Con el objetivo de alinear al Perú con los estándares internacionales de eficiencia energética y digitalización, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la directriz para el reconocimiento de costos asociados a los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), conocidos como medidores inteligentes, medida que marca el inicio de la transformación hacia las redes eléctricas inteligentes (Smart Grids), vitales para la sostenibilidad del servicio público.
A diferencia de los medidores de luz convencionales, los técnicos de la Dirección General de Electricidad (DGE) del MINEM, explican que esta nueva tecnología empodera al usuario permitiéndole gestionar su consumo en tiempo real, generando un beneficio directo, ahorro y control para el usuario.
El principal beneficio económico es la habilitación de tarifas dinámicas, que permitirá a las familias peruanas pagar menos por la electricidad cada fin de mes, si trasladan consumos intensivos a horarios de menor demanda, generando ahorros que compensan la inversión en el equipo.
Asimismo, el sistema garantiza una facturación exacta mediante lectura remota, eliminando los cobros por «promedios» o estimaciones. Y, ante posibles cortes de servicio eléctrico, la reconexión será remota y ágil, reduciendo los tiempos de espera de días a minutos en beneficio de los usuarios.
De acuerdo a la Resolución Ministerial Nº 421-2025-MINEM/DM, la directriz establece un mecanismo de protección al usuario, donde el costo del medidor no se cobrará como un pago único inicial (que representaría una barrera de entrada alta), sino que se prorrateará mensualmente a lo largo de su vida útil normativa de 15 años.
Es importante destacar que la norma prohíbe explícitamente el cobro si el medidor no ha acreditado su «puesta en operación comercial»; es decir, el usuario solo pagará por un equipo que esté conectado y en funcionamiento.
El MINEM destaca que esta modernización es el cimiento para el futuro energético del país, ya que los medidores inteligentes permitirán integrar de manera segura la generación distribuida (paneles solares residenciales) y la carga de vehículos eléctricos sin afectar la red. Para las empresas distribuidoras, esto implica una gestión operativa más eficiente y una reducción de pérdidas técnicas, lo que a largo plazo favorece la competitividad de las tarifas eléctricas nacionales.
