Elecciones colombianas 2026: minería de cobre en juego ante incertidumbre regulatoria

La primera vuelta presidencial del 31 de mayo definirá la continuidad o giro de la agenda minera colombiana. Inversionistas aguardan certeza en seguridad, regulación y estabilidad fiscal para proyectos cupríferos como Quebradona, Alacrán y Mocoa.

Las elecciones presidenciales de Colombia, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo de 2026, podrían marcar un punto de inflexión para una de las fronteras cupríferas menos exploradas de América Latina. El resultado no solo definirá la continuidad o el giro del actual ciclo político, sino también la capacidad del país para atraer miles de millones de dólares en inversión minera en medio de crecientes dudas sobre regulación, seguridad y estabilidad fiscal.

La contienda se ha instalado como un referéndum sobre el legado del presidente Gustavo Petro, luego de cuatro años marcados por reformas ambientales, mayores cargas tributarias y un deterioro de las condiciones de seguridad que ha inquietado a inversionistas de los sectores minero y energético. En la carrera destacan el senador Iván Cepeda, alineado con el Pacto Histórico y partidario de dar continuidad a la agenda actual, junto con figuras opositoras como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes han planteado un discurso centrado en recuperar la confianza empresarial, fortalecer la seguridad y reactivar la inversión privada. Diversos sondeos recientes muestran a Cepeda liderando la intención de voto, aunque el escenario apunta a una probable segunda vuelta.

Minería y cobre, en el centro de la incertidumbre

Para la industria minera, el resultado electoral será determinante. Colombia ha buscado posicionarse como un actor emergente en minerales críticos, en particular cobre, en un contexto global marcado por la electrificación, el desarrollo de energías renovables y la necesidad de nuevas fuentes de suministro. El país ha impulsado licitaciones sobre regiones estratégicas con potencial cuprífero y ha actualizado su listado de minerales prioritarios.

Sin embargo, los inversionistas mantienen cautela debido a cambios regulatorios, restricciones ambientales, mayores impuestos y dudas sobre los plazos de permisos y concesiones. Desde la perspectiva del capital minero, el desafío no se limita a quién gane la elección, sino a la capacidad del próximo gobierno para construir gobernabilidad y entregar estabilidad normativa. En proyectos de cobre, donde las decisiones de inversión se toman con horizontes de varias décadas, la incertidumbre sobre permisos, seguridad jurídica y fiscalidad puede frenar el avance de iniciativas clave.

Proyectos con potencial estratégico

Colombia cuenta con una cartera de proyectos cupríferos que podría cambiar su posición como productor marginal frente a Chile y Perú en los próximos años. Entre ellos figuran Quebradona, de AngloGold Ashanti; Alacrán, de Cordoba Minerals; y Mocoa, de Libero Copper, iniciativas que forman parte de una creciente línea de desarrollo asociada al cinturón metalogénico andino.

Compañías como Glencore, Rio Tinto y AngloGold Ashanti han observado por años el potencial geológico colombiano. No obstante, varios proyectos han enfrentado extensos procesos de evaluación, conflictos ambientales, oposición territorial y dificultades de seguridad en regiones con presencia de economías ilegales. El deterioro del entorno de negocios también ha golpeado la actividad minera. La combinación de menor exploración, mayores cargas tributarias e inseguridad ha limitado el dinamismo del sector, mientras algunas decisiones de inversión permanecen congeladas a la espera de mayor claridad política.

A esto se suma la presión fiscal. En abril de 2026, S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de Colombia a BB-, citando preocupaciones fiscales y el debilitamiento de sus métricas de deuda, un factor que elevó la atención de los mercados sobre la disciplina presupuestaria del próximo gobierno.

Seguridad e ilegalidad minera: otro factor crítico

La seguridad se ha transformado en uno de los temas centrales para el futuro de la minería colombiana. La violencia vinculada a la extracción ilegal de oro, el crimen organizado y grupos armados se ha expandido en zonas rurales, especialmente en regiones donde las economías ilegales controlan parte de las cadenas de suministro minero.

Analistas advierten que el fracaso de la política de «paz total» para contener a grupos armados ha permitido el fortalecimiento de redes de minería ilegal. Esta actividad se ha consolidado como una fuente de financiamiento para organizaciones criminales, especialmente en áreas remotas con débil presencia estatal. El oro ilegal puede mezclarse con exportaciones formales, dificultando la trazabilidad y aumentando los riesgos reputacionales para compradores, refinadores e inversionistas.

En ese contexto, la seguridad territorial, la fiscalización y la formalización minera serán variables clave para cualquier administración que busque atraer capital extranjero hacia operaciones legales y formales.

El dilema para los inversionistas

Para los inversionistas mineros, la elección colombiana no se reduce a una disputa ideológica. El punto central es la predictibilidad. La industria observa si el próximo gobierno será capaz de agilizar permisos, entregar reglas claras, fortalecer la seguridad en zonas mineras y recuperar la confianza en la estabilidad fiscal.

Si la próxima administración logra estabilizar el marco regulatorio y entregar certezas sobre los plazos de desarrollo, Colombia podría emerger como un proveedor estratégico de cobre y otros minerales críticos en América Latina. Pero si persisten la incertidumbre normativa, la inseguridad y la volatilidad fiscal, el país corre el riesgo de mantener paralizado uno de los potenciales mineros más relevantes y menos desarrollados de la región.

En un escenario global donde la demanda por cobre seguirá creciendo por la transición energética, Colombia enfrenta una decisión estratégica: transformar su potencial geológico en inversión real o quedar rezagada frente a jurisdicciones mineras más consolidadas.

FUENTE: REPORTE MINERO Y ENERGÉTICO

Corredor ferroviario de Colombia abre debate sobre nuevas rutas logísticas para minería sudamericana

La posibilidad de crear nuevas rutas logísticas para el comercio y la exportación de minerales en Sudamérica vuelve a tomar protagonismo tras el anuncio del gobierno colombiano sobre el desarrollo de un corredor ferroviario interoceánico entre el Pacífico y el Caribe. La propuesta busca fortalecer la conectividad regional y posicionar a Colombia como un nuevo eje estratégico para el movimiento de carga en América Latina.

El proyecto contempla una línea férrea de aproximadamente 222 kilómetros que uniría los puertos de Juradó, en el Pacífico colombiano, y Titumate, en el Caribe. Según el gobierno del presidente Gustavo Petro, la iniciativa apunta a convertirse en una alternativa complementaria al Canal de Panamá, especialmente frente a los recientes problemas climáticos y restricciones operativas que afectaron el tránsito marítimo internacional.

Para el sector minero sudamericano, el anuncio genera interés debido a la necesidad de contar con corredores más eficientes para la exportación de minerales hacia mercados globales. Países como Perú, Chile y Brasil dependen en gran medida de rutas marítimas y portuarias para movilizar cobre, zinc, hierro y otros recursos estratégicos hacia Asia, Europa y Norteamérica.

Nuevas rutas logísticas para la minería regional

El avance de proyectos ferroviarios y corredores bioceánicos se ha convertido en un tema clave para mejorar la competitividad minera de la región. Analistas consideran que una infraestructura de este tipo podría reducir tiempos logísticos, diversificar rutas comerciales y generar alternativas frente a eventuales congestiones marítimas o crisis climáticas.

El gobierno colombiano sostiene que el proyecto permitiría fortalecer las capacidades logísticas del país mediante infraestructura ferroviaria, fibra óptica y nuevos polos portuarios. Además, estima que más de 258.000 personas podrían beneficiarse con empleo, conectividad y desarrollo económico en las zonas involucradas.

En paralelo, América Latina ya viene impulsando iniciativas similares. México puso en marcha el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, mientras Brasil y Perú mantienen conversaciones sobre corredores bioceánicos que conecten el Atlántico con puertos del Pacífico peruano para facilitar exportaciones mineras y agroindustriales.

En el caso peruano, especialistas señalan que el fortalecimiento de corredores logísticos y ferroviarios podría representar una oportunidad para mejorar la competitividad minera nacional, considerando que el país es uno de los principales productores mundiales de cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética global.

Costos, impacto ambiental y viabilidad política

Pese al interés regional, el proyecto colombiano también enfrenta cuestionamientos relacionados con su viabilidad financiera y ambiental. Medios locales estiman que la obra podría requerir inversiones cercanas a los US$16.000 millones, una cifra elevada incluso para estándares regionales de infraestructura.

El economista y experto en infraestructura Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señaló en anteriores análisis sobre infraestructura ferroviaria que Colombia necesita ‘modernizar urgentemente su sistema logístico’ para reducir costos de transporte y aumentar competitividad exportadora.

Otro de los principales desafíos es el impacto ecológico. El trazado ferroviario atravesaría zonas de alta biodiversidad en el Darién y el Chocó biogeográfico, consideradas áreas ambientalmente sensibles. Esto ha generado preocupación en distintos sectores sobre los posibles efectos en ecosistemas estratégicos y comunidades locales.

A ello se suma la incertidumbre política. Aunque el gobierno colombiano busca posicionar la iniciativa como una apuesta de integración regional y modernización logística, todavía existen dudas sobre la continuidad del proyecto en la próxima administración. Sin embargo, el debate ya refleja cómo América Latina empieza a redefinir sus rutas de comercio y exportación en un contexto donde la minería y la conectividad serán claves para el desarrollo futuro.

IDU confirma fecha de entrega de megaobra al sur de Bogotá: Eliminará trancones en la Autopista Sur

Un avance significativo registra una de las obras de infraestructura más importantes para la movilidad en el sur de Bogotá. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que el proyecto de la Autopista Sur con Avenida Bosa alcanzó un 44 % de ejecución y completó 21 de los 32 izajes de vigas contemplados para la estructura principal. La intervención busca reducir la congestión vehicular en este corredor estratégico y fortalecer la conexión con la Avenida Las Torres.

El director del IDU, Orlando Molano, explicó que, una vez finalice el proceso de instalación de las 32 vigas, comenzarán las labores de construcción del tablero del puente, espacio por el que circularán los vehículos. Según indicó el funcionario, la meta de la administración distrital es entregar la obra terminada en 2027, de acuerdo con el cronograma establecido por la Alcaldía de Bogotá.

Además del avance estructural, la entidad anunció la implementación de nuevas tecnologías para acelerar las obras y reducir el impacto sobre la movilidad de la zona. A partir de junio entrará en operación el sistema Pipe Jacking, un método que permite instalar redes de servicios públicos de manera subterránea sin necesidad de abrir zanjas en la vía.

De acuerdo con Molano, esta tecnología facilitará el desarrollo de las obras sin generar mayores afectaciones al tránsito vehicular. También destacó que más de 500 trabajadores participan diariamente en las labores del proyecto. Mientras los izajes de vigas se realizan en horario nocturno para disminuir las restricciones de movilidad, durante el día continúan otras actividades de construcción.

¿Cómo será la megaobra de los puentes en la Avenida Bosa?

El proyecto contempla la construcción de dos puentes vehiculares principales y cuatro conexiones viales que mejorarán la movilidad entre la Avenida Bosa, la NQS, la Autopista Sur y la localidad de Ciudad Bolívar.

Uno de los puentes tendrá una longitud de 288 metros y permitirá fortalecer la conexión entre Bosa y Ciudad Bolívar. El segundo contará con 260 metros y también facilitará la integración vial entre estos sectores del sur de la capital.

La megaobra incluye, además, la prolongación de la Avenida Las Torres, intervención que abarcará 0,27 kilómetros de vía con cuatro carriles mixtos. El proyecto también contempla la construcción de 1,30 kilómetros de ciclorruta y otros espacios destinados a mejorar la movilidad y la conectividad para peatones y ciclistas.

Según las proyecciones del Distrito, la obra beneficiará a más de un millón de habitantes y contribuirá a disminuir los tiempos de desplazamiento en uno de los corredores con mayor flujo vehicular de Bogotá.

Obra muy esperada en aeropuerto El Dorado fue entregada: Aumentará beneficio de viajeros

Una de las obras más esperadas en el Aeropuerto Internacional El Dorado concluyó su proceso de modernización. Se trata de la renovación de la zona de inmigración, una intervención que busca agilizar el ingreso de viajeros internacionales y fortalecer los controles migratorios en la principal terminal aérea del país.

El proyecto fue liderado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Migración Colombia y la concesionaria Opain. Las obras incluyeron ampliaciones físicas, instalación de nuevos módulos de atención y la incorporación de herramientas tecnológicas diseñadas para responder al crecimiento sostenido del tráfico aéreo y del turismo internacional en Colombia.

Uno de los cambios más relevantes fue el aumento de la capacidad operativa en el área migratoria. El aeropuerto ahora cuenta con 61 puntos de control distribuidos en 33 módulos de atención manual y 28 módulos biométricos Biomig. Con esta ampliación se espera reducir los tiempos de espera de los pasajeros y optimizar la operación durante las horas de mayor afluencia.

La intervención también contempló la ampliación del espacio destinado al control migratorio. El área pasó de 1.624 metros cuadrados a 2.162 metros cuadrados, lo que representa un incremento del 33 %. Según las entidades responsables, las obras se desarrollaron sin afectar el funcionamiento habitual del aeropuerto ni las operaciones internacionales.

Otro de los componentes del proyecto fue la entrega del nuevo Centro Estratégico Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) de Migración Colombia. Esta infraestructura cuenta con un área de 187 metros cuadrados y fue dotada con sistemas de videovigilancia, redes técnicas de seguridad y climatización especializada, con el propósito de fortalecer las labores de monitoreo y análisis migratorio.

¿Cuáles serán las modernizaciones que tendrá la zona de inmigración del aeropuerto El Dorado?

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que el proyecto permitió fortalecer los controles biométricos y mejorar los procesos de verificación de viajeros. Según explicó la funcionaria, estas herramientas facilitarán los procedimientos de ingreso y salida del país, además de reforzar las entrevistas migratorias orientadas a validar la información de los pasajeros y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes.

Las obras demandaron una inversión superior a los $18.600 millones y fueron ejecutadas conforme al cronograma establecido. De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura, la modernización responde al incremento constante del flujo de viajeros internacionales registrado en los últimos años en la terminal aérea de Bogotá.

Por su parte, la vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez Hernández, indicó que la reconfiguración de la infraestructura y la incorporación de nuevos módulos biométricos representan un avance para mejorar la eficiencia operativa y tecnológica de los procesos migratorios en Colombia.

Tras acusaciones de bloqueo, Invías detalla pendientes técnicos en el Túnel del Toyo

El Instituto Nacional de Vías, por medio de un comunicado, presentó el estado actual de la nueva Vía al Mar y el Túnel 17, Túnel del Toyo, esto en el marco de las declaraciones realizadas por Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, donde acusa al Gobierno de bloquear instalación de equipos.

Según detalló la entidad, el Gobierno ha garantizado recursos superiores a los $516.000 millones, destinados a la adquisición, interventoría, montaje de sistemas inteligentes de transporte, ventilación y redes contra incendios del túnel.

Asimismo, mencionó que ha adelantado acciones para la modificación del contrato No. 2336 de 2021, con el fin de avanzar en el inicio formal de las actividades relacionadas con la instalación de los equipos electromecánicos del Túnel 17.

No obstante, advirtió Invías que la instalación de estos sistemas “requiere previamente la habilitación de frentes de obra y la culminación de actividades civiles complementarias, indispensables para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y operación”.

Así las cosas, mencionó los aspectos identificados en los comités técnicos de seguimiento, entre los que se encuentran:

La necesidad de adelantar tratamientos de filtraciones en la galería de evacuación y la construcción de muros pantalla en las galerías, actividades consideradas predecesoras para la instalación de los equipos electromecánicos.

“Durante un comité realizado el 3 de marzo de 2026, se expusieron estas condiciones y se planteó la importancia de avanzar en dichas intervenciones. Posteriormente, en otro comité se manifestó la intención de iniciar los tratamientos requeridos. No obstante, según los reportes técnicos más recientes, estas actividades aún no registran inicio”.

Finalmente, frente a la conexión eléctrica en la subestación de Cañasgordas, “la Gobernación de Antioquia manifestó su intención de aportar recursos para la construcción de la bahía de conexión eléctrica. Actualmente, continúan las gestiones necesarias para definir los mecanismos administrativos y financieros que permitan materializar este aporte”, concluyó el comunicado de Invías.

Entes de control ponen la lupa por terminación de Autopistas del Café y rechazo de nuevo megaproyecto Conexión Centro

La Procuraduría inició vigilancia preventiva sobre el proceso relacionado con una eventual reversión de la concesión del proyecto Autopistas del Café y las decisiones que deberá adoptar la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) frente a la iniciativa privada IP “Conexión Centro”.

A través de un oficio enviado a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y al presidente de la ANI, Óscar Javier Torres, el Ministerio Público advirtió sobre los riesgos jurídicos, fiscales y operativos que podrían derivarse de una terminación anticipada del contrato de concesión del corredor vial del Eje Cafetero. Sobre todo, porque ha sido lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales.

Según el oficio, en las mesas de concertación del pasado 20 de mayo el comité antipeajes planteó dos solicitudes principales: la terminación anticipada de la concesión y la suspensión del cobro de peajes asociados al proyecto Autopistas del Café.

La Procuraduría aseguró que también recibió comunicaciones de autoridades territoriales, gremios y representantes ciudadanos que manifestaron preocupación por las consecuencias de una eventual reversión del contrato, especialmente frente al mantenimiento, operación y funcionamiento futuro de la vía.

Además, el ente de control indicó que existe inquietud sobre el alcance técnico y operativo de la iniciativa privada negada: “IP Conexión Centro”, al considerar que se trata de un proyecto estratégico para la competitividad y el desarrollo económico del Eje Cafetero.

 

La negación por parte del Ministerio se dio en medio de presuntas irregularidades porque esos anuncios deben darse después de haber emitido el acto administrativo y no antes.  Por lo que han cobrado fuerza las versiones de que la decisión se tomó de forma apresurada a pocos días de las elecciones.

Cabe mencionar que el oficio de la Procuraduría se conoce solo un día después de que la Contraloría interfiriera en el caso pidiendo información detallada sobre el contrato.

 

Solicitud de información sobre Autopistas del Café

La Procuraduría les pidió al Ministerio de Transporte y a la ANI que cualquier decisión sobre la terminación de la concesión o el desmonte de peajes esté sustentada en criterios constitucionales, legales y contractuales.

La información solicitada deberá ser entregada el 28 de mayo de 2026.

Además de informes técnicos que detalles las razones de las decisiones, impactos fiscales, planes de actuación frente a mantenimientos y conservación de vías y decisiones futuras como la eliminación de peajes.

Adicionalmente, en el marco de esta vigilancia, el Ministerio Público consideró oportuno convocar a una mesa técnica interinstitucional la cual será convocada por escrito.

“Se precisa que la presente actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, mediante la generación de alertas”, comentó la Procuraduría.

XVI SIMPOSIO: Líderes mineros plantean sinergias e infraestructura compartida para acelerar inversiones en el Perú

La minería peruana tiene una oportunidad concreta para potenciar su producción, atraer nuevas inversiones y consolidar polos de desarrollo en zonas estratégicas como el corredor minero sur y Cajamarca, siempre que exista liderazgo del Estado, predictibilidad y estabilidad en las reglas de juego. En ello coincidieron líderes del sector durante el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Estas ideas fueron expuestas durante la mesa “Minería Peruana: estrategias para potenciar la producción y las inversiones”, moderada por Víctor Gobitz, CEO y presidente de Quilla Resources, con la participación de Juan Luis Kruger, gerente general de Minsur; Leandro García, gerente general de Compañía de Minas Buenaventura; Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y director financiero de Southern Peru Copper Corporation; y Pablo Carvalho, Funding Manager de Glencore Chile.

Al iniciar el debate, Gobitz remarcó la necesidad de contar con un Estado con mayor predictibilidad y sentido de urgencia, así como la capacidad de identificar sinergias, servicios compartidos e infraestructura común que permitan acelerar el desarrollo de proyectos.

En ese marco, los panelistas coincidieron en que un corredor minero sur representa una oportunidad clave. Jacob señaló la alternativa de un tren que conecte Apurímac con la costa y facilite el transporte de minerales. “Para ello, el país requiere un liderazgo que debe ser del Estado”, sostuvo, al explicar que los distintos tiempos de los proyectos hacen necesaria una instancia que articule soluciones viables y financieramente sostenibles.

Cajamarca fue otro de los espacios identificados como prioritarios para desarrollar sinergias. Kruger mencionó el potencial de integrar proyectos como Michiquillay, Galeno y Conga mediante infraestructura compartida, mientras García planteó la posibilidad de evaluar soluciones como una relavera común o una misma planta concentradora, siempre bajo criterios técnicos, ambientales y sociales adecuados.

“El camino a seguir para diversificar el riesgo es unir esfuerzos”, afirmó Kruger. En esa línea, sostuvo que las alianzas y joint ventures son cada vez más relevantes en una industria que exige inversiones de gran escala.

Los ejecutivos también coincidieron en que la capacidad de ejecución del Estado es determinante para convertir los recursos generados por la minería en infraestructura, servicios públicos y desarrollo territorial. En esa línea, remarcaron que la predictibilidad, la estabilidad jurídica, la lucha contra la minería ilegal y la presencia efectiva del Estado en las zonas rurales son condiciones necesarias para sostener nuevas inversiones.

Por otra parte, los panelistas presentaron los principales avances y proyectos de sus compañías. En el caso de Southern Peru Copper Corporation, Raúl Jacob destacó el caso de Tía María, que ya se encuentra con un avance del 35% en construcción y es el único proyecto greenfield de cobre en construcción actualmente a nivel mundial. Según explicó, el proyecto cuenta con más de 4,500 personas trabajando y proyecta iniciar sus primeras producciones en la segunda mitad del próximo año.

Por su lado, Juan Luis Kruger resaltó el rol de Minsur como productor integrado de estaño. Señaló que San Rafael, en Puno, se ha consolidado como una de las principales minas de estaño del mundo, mientras que la fundición y refinería de Pisco permite a la compañía ofrecer al mercado estaño con un 100% de trazabilidad, desde la exploración hasta el usuario final. También destacó el desarrollo de Mina Justa Subterránea y nuevas inversiones en exploración, innovación y sostenibilidad.

A su turno, Leandro García destacó la presencia de la empresa en 8 regiones del país y que cumple 30 años cotizando en la Bolsa de Valores de New York. También resaltó la reciente aprobación de su MEIA-d para el proyecto Coroccohuayco, que demandaría una inversión de alrededor de US$ 1,800 millones y permitiría ampliar el futuro minero de Espinar por más de 25 años. Sostuvo que el crecimiento minero debe estar asociado no solo a mayor producción, sino también al desarrollo territorial y a la legitimidad operativa.

SIMPOSIO: Se necesita una política nacional para promover la exploración de minerales críticos en el país

En medio de una creciente competencia global por asegurar el acceso a minerales críticos, el Perú enfrenta una oportunidad relevante por su potencial geológico y su condición de país productor. Aun así, durante el SIMPOSIO – XVI Encuentro Internacional de Minería, especialistas coincidieron en que ese potencial aún no se traduce en una estrategia nacional con prioridades claras, mejor información y mayor solidez institucional.

Uno de los puntos centrales de la jornada fue que el país todavía no ha definido una visión propia sobre minerales críticos. En ese sentido, Rasul Camborda, abogado de ALALAW, planteó una de las preguntas de fondo del debate, “¿minerales críticos según quién y para quién?” Advirtió que, a diferencia de otras economías que ya han construido diagnósticos, metas y marcos de acción en esta materia, el Perú carece de un marco normativo específico para minerales críticos. “La primera tarea es emprender una política nacional minera y, como parte de ella, definir nuestra propia lista de minerales críticos”, sostuvo.

En la misma línea, Ricardo Labó, especialista senior de Minería del Grupo Banco Mundial (BM), señaló que “el Perú necesita una lista propia de minerales críticos, construida desde su realidad como país productor y exportador”. Añadió que el desde el BM vienen apoyando al Ministerio de Energía y Minas en la construcción de una metodología y una hoja de ruta para avanzar en esa definición.

Labó remarcó, además, que una de las principales brechas es la falta de información suficiente para dimensionar con precisión el potencial del país. “Lo primero que encontramos es que no hay información suficiente”, señaló, al advertir la necesidad de fortalecer los sistemas de información y mejorar el reporte sobre concentrados, subproductos y relaves.

Desde la academia, Madeleine Guillen, Docente Investigadora de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), presentó los avances de un proyecto sobre la presencia y viabilidad de tierras raras, REE, en el sur del Perú, desarrollado junto con Colorado School of Mines. Como parte de este trabajo, se reveló que, tras analizar muestras de relaves, se ha construido una base de datos nacional con 31.183 valores de concentraciones de REE, a partir de inteligencia artificial, machine learning y registros georreferenciados provenientes de fuentes científicas e institucionales.

“Desde la academia tenemos el compromiso de usar lo que ya se ha hecho, para que no quede solamente en bibliotecas o repositorios sin aplicación práctica”, señaló Guillen. En esa línea, explicó que la investigación busca generar evidencia útil para fortalecer la exploración y ampliar el conocimiento sobre minerales críticos en el país. Los resultados, recientemente publicados y disponibles para futuras investigaciones, refuerzan el valor de la articulación entre academia, tecnología y sector minero para identificar nuevas oportunidades en este campo.

El desafío para el Perú no se limita a responder a la demanda global asociada a la transición energética, sino a definir qué papel quiere desempeñar en la cadena de valor de los minerales críticos. Para ello, será clave avanzar con una estrategia propia, basada en mejor información, capacidades técnicas y objetivos de desarrollo claros.

CMH plantea ampliar operaciones de la mina Parcoy hasta 2028

Consorcio Minero Horizonte (CMH) presentó ante el Senace un nuevo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para modificar las condiciones operativas de su Unidad Productiva Parcoy, ubicada en La Libertad. La iniciativa forma parte de la estrategia de la compañía para prolongar las actividades de explotación en su operación subterránea de oro.

La propuesta busca actualizar el Estudio de Impacto Ambiental aprobado en 2018 y permitir la continuidad de la extracción de mineral más allá del cronograma inicialmente previsto. Actualmente, el mineral extraído en Parcoy es procesado en una planta de beneficio con capacidad aprobada de 2,200 toneladas por día, aunque la autorización operativa vigente permite tratar hasta 2,000 toneladas diarias.

Según el documento presentado, el plan original contemplaba concluir la explotación de reservas en julio de 2026. Sin embargo, la empresa sostiene que aún existe un volumen importante de mineral pendiente de extracción, lo que justificaría ampliar el periodo operativo de la mina hasta junio de 2028.

CMH informó que, al cierre de marzo de 2026, se habían explotado 5.96 millones de toneladas de un total aprobado de 6.76 millones. De las más de 800 mil toneladas restantes, una parte podría extraerse dentro del cronograma actual, mientras que el saldo requeriría aproximadamente dos años adicionales de operación.

La compañía precisó que la ampliación no contempla nuevas reservas ni cambios en la capacidad de producción autorizada. El objetivo es continuar utilizando el mismo método de explotación subterránea mientras se completa la extracción del mineral remanente aprobado en los instrumentos ambientales vigentes.

El ITS también señala que los retrasos en el cronograma responden a factores operativos propios de la actividad minera, como mantenimientos programados, paradas de planta y variaciones en los ritmos de producción. Asimismo, recordó que la vigencia general autorizada para la unidad minera se mantiene hasta agosto de 2039 conforme a la modificación del EIA actualmente aprobada.

Ministerio de Vivienda fortalece la gestión de predios estatales con certificación de especialistas a nivel nacional

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), continúa fortaleciendo la gestión eficiente y transparente de los predios del Estado mediante la certificación de especialistas en esta materia a nivel nacional.

En lo que va del 2026, un total de 102 profesionales y técnicos de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno obtuvieron la certificación como especialistas en Gestión de Predios del Estado, tras culminar satisfactoriamente el proceso de evaluación y capacitación correspondiente.

Asimismo, 428 profesionales y técnicos fueron capacitados en la gestión de predios del Estado durante las tres conferencias macrorregionales que se han desarrollado en el presente año en diferentes puntos del país. En tanto, desde febrero del 2021 hasta mayo del 2026, este tipo de conferencias ha permitido capacitar a un total de 28 543 personas.

El Cronograma Anual de Convocatorias de Certificación 2026 se encuentra publicado en la página web de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, en el enlace: https://www.sbn.gob.pe/cronograma-procedimiento-de-certificacion-2026. Es importante señalar que la certificación es gratuita y de carácter obligatorio para la gestión predial estatal.

Sobre SBN

La SBN, como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE), tiene competencia en materia normativa y fiscalizadora, ejecutando actuaciones de supervisión de los actos relacionados con la adquisición, disposición, administración y registro de predios estatales. Además, brinda capacitación y asistencia técnica a las entidades que conforman el SNBE.