A partir del 5 de octubre de 2025, un cambio fundamental transformará el sector inmobiliario en Chile: la Calificación Energética de Viviendas (CEV) se volverá obligatoria para todos los proyectos nuevos. Tras más de una década como una iniciativa voluntaria, esta medida no debe ser vista como una simple regulación, sino como un paso decisivo hacia un estándar constructivo superior que beneficiará directamente a las familias, al medio ambiente y a la propia industria.
El mayor impacto será para los futuros propietarios. Una vivienda con alta calificación energética es sinónimo de ahorro concreto en las cuentas de servicios básicos, producto del uso de la calefacción, iluminación y agua caliente. Pero el beneficio va mucho más allá del bolsillo; implica una mejor calidad de vida. Un hogar energéticamente eficiente ofrece un mayor confort interior y está diseñado para minimizar problemas de humedad, condensación y hongos, mejorando la salud de sus habitantes. Como desarrolladores con experiencia en la implementación de estos estándares en el sur del país desde el año 2009, hemos sido testigos de primera mano de cómo estas mejoras son cruciales para las familias en zonas con climas fríos, donde el gasto en calefacción representa una parte importante de su presupuesto mensual. La CEV otorga una herramienta objetiva y exigible para que las personas tomen una decisión de compra informada, comparando el desempeño real de sus futuros hogares.
Para la industria, este es el desafío de establecer un «desde» común que eleve la calidad constructiva general. Lejos de partir de cero, el sector ya ha mostrado un interés genuino, con más de 170.000 viviendas calificadas voluntariamente hasta la fecha. Además, el mercado financiero está alineado: diversas instituciones ya ofrecen tasas de interés preferenciales y créditos hipotecarios verdes para viviendas eficientes, considerándolas inversiones más seguras y responsables. Estas opciones, que pueden complementarse con subsidios estatales, crean un ecosistema que incentiva la construcción y adquisición de proyectos sostenibles.
La obligatoriedad de la CEV no es una carga, sino la consolidación de un camino hacia la excelencia. Fomenta una industria más responsable, contribuye a la lucha contra el cambio climático al reducir el consumo de energía y las emisiones y, lo más importante, pone en el centro el bienestar económico y la salud de las personas. Es una oportunidad para construir no solo viviendas, sino hogares verdaderamente preparados para el futuro.
