Las empresas energéticas lograron la mayor cantidad de formalizaciones en su historia como parte de su estrategia para combatir el hurto de energía en diferentes regiones del país. Las comunas más afectadas son Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo.
En una iniciativa conjunta para frenar el hurto de energía, las empresas CGE y ALTO Chile han presentado 807 querellas en lo que va de este año y logrado la formalización de 54 personas, un récord en el sector eléctrico chileno.
Esta estrategia integral combina acciones legales, técnicas y comunicacionales, y ha mostrado resultados alentadores en la lucha contra este delito que afecta a millones de ciudadanos y a la infraestructura del país. El hurto de energía, considerado un delito sancionado por la legislación chilena, tiene consecuencias graves para el sistema eléctrico y la economía.
En la concesión que abarca desde Arica y Parinacota hasta La Araucanía, donde CGE presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, los perjuicios económicos alcanzan los 2.700 millones de pesos. La cantidad de kilowatts/hora hurtados supera los 25 millones, suficiente para suministrar cerca de 140 mil hogares durante un mes completo.
Avances en acciones legales y resultados alcanzados
Hasta ahora, las compañías eléctricas enfrentaban dificultades para avanzar en acciones legales firmes contra los infractores. Sin embargo, la colaboración entre CGE y ALTO Chile ha cambiado el panorama, logrando una cifra inédita de formalizaciones. La clave del éxito ha sido la capacidad de ALTO para individualizar a los responsables, así como la coordinación para recopilar evidencia técnica de manera efectiva.
Ernesto Peñafiel, director de servicios jurídicos de CGE, afirmó que:
“La comunidad debe comprender que los mayores afectados por este delito son los mismos vecinos, sobre todo en casos excepcionales como catástrofes naturales, donde se vuelve realmente importante contar con un servicio fundamental como la energía eléctrica. El objetivo de estas formalizaciones es generar un efecto disuasivo y así disminuir el hurto de energía en todas las zonas del país donde operamos”.
Por su parte, Eduardo Hernández, Gerente Legal & Compliance de ALTO Chile, destacó la importancia de los avances legales:
“Un primer desafío como querellantes en la persecución de estos delitos es lograr la formalización de los responsables en tribunales, ya que habitualmente se trata de querellas que inician con un imputado no identificado, y el proceso de investigación puede ser extenso. Que hoy alcancemos 54 formalizaciones demuestra que sí es posible avanzar en el plano judicial y buscar sanciones a quienes cometen este delito”.
Las comunas más afectadas por el hurto de energía, según datos de CGE, son Curicó, Talca, Rancagua, San Bernardo y Coquimbo. La zona sur concentra el 38,3% de las querellas, seguida por la zona centro con el 37,5%, y la norte con el 24,2%.
El hurto de energía también representa un riesgo para la seguridad pública, ya que las conexiones ilegales pueden causar fallas en la red durante situaciones de emergencia, dificultando la recuperación y poniendo en peligro la integridad de los servicios básicos. La interrupción del suministro en momentos críticos puede agravar las situaciones de desastre y complicar la atención a la ciudadanía.
Campañas de concientización y llamado a la comunidad
El trabajo conjunto entre CGE y ALTO no solo se centra en la persecución legal, sino también en campañas de concientización dirigidas a la comunidad. Ambas empresas buscan educar sobre los peligros y sanciones del hurto de energía, promoviendo una cultura de respeto y legalidad en el uso de la red eléctrica.
Finalmente, Eduardo Hernández enfatizó que:
“Es importante entender que ‘colgarse’ de la red eléctrica no es una acción audaz, sino un delito tipificado en la ley y que trae aparejadas sanciones claras. Por eso, junto a CGE estamos impulsando campañas educativas para que la comunidad comprenda que este acto perjudica al sistema eléctrico y a la comunidad”.
Finalmente, la alianza entre CGE y ALTO continúa reforzando sus acciones tanto en el plano legal como en el comunitario, promoviendo la seguridad, la calidad del servicio y el compromiso ciudadano. La lucha contra el hurto de energía es un esfuerzo conjunto que busca proteger a las familias, las comunidades y los recursos del país, en pos de un sistema eléctrico más justo y sustentable.
