Día: 3 de noviembre de 2025

¡Nuevas áreas verdes y de esparcimiento para vecinos de Pachacamac! El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a través del Programa Nuestras Ciudades (PNC), firmó un convenio con la Municipalidad Distrital de Pachacamac, para la gestión del financiamiento del saldo del costo actualizado del proyecto del Eco-Parque de Pachacamac.

Se trata de una obra que impulsará el desarrollo de actividades de recreación y esparcimiento en el distrito, con una inversión de más de S/25 millones. El Eco-parque contará no sólo con áreas verdes, sino también con sistemas de riego, piletas y graderías, así como rampas, senderos y sardineles que cumplen con los criterios de sostenibilidad ambiental y accesibilidad universal, asegurando la inclusión de personas con discapacidad y adultos mayores.

“Esta obra tiene como finalidad recuperar y poner en valor los espacios urbanos, ofreciendo una infraestructura que promueva el esparcimiento, la cultura y el dinamismo económico local, en beneficio de todos los vecinos de Pachacamac y quienes lo visiten”, sostuvo el ministro de Vivienda durante la firma del convenio.

Este proyecto fue elaborado por la municipalidad de Pachacamac y contó con la asistencia técnica del PNC del MVCS durante su proceso de evaluación. A la fecha, el proyecto cuenta con opinión técnica favorable por cumplir con la normativa técnica vigente y encontrarse alineado con los objetivos estratégicos, metas e indicadores del Sector Vivienda.

Entre los servicios incorporados al Eco-parque se incluyen también un mirador, un anfiteatro, servicios higiénicos, estacionamientos, muros de contención y un módulo de guardianía.

Durante su ejecución se prevé la generación de empleo temporal con mano de obra local, contribuyendo al dinamismo económico del distrito. De esta manera, el Gobierno impulsa el trabajo articulado con los gobiernos locales para la ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población.

La economía peruana mantiene un desempeño sólido impulsado por la demanda interna, según el más reciente informe de Renta4 SAB, titulado “Temporada de Resultados 3T25: La demanda interna sostiene el ciclo, mientras la minería se normaliza”. El estudio destaca que el consumo privado, la construcción y el comercio continúan sosteniendo el crecimiento, compensando la desaceleración del sector minero y mostrando resiliencia frente a un entorno global más desafiante.

Renta4 proyecta un crecimiento de 5 % en ingresos empresariales para el tercer trimestre, aunque con una contracción de 17 % en el EBITDA y 22 % en utilidades netas, lo que refleja un proceso de normalización tras varios trimestres de expansión. “El dinamismo de la demanda interna sigue siendo el principal soporte del ciclo económico. El consumo privado, que representa cerca del 65 % del PBI, continúa impulsado por el empleo formal, la mejora de la masa salarial y el crédito al consumo”, explicó César Huiman, analista senior de la firma.

El reporte subraya que la minería conserva un papel clave en la economía, respaldada por precios internacionales todavía favorables —con el oro al alza en 17 % y el cobre en 4 %—, aunque los resultados del sector muestran una normalización de márgenes y utilidades tras la elevada base de comparación del año anterior. En este contexto, empresas como Volcan y Buenaventura mejoraron su rentabilidad, mientras Minsur fortaleció su posición financiera con una sólida generación de caja.

En los sectores vinculados al consumo, Alicorp destacó por la recuperación del negocio acuícola y las líneas B2B, y en el retail, InRetail se benefició del repunte del empleo formal. Estos rubros, junto con la construcción, continúan siendo los principales motores del crecimiento interno y se perfilan como ejes para sostener la expansión del PBI hacia el cierre del año.

Finalmente, Renta4 advierte que la apreciación del sol y las limitaciones en la ejecución del gasto público podrían moderar la inversión privada en los próximos meses. No obstante, la estabilidad macroeconómica y los precios favorables de los metales siguen actuando como factores de soporte, permitiendo mantener una perspectiva constructiva para el cierre de 2025.

Grupo Dynacor Inc. (TSX: DNG) («Dynacor» o la «Corporación»)se complace en ofrecer información actualizada sobre su plan de expansión en África Occidental y América Latina. Se espera que la expansión de la Corporación genere más de US$ 1000 millones en ventas para el 2030, lo que supone un aumento de más del 250% con respecto a las ventas del 2024.

Avances recientes

• Senegal: la construcción de la planta piloto de 50 tpd en Senegal continúa según lo previsto. Los primeros envíos de la planta modular han salido de Durban y se espera que lleguen al emplazamiento a mediados de noviembre. La entrega por fases de los contenedores restantes en el emplazamiento continuará hasta enero.

Se ha movilizado al contratista de la construcción para los trabajos en el emplazamiento, incluida la carretera de acceso y el desbroce de la zona de la planta. Los trabajos de ingeniería para el estanque de residuos avanzan, basándose en el programa de perforación geotécnica ya completado.

• Ecuador: la integración de la filial de la Corporación en Ecuador continúa en tres frentes: organizativo, operativo y comunitario.
  • Estructura corporativa: el marco corporativo en Ecuador sigue avanzando, especialmente en lo que respecta a los sistemas bancario, fiscal y jurídico. Entre las prioridades a corto plazo se encuentran el cambio de nombre y estatus de la empresa. Se sigue trabajando en el Acuerdo de Protección de Inversiones (IPA). Además, Dynacor tiene previsto abrir una oficina en Quito para consolidar su presencia.
  • Renovación operativa: se han realizado evaluaciones técnicas de la planta tanto por parte interna como externa, y los resultados coinciden. Se ha iniciado el proceso de solicitud de presupuestos para algunos elementos, y se espera que en diciembre se lancen las licitaciones para los contratos más importantes, como el de ingeniería, procura y gestión de la construcción (EPCM).

• Participación de las partes interesadas: en setiembre se llevó a cabo un proceso de participación comunitaria durante de tres semanas, con el fin de informar a la comunidad de Svetlana sobre la ubicación de la planta y el plan de gestión medioambiental de Dynacor. El proceso ya ha concluido y se espera la aprobación formal del Ministerio de Medio Ambiente y Energía de Ecuador. Como parte de su compromiso de construir una relación de confianza a largo plazo, Dynacor ha comenzado a participar y a planificar eventos comunitarios, así como a impartir formación sobre gestión de residuos a los residentes locales.

• Ghana: Se están preparando propuestas formales para Goldbod y las agencias gubernamentales de Ghana con el fin de que las operaciones propuestas por Dynacor se clasifiquen correctamente dentro del marco legal y fiscal del país.

El Lote 192, el más grande del Perú, vuelve a quedar envuelto en incertidumbre. La posibilidad de su reactivación se ha visto nuevamente frustrada tras conocerse que Perupetro decidió descalificar a Upland Oil & Gas LLC Sucursal Perú, la empresa que Petroperú había seleccionado como su nuevo socio estratégico para poner en marcha la producción.

De acuerdo con fuentes del sector, la decisión fue adoptada por Perupetro, entidad encargada de la firma y supervisión de los contratos de hidrocarburos en el país. La empresa estatal había apostado por Upland Oil & Gas —de capitales peruanos, estadounidenses e ingleses— para asumir el 79 % de participación en la operación del lote, mientras que Petroperú mantendría el 21 % restante.

Según una carta enviada el 30 de octubre por Perupetro a Upland, a la que accedió Gestión, la descalificación se produjo debido a que la solvencia económica y financiera presentada por la compañía no sería suficiente para respaldar su participación en el contrato de licencia. La misiva fue firmada por el gerente general (e) de Perupetro, Carlos Pantigoso, quien precisó que, si bien Upland acreditó su capacidad legal, no logró subsanar las observaciones relacionadas con su respaldo financiero.

El documento detalla que un informe de solvencia financiera elaborado el 7 de octubre por la clasificadora JCR Latam indicaba que Upland disponía de recursos para cumplir compromisos de inversión por US$ 147.5 millones. Sin embargo, Perupetro solicitó información adicional, específicamente los contratos y acuerdos con el Grupo Coril, que debían detallar las condiciones del financiamiento que sustentaba su línea de crédito.

Perupetro señaló además que la información enviada por Upland en julio de 2025 no coincidía con lo reportado por JCR Latam, y que la empresa no entregó la documentación complementaria solicitada para confirmar la disponibilidad real de los fondos. Por ello, concluyó que la solvencia demostrada era “insuficiente para acreditar la capacidad económica y financiera necesaria para asumir la participación mayoritaria en el contrato”.

Frente a esta decisión, Upland Oil & Gas planea apelar y solicitar una revisión ante el Directorio de Perupetro, argumentando que la entidad ha actuado de manera injustificada. La compañía sostiene que JCR Latam no estaba obligada a revelar información adicional requerida por Perupetro, ya que se trata de datos confidenciales que solo deben ser compartidos con la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) o el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Cabe recordar que Gestión ya había advertido sobre riesgos en el proceso de selección del socio para Petroperú. Entre ellos, las infracciones ambientales graves y muy graves atribuidas por el OEFA a Upland durante su operación de los lotes XXIII y XXIV, en el norte del país. A pesar de ello, la empresa fue seleccionada mediante negociación directa durante la gestión de Alejandro Narváez, entonces presidente de Petroperú.

El proceso había sido cuestionado también porque el Ministerio de Energía y Minas (Minem) había recomendado que la elección del socio se realizara mediante un concurso público, lo que finalmente no ocurrió. Esta no es la primera vez que el proyecto enfrenta un revés: en febrero de 2025, la empresa canadiense Altamesa Energy, primer socio designado por Petroperú, abandonó el lote, dejando inconclusos los trabajos de reactivación.

Cuatro años después de haber cesado operaciones en febrero de 2020, el Lote 192 —considerado clave para la producción nacional de crudo— permanece paralizado, sin una fecha clara para su reactivación. La situación actual agrava la incertidumbre sobre el futuro del proyecto y sobre la capacidad de Petroperú para atraer inversionistas en medio de un contexto de fragilidad financiera y cuestionamientos institucionales.

Asumir la remediación de los más de 50 mil pasivos ambientales mineros (PAMs) vinculados a las inscripciones vencidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) podría significar para el Estado peruano un costo superior a los US$ 25 mil millones. Así lo advirtió Raúl Benavides, director de Compañía de Minas Buenaventura, en su exposición “Pasivos ambientales y cierre de minas: Retos y oportunidades”, durante el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El especialista explicó que la magnitud del problema debe llamar a la reflexión sobre la urgencia de implementar una estrategia integral de gestión ambiental que involucre al Estado, la empresa privada y la academia. “El costo superaría los US$ 25,000 millones, una cifra equivalente a casi el 30% de las reservas internacionales del país”, manifestó en el auditorio del IIMP.

Esfuerzo prioritario

El ejecutivo señaló que, según el Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas (Minem), se han identificado 6,001 PAMs a nivel nacional, de los cuales 3,346 no están siendo gestionados. Sin embargo, precisó que hay un grupo de PAMs que deberían ser prioritarios.

“De ese total, unos 238 presentan un riesgo alto y muy alto, por lo que deberían ser el foco principal de intervención. Esos son los pasivos ambientales que pueden hacer daño a las personas, al ambiente y a la sociedad en conjunto, ahí tenemos que concentrar los esfuerzos”, sostuvo Benavides.

El ingeniero de minas aseveró que remediar los pasivos ambientales generados por las operaciones mineras puede costar en promedio alrededor de US$500 mil, “no es una tarea menor ni gratuita”.

De otro lado, Benavides remarcó que el cierre de una mina busca garantizar la estabilidad física, química, hidrogeológica, biológica y social de las áreas intervenidas, evitando impactos residuales y promoviendo su reutilización futura.

Lentitud en el proceso

El especialista resaltó que el proceso de cierre de minas requiere una revisión para hacerlo más eficiente. Señaló que los costos de mantenimiento post cierre son elevados, y la certificación de cierre final muchas veces tarda décadas. En ese sentido, cuestionó la lentitud del proceso, pues sólo 7 minas han obtenido certificación de cierre desde la implementación de las leyes sobre pasivos ambientales mineros y cierre de minas.

“Prácticamente, en más de 20 años de contar con las leyes de PAMs y de cierre de minas, sólo se han emitido 7 certificados. Quiere decir que los encargados de esto se quedan con estos pasivos a cargo y tienen que seguir viéndolos por más de 20 años, si no hacemos algo esto va a ser una responsabilidad perpetua”, aseveró.

Benavides culminó su ponencia destacando la importancia de agilizar los procesos y optimizar el uso de recursos con el fin de orientarlos hacia proyectos de rehabilitación que generen mayor impacto y beneficio para el entorno.