala que espera recuperar progresivamente la capacidad operativa y que parte de la producción afectada podría compensarse en la segunda mitad del año.

Cajamarquilla es uno de los activos industriales más relevantes de Nexa Resources y uno de los mayores complejos de procesamiento de zinc de América Latina. Por ello, cualquier interrupción en sus operaciones tiene impacto en el mercado, especialmente en un contexto de alta demanda de metales para sectores como infraestructura, energía y manufactura. La empresa mantiene sus previsiones comerciales para 2026, aunque reconoce que el efecto del incidente será inevitable en el resultado del segundo trimestre.

El fortalecimiento de la relación con las comunidades y la reducción de la complejidad de los permisos estatales son dos de los principales desafíos que tiene el Perú para recuperar dinamismo en la exploración minera. Así lo afirmó el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Juan Carlos Ortiz.

Durante su participación en el Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, Ortiz sostuvo que, si bien el Perú mantiene ventajas competitivas como su riqueza geológica, talento profesional y tradición minera, existen factores que han ralentizado el avance de nuevos proyectos exploratorios.

“Los principales factores que han frenado el desarrollo de las exploraciones mineras en el Perú están relacionados con aspectos sociales y con la complejidad de los permisos”, señaló en el evento organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

En ese sentido, destacó que la construcción de confianza con las comunidades debe iniciarse desde las primeras etapas de los proyectos, como una condición fundamental para generar consensos y viabilizar inversiones de largo plazo.

Como ejemplo, Ortiz mencionó el avance registrado por el proyecto cuprífero Tía María en Arequipa, el cual indicó ha logrado retomar impulso gracias a un trabajo sostenido de relacionamiento y acercamiento con la población de su área de influencia.

El panel en el que participó el presidente del IIMP reunió además a destacados especialistas internacionales como Joe Mazumdar, editor y analista de Exploration Insights; Jonas Mota-e-Silva, presidente del Comité de Exploraciones de la SNMPE y gerente de Exploraciones de Río Tinto; y Michael Di Rienzo, presidente y CEO de Silver Institute. El panel fue moderado por Sebastián Benavides, Discovery Manager Andes de Anglo American.

La construcción de marcos de gobernanza que fomenten la inversión sostenible en las zonas donde se desarrolla la actividad minera representa uno de los principales desafíos que enfrenta América Latina. En ese contexto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) viene trabajando en coordinación con gobiernos y autoridades de la región para fortalecer las condiciones que permitan aprovechar de mejor manera esta oportunidad.

La representante del Grupo BID en Perú, Matilde Bordón, señaló que estos retos son estructurales y determinantes para el futuro del sector. “Estos no son desafíos menores, son condiciones estructurales que definirán si aprovechamos esta oportunidad o si la desperdiciamos”, afirmó en una reciente publicación especializada.

En esa línea, el organismo multilateral presentó la estrategia BID Lab Minerals, una iniciativa orientada a posicionar a América Latina y el Caribe dentro de la economía global de minerales críticos, en un contexto de creciente demanda internacional vinculada a la transición energética y tecnológica.

Según Bordón, el esquema propuesto busca articular a los países de la región, que aportan la oferta de minerales, con socios globales que contribuyen con demanda de largo plazo, financiamiento, tecnología avanzada y capital. El BID cumple, en ese sentido, un rol de articulador entre ambas partes, promoviendo además marcos regulatorios adecuados y facilitando la inversión en infraestructura, procesamiento y cadenas de valor.

La ejecutiva destacó que América Latina concentra alrededor del 30% del suministro mundial de minerales y genera cerca de 180,000 millones de dólares en exportaciones anuales de metales. Sin embargo, advirtió que la mayor parte de estos envíos corresponde a materias primas sin procesamiento, lo que limita la generación de valor agregado en la región.

El BID también alertó que la minería en América Latina está asociada a una alta incidencia de conflictos sociales, especialmente cuando la gobernanza es percibida como débil. En esos casos, explicó Bordón, aumenta la probabilidad de retrasos, interrupciones y tensiones en el desarrollo de proyectos mineros.

En el caso de los minerales críticos, la región posee una posición estratégica a nivel global, al concentrar cerca de la mitad de las reservas de litio, alrededor del 25% de las reservas de cobre y más del 20% de las tierras raras. No obstante, la funcionaria precisó que la abundancia de recursos no garantiza por sí sola mayores niveles de producción ni desarrollo industrial.

Para países como Perú, la estrategia BID Lab Minerals representa una oportunidad para fortalecer su posición en el mercado global de minerales. Esto implica mejorar la gobernanza en los territorios donde se ubican estos recursos, impulsar infraestructura adecuada bajo marcos ambientales sólidos y promover mecanismos de diálogo que integren a las comunidades locales.

Finalmente, Bordón subrayó la importancia de avanzar hacia una agenda integral que incluya el fortalecimiento de marcos fiscales, una mejor gobernanza ambiental e integración regional. El objetivo, afirmó, es desarrollar cadenas de valor más complejas que permitan no solo la extracción, sino también la transformación y comercialización de minerales con mayor valor agregado.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), concretó la transferencia de un terreno estatal que permitirá continuar con la ejecución de la represa de Iruro, una importante obra de infraestructura hídrica ubicada en la región Ayacucho.

Mediante la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, se realizó la primera inscripción de dominio por leyes especiales, en mérito al Decreto Legislativo N.° 1192, sobre un área ubicada en el distrito y provincia de Lucanas.

El predio fue transferido a favor del Programa Subsectorial de Irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), como parte del proyecto “Acarí-Bella Unión II Etapa de Construcción de la Represa de Iruro”, considerado estratégico para mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico y fortalecer el desarrollo agrario en el sur del país.

La entrega del terreno permitirá agilizar la ejecución de esta emblemática infraestructura, contribuyendo a garantizar mayor disponibilidad de agua para actividades agrícolas y beneficiando directamente a productores y familias de la zona.

“El Gobierno trabaja de manera articulada para destrabar proyectos que son fundamentales para el desarrollo de las regiones. Desde el sector, seguimos poniendo los bienes del Estado al servicio de obras que generan bienestar, impulsan la agricultura y fortalecen la seguridad hídrica del país”, destacaron desde el Ministerio de Vivienda.

El saneamiento físico legal del predio fue posible gracias al trabajo articulado entre las entidades involucradas y al sustento técnico presentado por el titular del proyecto, lo que permitió optimizar plazos y dar continuidad a la inversión pública.

Tras la emisión de la resolución correspondiente, la Oficina Registral de Nasca, de la Zona Registral N.° XI-Sede Ica de la SUNARP, realizará la inscripción definitiva del terreno, consolidando la seguridad jurídica necesaria para la ejecución de la obra.

Con estas acciones, el Ministerio de Vivienda, a través de la SBN, reafirma su compromiso de poner los bienes estatales al servicio del desarrollo del país, facilitando proyectos de infraestructura que impulsan la economía, fortalecen la agricultura y mejoran la calidad de vida de la población.

El Gremio de Construcción e Ingeniería de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación por los efectos que estaría generando la aplicación de disposiciones relacionadas con la determinación de la Capacidad Máxima de Contratación (CMC) por parte del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas y su reglamentación.

Según el gremio, diversas empresas constructoras estarían registrando reducciones significativas en su capacidad de contratación, lo que podría limitar su participación en procesos de selección para la ejecución de proyectos de infraestructura de mediana y gran envergadura. Esta situación afectaría, según señalaron, a compañías formales con experiencia, solvencia técnica y trayectoria en obras públicas.

La CCL sostuvo que cualquier modificación regulatoria en materia de contrataciones públicas debe respetar principios como la seguridad jurídica, la predictibilidad, la razonabilidad y la no retroactividad. En ese sentido, advirtió que las reglas del sistema deben fomentar la competencia y la participación de un mayor número de empresas, y no restringirla de forma injustificada.

Asimismo, el gremio alertó que una reducción generalizada de la capacidad de contratación podría generar impactos negativos en el mercado, como menor competencia en los procesos públicos, concentración en pocas empresas, incremento de costos, retrasos en la ejecución de obras y una menor capacidad del Estado para cerrar brechas en sectores como transporte, saneamiento, salud, educación y conectividad.

Finalmente, el gremio exhortó al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), al Registro Nacional de Proveedores y a las autoridades competentes a revisar de manera urgente esta situación y promover espacios de diálogo técnico. Además, reafirmó su disposición a colaborar en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la transparencia, la eficiencia y la competitividad en las contrataciones públicas, en beneficio del desarrollo de infraestructura en el país.