El precio del cobre, principal mineral y producto de exportación del país, se mantendría alto durante los próximos cinco a diez años debido a la creciente demanda y la oferta relativamente estable, señaló Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE). Según explicó, aunque es imposible predecir con exactitud el comportamiento de cualquier commoditie, el análisis de oferta y demanda permite identificar tendencias claras en el mercado.
Macera destacó que el fundamento del cobre es “clarísimo” por su vinculación con usos industriales y tecnológicos. Este metal es esencial en la transformación digital, la electrificación de la matriz energética, los vehículos eléctricos, la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevas redes eléctricas. La creciente demanda en estos sectores genera presión sobre un suministro que no puede aumentar al mismo ritmo.
“Es un crecimiento gigantesco en la demanda que no ha venido acompañado o no puede venir acompañado de una oferta que no está a la misma velocidad, porque una mina de cobre demora muchísimo en desarrollarse, y esto ocurre en todo el mundo. La demanda sube, la oferta se mantiene relativamente plana, y como consecuencia el precio se eleva. Esto debería mantenerse, esperamos, durante los próximos cinco a diez años”, indicó Macera en declaraciones a la Agencia Andina.
En contraste, el oro tiene un comportamiento distinto. El director del IPE señaló que su cotización no depende del uso industrial, sino de su rol como activo de refugio y especulativo. “El oro vale como reserva o activo de cobertura. En momentos de alta volatilidad global, por la guerra o por el valor del dólar, los inversionistas recurren al oro”, explicó.
Esta característica hace que el oro sea mucho más volátil que el cobre, ya que su precio depende principalmente del ánimo del mercado y de factores financieros globales. Por ello, Macera consideró que las reservas internacionales del Perú deberían orientarse hacia activos cuya cotización sea más predecible, generen rentabilidad y ofrezcan estabilidad frente a la incertidumbre global.
Macera realizó estas declaraciones durante su participación como panelista en la convención de la pequeña minería formal Indumin 2026, organizada por GERENS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. En este evento también abordó los retos que enfrenta la minería ilegal, que se ha intensificado por los altos precios del oro, afectando la formalización y la sostenibilidad ambiental del sector.
El especialista resaltó la importancia de la Ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Señaló que esta normativa debe reconocer la realidad de muchos pequeños mineros que buscan formalizarse y cumplir con estándares laborales, tributarios y ambientales. Al mismo tiempo, la ley debe diferenciar a estos actores de los grupos vinculados al crimen organizado, responsables de la extracción ilegal de oro con violencia y extorsión.
Según cálculos del IPE, la minería ilegal de oro genera cerca de 12.000 millones de dólares anuales, y a este fenómeno se suma la minería ilegal de cobre ante los altos precios internacionales. Macera advirtió que este volumen de dinero facilita la compra de influencias políticas y sociales, complicando los esfuerzos por controlar la actividad ilícita.
El experto señaló que incluso un pequeño porcentaje de esta riqueza, entre 1% y 2%, representa sumas millonarias que pueden ser utilizadas para obtener prebendas políticas, controlar espacios municipales o regionales, y consolidar intereses privados en perjuicio del sector formal. “Lo que está en juego es bastante dinero, y mucho de lo observado en el último año podría relacionarse con mantener este negocio en marcha”, advirtió.
La Convención Nacional de Productividad y Políticas para la Minería a Pequeña Escala, Indumin 2026, se desarrolla del 10 al 12 de marzo en el Centro de Exposiciones Jockey, en Lima. Este evento reúne a empresas mineras, proveedores, autoridades, academia y especialistas nacionales e internacionales para discutir los desafíos y oportunidades del sector.
El objetivo de Indumin 2026 es generar un espacio técnico de diálogo que impulse propuestas orientadas a mejorar la productividad, la formalización y la sostenibilidad de la minería a pequeña escala en el país. La convención busca fortalecer la integración entre actores públicos y privados, así como promover buenas prácticas en el sector.
Macera enfatizó que la formalización debe ser progresiva y realista, permitiendo que aquellos mineros con voluntad de cumplir con las normas puedan avanzar sin enfrentar obstáculos regulatorios excesivos. Esto implica garantizar acceso a concesiones, tierras y condiciones legales que faciliten la transición hacia la minería formal.
Al mismo tiempo, advirtió que la ley debe actuar con firmeza frente a quienes operan de manera ilícita, utilizando la fuerza policial, judicial y fiscal para combatir la minería vinculada al crimen organizado. La separación clara entre actores formales e informales es clave para el éxito de la normativa.
Finalmente, Macera concluyó que la combinación de precios altos de minerales como el cobre y el oro con una regulación efectiva y la promoción de la formalización puede abrir oportunidades de desarrollo económico, generación de empleo y sostenibilidad ambiental, siempre que se diferencie adecuadamente a los mineros que buscan formalizarse de aquellos que actúan de manera criminal.
