Día: 28 de noviembre de 2025

Forte Minerals dio inicio a su primera campaña de perforación en el proyecto aurífero Pucarini, ubicado en la región de Puno, tras años de estudios geológicos, diálogo con las comunidades locales y obtención de los permisos ambientales correspondientes. Se trata del primer programa de perforación en la historia del yacimiento y representa un hito clave para la minera canadiense, que busca confirmar un sistema de oro de alta sulfuración, uno de los modelos geológicos más relevantes de la franja minera del sur peruano.

La compañía comenzó con perforación diamantina, un método que permite extraer núcleos cilíndricos de roca para su análisis, en un programa de Fase I que contempla cinco sondajes y un total de 1,750 metros, con aproximadamente 350 metros por pozo. El objetivo es evaluar un posible sistema epitermal de alta sulfuración, donde fluidos calientes ricos en minerales ascienden desde profundidad, alterando la roca y generando zonas con sílice masiva, texturas porosas (“vuggy silica”) y minerales asociados al oro.

“El inicio de la perforación en Pucarini es un hito para Forte. Después de años de trabajo geológico, avances en permisos y colaboración con las comunidades, finalmente podremos probar uno de los objetivos de alta sulfuración más prometedores del sur del Perú”, comentó Patrick Elliott, presidente y CEO de la compañía. La empresa espera compartir los primeros resultados preliminares en diciembre.

En paralelo, Forte fortaleció su posición financiera tras recibir dos inversiones estratégicas de US$ 8,12 millones cada una en los últimos cuatro meses, provenientes de socios con amplia experiencia operativa en el país. Estos recursos apoyarán el desarrollo de sus activos, incluyendo Alto Ruri, su segundo proyecto aurífero.

Alto Ruri, situado a 15 kilómetros de la exmina Pierina, una de las principales operaciones históricas de Barrick, presenta perforaciones superficiales previas, anomalías geofísicas de alta resistividad y rasgos epitermales a escala distrital, lo que refuerza su potencial de descubrimiento de oro cercano a la superficie. Con el apoyo de los nuevos inversionistas, Forte priorizará avanzar en los permisos ambientales para preparar la futura fase de perforación.

Para definir los puntos de perforación en Pucarini, Forte combinó estudios geoquímicos de roca y suelo, mapeo de alteración, imágenes multiespectrales y geofísica terrestre. La coincidencia de anomalías de oro, zonas de alteración hidrotermal y áreas de alta resistividad permitió delinear un modelo exploratorio coherente. El proyecto, de propiedad total de la compañía y con 1,000 hectáreas, muestra un sistema de alteración hidrotermal de 3,6 km por 1,8 km, con abundantes afloramientos de sílice y estructuras típicas de sistemas epitermales de alta sulfuración.

Los estudios previos identificaron una anomalía geoquímica de oro de 1,200 metros por 600 metros, respaldada por una fuerte anomalía de cargabilidad de 1,500 por 600 metros, además de una señal magnética profunda que podría indicar un sistema porfirítico de oro, cobre y molibdeno a mayor profundidad. Estos datos sugieren mineralización superficial y un potencial sistema de pórfido aún no perforado. Con la campaña ya en marcha, Forte procesa los núcleos del primer pozo y espera entregar los primeros resultados de laboratorio a inicios del primer trimestre de 2026.

Perú es reconocido mundialmente como uno de los principales productores y exportadores de oro, debido a la abundancia de este metal en su territorio. A lo largo del país se ubican importantes yacimientos auríferos que, año tras año, contribuyen al dinamismo económico nacional y consolidan al sector minero como uno de los pilares de la actividad productiva.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) dio a conocer cuáles son las diez minas que lideran la producción de oro en el país. La Libertad destaca por ser la región con el mayor número de operaciones dentro del ranking; sin embargo, Cajamarca continúa albergando el yacimiento más relevante y productivo desde hace varios años.

Según el Minem, Yanacocha fue la mina con mayor volumen de extracción durante 2024. Ubicada en Cajamarca y operada por la compañía del mismo nombre, aportó el 10,2% del total producido en el país. En contraste, La Libertad concentró el 32,7% del oro peruano, posicionándose como la región con mayor participación en el resultado nacional.

Otras regiones con una contribución significativa fueron Arequipa, con el 20,4%, Cajamarca con el 18,6% y Ayacucho con un 8%. La mayor parte de las reservas auríferas se distribuye entre el norte y el sur del país, donde coexisten operaciones mineras tanto a tajo abierto como subterráneas.

En cuanto al desempeño anual, el Minem reportó que Perú produjo 108,1 toneladas métricas finas de oro en 2024. Pese a la recuperación registrada en los últimos años, la cifra sigue por debajo de los niveles alcanzados una década atrás, cuando en 2015 la producción llegó a 146,8 TMF.

• 2024: 108,1 TMF.
• 2023: 101 TMF.
• 2022: 97 TMF.
• 2021: 97,5 TMF.
• 2020: 88,1 TMF.
• 2019: 128,4 TMF.
• 2018: 140,2 TMF.
• 2017: 152 TMF.
• 2016: 153 TMF.
• 2015: 146,8 TMF.

Respecto al comercio exterior, el valor de las exportaciones de oro ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos diez años. Solo en 2024, los envíos del sector superaron los US$ 15.000 millones, casi triplicando el monto registrado en 2015. No obstante, el Instituto Peruano de Economía (IPE) advirtió que el comercio ilegal de oro también ha incrementado su valor, lo que plantea nuevos retos para la supervisión y formalización del sector.

• 2024: US$15.468 millones.
• 2023: US$10.943 millones.
• 2022: US$10.194 millones.
• 2021: US$10.185 millones.
• 2020: US$7.830 millones.
• 2019: US$8.555 millones.
• 2018: US$8.259 millones.
• 2017: US$8.270 millones.
• 2016: US$7.426 millones.
• 2015: US$6.651 millones.

Excellon Resources, compañía canadiense con presencia en América Latina, ha iniciado una nueva etapa de exploración en la mina Mallay, situada en la provincia de Oyón, Perú. El objetivo central es evaluar una posible extensión vertical del sistema de vetas, respaldada por nuevas reinterpretaciones geológicas que indican un sistema epitermal multietapa con continuidad en profundidad, especialmente en las áreas denominadas Pierina, Shafra y Mallay Deeps.

Mallay operó previamente bajo la gestión de Compañía de Minas Buenaventura entre 2012 y 2018, periodo en el que alcanzó una producción cercana a los 6 millones de onzas de plata, además de importantes volúmenes de zinc y plomo. No obstante, Excellon sostiene que el potencial del depósito fue subestimado y que existen indicios sólidos de mineralización profunda con presencia relevante de oro, un componente que no fue desarrollado en la operación pasada.

Para sustentar esta hipótesis, la empresa ha reactivado labores subterráneas en los niveles 4090 y 4150, rehabilitando hasta ahora más de 2,800 metros de galerías. Esta preparación permitirá ejecutar perforaciones desde dentro de la mina, con un programa previsto para iniciar en el último trimestre de 2025, orientado a confirmar la continuidad de las vetas y definir zonas con mayor concentración de metales preciosos.

De manera complementaria, Excellon contempla perforar 13,000 metros adicionales en la veta Isguiz y otros 3,500 metros en la zona Shafra. Estos trabajos forman parte de un plan integral para actualizar los recursos del proyecto y evaluar si la producción podría retomarse hacia 2026, sujeto a resultados técnicos favorables y condiciones económicas adecuadas.

Mallay posee una serie de ventajas respecto a nuevos proyectos, entre ellas una planta de flotación con capacidad de 600 toneladas por día, obras subterráneas habilitadas, depósitos de relaves operativos y conexión al sistema eléctrico nacional. Esta infraestructura existente reduce significativamente los costos y tiempos asociados a un eventual reinicio.

Aunque la compañía ya cuenta con permisos para exploración avanzada, aún no ha emitido un estudio de factibilidad actualizado ni ha tomado una decisión definitiva sobre la reactivación de operaciones. Excellon ha reiterado que cualquier proyección dependerá de la confirmación de recursos, el desempeño del programa de perforación y la evolución de los precios de la plata, el oro y otros metales vinculados.

Desde el punto de vista geológico, la hipótesis de un sistema mineral multietapa es coherente con otros depósitos epitermales de la región andina, caracterizados por una zonación vertical donde los metales base predominan en los niveles superiores, mientras que el oro tiende a concentrarse en profundidad. Este patrón ha sido documentado en múltiples distritos mineros del Perú y de la franja metalogenética sudamericana.

En términos estratégicos, la apuesta de Excellon se enmarca en la tendencia global de revitalizar minas inactivas mediante nuevas interpretaciones y tecnologías modernas de exploración. De avanzar con éxito, un retorno a operaciones en Mallay generaría impactos económicos positivos en la zona de Oyón y fortalecería la presencia de la empresa en el portafolio de metales preciosos de América Latina.

En el Perú existen 500 mil viviendas faltantes (déficit cuantitativo) y 1.4 millones de viviendas de baja calidad (déficit cualitativo). Además, se requieren 2.5 millones de viviendas nuevas en los próximos veinte años para atender la demanda por la formación de nuevos hogares, teniendo en cuenta que nuestro país tendrá la condición de bono demográfico hasta el 2045. Es necesario pasar de 30% a 80% de formalidad en la construcción de viviendas. Para ello se requiere producir un promedio de 200 mil viviendas en lugar de las 60 mil que se construyen actualmente cada año. La pregunta no es si se va a triplicar esa meta sino en cuánto tiempo se puede llegar a esa meta.

Esto permitiría abandonar progresivamente el “modelo COFOPRI”, que promueve la invasión de tierras.  El 93% de la expansión de las ciudades en los últimos 20 años fue provocada por el tráfico de tierras o la lotización informal (en partes iguales). La mayor parte de este tráfico de tierras se hace sobre predios del Estado, y está a cargo de organizaciones criminales que controlan territorios a través de la violencia, han infiltrado a las instituciones públicas y amenazan al Estado de Derecho: no rige la ley allí donde éstas operan.  Varias de estas organizaciones vienen de seudo-sindicatos que, desde hace una década, han diversificado y sofisticado su accionar criminal.

Hay que evitar que el Estado continúe con su estrategia de formalizar las invasiones, entregando títulos de propiedad, concediendo servicios de agua y desagüe (a costos cada vez más altos, incluso más que una vivienda) y construyendo pistas y veredas en zonas inaparentes para la vida y el trabajo. En buena cuenta se trata de crecer por inversión y no por invasión.

Ninguno de estos desafíos se atenderá en el corto plazo, por lo que se necesita un acuerdo político y social de mantener una política de vivienda por 20 años y ponerla en el mismo nivel de prioridad que la educación, la salud y la protección social.

El próximo gobierno, desde el inicio debe dar señales claras de que va a ir en esa línea, fortaleciendo el modelo habitacional que rige hace más de dos décadas, en el que el Estado tiene una función promotora, reguladora y subsidiaria; el sector privado la producción y el financiamiento de las viviendas; y el ciudadano asume compromisos de ahorro de largo plazo para acceder a las viviendas, de acuerdo con sus preferencias y necesidades.

Las principales medidas que debería anunciar el próximo gobierno el 28 de julio de 2026 e implementarse en los primeros cien días de su mandato, se detallan a continuación:

1. Disponer en el Presupuesto del 2027, un incremento sustantivo en la asignación de subsidios para vivienda y establecer en el Marco Macroeconómico Multianual montos crecientes para los siguientes dos años. Parte de esos mayores montos deben provenir de la asignación que efectuarán gobiernos regionales y locales de sus recursos de inversión para financiar subsidios a través de sus propios programas de vivienda, alineados con la política nacional (lo que será supervisado por el Ministerio de Vivienda)

• Establecer un fondo en el Ministerio de Vivienda para dotar de servicios de agua y saneamiento a proyectos habitacionales formales. Disponer en el presupuesto del 2027, un monto de 500 millones de soles (menos de la mitad de lo que no gasta el Ministerio para inversiones en agua). Los fondos deberán asignarse en función de la mayor necesidad de los posibles beneficiarios y priorizando proyectos ubicados en zonas o ciudades con mayor demanda insatisfecha.

• Crear en el Fondo Mivivienda un área de facilitación para el desarrollo de proyectos de vivienda, a través del cual Mivivienda ayudaría a superar las barreras burocráticas que enfrenta cada proyecto para obtener zonificación, factibilidades de servicios, inscripciones registrales y otros permisos. Esta área también haría un seguimiento a los procesos de comercialización para asegurarse que las metas de cada proyecto no se vean afectadas por demoras o trabas burocráticas.

• Instituir un mecanismo de estímulo a los gobiernos locales dirigiendo más recursos de inversión en infraestructura y equipamientos que urbanos a aquellas municipalidades que faciliten el desarrollo de proyectos de vivienda formal. Este mecanismo también comprenderá financiamiento, a través del programa Nuestras Ciudades, de la formulación o actualización de planes urbanos.

• Modificar las condiciones en que se otorgan los créditos, subsidios y demás apoyos para la vivienda social, buscando una mayor participación de instituciones financieras (bancos, cajas, fondos de inversión, administradoras hipotecarias) en este mercado y estimulando una mayor competencia. Dentro de los mecanismos a implementar en el corto plazo se encuentra un Fondo de Garantías en caso de incumplimiento de pago de los créditos hipotecarios. Este proceso debe efectuarse en coordinación con las instituciones financieras.

• Promover los programas de ahorro previo para favorecer el acceso de familias con ingresos no formales al crédito hipotecario, extendiendo los plazos de ahorro todo lo que sea necesario y disponiendo la asignación del subsidio cuando el beneficiario cumple con el plan de ahorros.

• Constituir un banco de terrenos estatales para impulsar proyectos urbanos integrales (con énfasis en la generación de oferta de vivienda) a ejecutar por promotores privados. Para ello se deberá constituir un Operador Público de Suelo, con autonomía y patrimonio propio, a partir del actual Programa de Generación de Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda.

• Establecer un fondo para el financiamiento de un plan de investigación, innovación y normalización en vivienda y construcción, buscando la introducción de sistemas constructivos, modelos de gestión y procesos productivos más eficientes, más seguros y más económicos. Este fondo se constituirá con fondos disponibles en el SENCICO, entidad a cargo de la investigación, la normalización y la capacitación en el sector, cuyo modelo de gobernanza deberá ser radicalmente modificado.

• Disponer la implementación de una plataforma de digitalización de los procesos municipales de licencias de construcción, dirigida a agilizar y hacer más predecibles los trámites, identificar debilidades en los procedimientos y en las entidades públicas, generar información para la toma de decisiones de actores públicos y privados y reducir la corrupción. Esta plataforma puede ser autofinanciada, por lo que podría encargarse al sector privado su implementación.

1. Fortalecer el combate contra las organizaciones criminales que actúan en el sector construcción para lo cual es necesario reforzar a las unidades policiales y judiciales que se encargan de estas tareas. Ello implica entender que estas organizaciones han diversificado sus actividades delictivas, lo que exige enfatizar acciones de inteligencia (incluyendo aquellas dirigidas a «seguir la ruta del dinero»), prevención (incluyendo la depuración de registros sindicales, el monitoreo de obras, y la coordinación de acciones de vigilancia in situ), represión (a través de infiltración en las organizaciones criminales) y sanción (sobre todo a través de centros de flagrancia y denuncias de oficio)

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) desarrolla un paquete integral de acciones para fortalecer los servicios de agua potable y saneamiento en la UE 002 Servicios de Saneamiento Tumbes.

Destacan intervenciones que abarcan desde la búsqueda de nuevas fuentes de agua, la rehabilitación de plantas y estaciones de bombeo, inversiones para emergencias, fortalecimiento comercial y asistencia técnica para la puesta en operación de sistemas paralizados, medidas que buscan mejorar la continuidad, calidad y sostenibilidad del servicio en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

Uno de los avances más relevantes corresponde al proyecto de pozos exploratorios en Bocapán, que permitirá atender a las localidades de Contralmirante Villar. Tras los estudios geofísicos concluidos, se definió la perforación del pozo piloto PZ-1 y se gestiona el saneamiento físico-legal de los terrenos con la municipalidad y la licencia ante la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

En paralelo, el OTASS realiza la asistencia técnica a la Municipalidad Provincial de Tumbes, para concretar la rehabilitación de la PTAP Los Cedros en Corrales, culminándose el levantamiento de información y la elaboración de especificaciones para renovar el equipamiento electromecánico y ejecutar una evaluación integral de la planta, a fin de mejorar el abastecimiento a la zona sur de Tumbes.

Se renovaron equipos y tableros de las cámaras de bombeo de San Juan de la Virgen y Puerto Pizarro Norte. En diciembre se recibirán cinco nuevas electrobombas para la Galería Pampas de Hospital y la Estación de Rebombeo al Reservorio Mirador, junto con la modernización de sus tableros eléctricos. Además, está programada la renovación de equipos y tableros en las cámaras de Campo Amor, Aguas Verdes y Puerto Pizarro Sur.

También en el alcantarillado

El avance incluye también el fortalecimiento de la infraestructura crítica de alcantarillado. La Cámara de Bombeo de Desagüe Coloma cuenta con asistencia técnica para su IOARR, con estudios topográficos y eléctricos en curso, además de mejoras orientadas a reducir riesgos operativos. A ello se suma la dotación de motobombas, herramientas y equipos livianos, que fortalecen la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas.

En el ámbito comercial, el OTASS acompaña procesos que permitirán reducir el Agua No Facturada (ANF) mediante la regularización de conexiones, la gestión de cobranza a más de 5,000 usuarios morosos y las 13,352 inspecciones concluidas para la instalación de medidores. Este componente es esencial para garantizar sostenibilidad financiera y mejorar la recaudación de la UE Tumbes.

Con más de 48 mil m³ de agua distribuida mediante la estrategia Hidrojets y Cisternas, 274 km de redes de alcantarillado limpiadas y múltiples acciones técnicas en curso, el OTASS reafirma su rol como entidad especializada que acompaña a las prestadoras del país en la mejora de sus sistemas, asegurando intervenciones que permiten reducir brechas estructurales y fortalecer el servicio para la población de Tumbes