Tanto Isagen, compañía del sector eléctrico, como la Asociación Nacional de Generadoras (Andeg) solicitaron la suspensión provisional del decreto 044 de 2026. En el caso de la empresa privada, se envió una carta a la Corte Constitucional en la que se rechazan los nuevos impuestos para el sector, expedidos en el marco de la emergencia económica.
Según han manifestado algunos analistas, como el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, el mecanismo que está utilizando el Gobierno consiste en cobrar impuestos a las generadoras con el fin de saldar las cuentas de la deuda de Air-e, empresa de servicios públicos del Caribe, con ese mismo sector de la cadena energética. En otras palabras, lo que se pretende es que las compañías paguen un tributo para terminar cubriendo lo que Air-e les adeuda.
De acuerdo con lo señalado por Isagen ante la Corte, el decreto es inconstitucional y, en caso de continuar vigente, generaría efectos adversos, al ir en contra de los derechos de las compañías y ocasionarles perjuicios por lo que, según afirman, es una obligación que debe asumir el Gobierno con recursos del presupuesto público.
