La Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó cambios relevantes al régimen minero, entre ellos la eliminación de la irrevocabilidad de los contratos y la reducción del plazo de las concesiones de 30 a 15 años. Estas medidas desconocen los tiempos reales que requiere desarrollar un proyecto minero formal y, en la práctica, profundizan la pérdida de competitividad que el Perú ha venido registrando en los últimos años.
A nivel global, el desarrollo de proyectos mineros es cada vez más lento y menos frecuente. Estudios internacionales muestran que el tiempo necesario para poner en marcha una mina se ha multiplicado en las últimas décadas. Además, solo una pequeña fracción de los proyectos descubiertos logra iniciar operaciones incluso después de varios años, lo que refleja la complejidad técnica, social y regulatoria que caracteriza a esta industria.
En el caso peruano, la situación es aún más exigente. Un proyecto minero puede tardar varias décadas en pasar de la exploración a la producción, especialmente en el caso de grandes yacimientos de cobre. Este extenso proceso responde, en gran medida, a requisitos regulatorios, permisos ambientales y procesos de diálogo social que alargan significativamente los plazos previstos.
Gran parte de este retraso se concentra en la etapa de exploración, que puede representar más de la mitad del tiempo total de desarrollo. La obtención de permisos, en particular los ambientales, suele exceder ampliamente los plazos establecidos por la normativa. Esta situación no solo retrasa inversiones, sino que introduce incertidumbre y eleva los costos, afectando la viabilidad de los proyectos.
En este contexto, la propuesta de reducir los plazos de las concesiones y revertir aquellas consideradas “ociosas” genera un desincentivo adicional a la inversión. Una concesión minera no explotada no es necesariamente improductiva, ya que forma parte de un proceso que incluye estudios geológicos, evaluaciones técnicas y análisis de factibilidad. Imponer plazos poco realistas para estas etapas puede frenar proyectos en curso y deteriorar el atractivo del país para nuevas inversiones.
Finalmente, estas medidas podrían tener efectos contraproducentes en un entorno ya marcado por el avance de la minería ilegal y la creciente inseguridad. Debilitar la seguridad jurídica de las concesiones formales abre espacios para actividades ilegales que generan violencia, contaminación y evasión fiscal. En lugar de restringir el desarrollo formal, el reto está en fortalecer condiciones que permitan destrabar inversiones, impulsar proyectos y aprovechar el potencial minero como motor de crecimiento económico y generación de empleo.
