La aparición de nuevas consultas previas llevará a que una megavía en el Valle del Cauca tenga importantes retrasos, sobre todo en algunos tramos que estaban previstos para arrancar en el corto plazo.

Así lo confirmó Miguel Acosta, gerente de la Unión Vial Camino del Pacífico, que opera la carretera Buga – Buenaventura.

El ejecutivo anunció que, aunque cuentan con el financiamiento para continuar con la construcción, les falta completar unos trámites de consultas previas de la mano con el Gobierno Nacional, lo que atrasaría la obra hasta por ocho meses.

“Ya iniciamos la etapa de construcción, de manera que con el aseguramiento de los recursos solo falta finalizar unos trámites de consultas previas que nos han notificado hace un par de meses, que debe ser necesario adelantarse de la mano del Gobierno Nacional desarrollado en los próximos meses”, afirmó el gerente.

Además, indicó que, una vez finalicen esos trámites, procederán con las licencias ambientales, que en total son nueve para concluir la construcción de la doble calzada que conecta el centro de Colombia con el puerto de Buenaventura, el principal de Colombia.

¿En qué consisten las consultas previas para la megavía en el Valle del Cauca?

Acosta explicó a este medio que este tipo de solicitudes tienen un tratamiento definido en el contrato. “Cuando sale una consulta previa, como nos acaba de ocurrir con estas seis nuevas que acaban de salir, precisamente es la labor entrar a hacerlas”.

Y agregó: «Esto ya es parte de una banda de riesgos financieros que tiene el contrato de concesión, lo cual se desarrolla de la mano con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.

Como parte del proceso, señaló que pueden durar entre cuatro a ocho meses, dependiendo de la complejidad que se presente en las comunidades, para posteriormente ser incluidas en el licenciamiento ambiental, proceso a los que se pueden sumar un par de meses.

“A pesar de que estas unidades funcionales están cubiertas contractualmente, nos implicarán unos retrasos de aproximadamente seis a ocho meses, inclusive en algunas unidades funcionales como los dos túneles nuevos, por ejemplo, que debemos desarrollar en este proyecto”.

Obras que avanzan en el proyecto Buga – Buenaventura

A pesar de los retrasos que habrá en algunos tramos, Acosta resaltó los avances que han logrado, y que están estipulados en el contrato del proyecto, el cual ya cuenta en la figura de cierre financiero con $3,66 billones.

“Tenemos una gran noticia y es que este año ya estamos poniendo a disposición de la ANI la unidad funcional 18, es decir, la rehabilitación de los pavimentos e instalación de los Sistemas Inteligentes de Transporte, que no son más que la fibra óptica, los postes SOS y toda la interconectividad que debe tener este sector (…). Ya están siendo revisados y midiéndose los indicadores por parte de la interventoría para tener noticias antes de finalizar el 2025”.

Así las cosas, para el próximo año la concesión espera haber resuelto las situaciones de consultas previas y finalizado las modificaciones a las licencias para proceder con la construcción de dos túneles nuevos.

“Hay un sector muy importante llegando a Buga donde ya pudimos lograr una conciliación ambiental. Este es un sector donde la doble calzada también ya está iniciando su construcción”, concluyó Miguel Acosta, gerente de la Unión Vial Camino del Pacífico.

Desde el pasado 3 de octubre, entraron en vigor las tarifas diferenciales en los peajes vía al Llano, medida adoptada por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el propósito de mitigar el impacto económico que enfrentan los transportadores y residentes del corredor Bogotá–Villavicencio, afectado por la emergencia del kilómetro 18.

La resolución establece descuentos temporales en los peajes de Boquerón I, Boquerón II, Pipiral y Naranjal, que aplican para todas las categorías vehiculares. La reducción se mantendrá durante dos meses o hasta que el tramo afectado opere nuevamente.

La medida beneficia tanto a automóviles particulares como a vehículos de carga y transporte pesado.

Así quedaron las nuevas tarifas en los peajes vía al Llano

Para las categorías 1 a 3, que incluyen automóviles, camperos y buses pequeños, el descuento es del 30 %; mientras que para las categorías 4 a 7, que agrupan camiones y tractocamiones, la reducción alcanza el 50 %.

Con estos ajustes, las tarifas vigentes quedaron así:

• Boquerón I y Boquerón II: entre $13.230 y $19.670 para categorías 1 a 3, y entre $36.800 y $55.300 para categorías 4 a 7.

• Naranjal: entre $11.340 y $29.330 para categorías 1 a 3, y entre $31.000 y $46.150 para categorías 4 a 7.

• Pipiral: entre $18.480 y $36.260 para categorías 1 a 3, y entre $31.000 y $66.750 para categorías 4 a 7.

Estos valores ya se reflejan en los cobros electrónicos y manuales reportados por Coviandina, concesionario a cargo de la operación del corredor.

El presidente de la ANI, Óscar Torres, señaló que la decisión fue resultado de los acuerdos alcanzados con los transportadores de carga y comunidades locales tras el cierre de la vía ocurrido el 6 de septiembre.

Además de la tarifa diferencial, se suspendió temporalmente el control de peso en básculas para el transporte de carga, salvo en el caso de vehículos con carga extradimensionada.

El Ministerio de Transporte destacó que esta medida busca aliviar los costos logísticos y garantizar la conectividad con los Llanos Orientales, una región clave para el comercio, la ganadería y el turismo.

El beneficio también coincide con la semana de receso escolar, periodo clave para el turismo en el Meta. La Gobernación ha dispuesto medidas adicionales para facilitar la movilidad hacia los principales destinos turísticos y festivales de Villavicencio y Acacías.

Se cumple un mes del derrumbe en el kilómetro 18+600 de la vía al Llano, y las consecuencias económicas y sociales se sienten con fuerza en los municipios de Cundinamarca. El gobernador Jorge Emilio Rey advirtió que las pérdidas son significativas y que la recuperación “aún tomará un buen número de semanas”.

Golpe al campo y al comercio local

Según Rey, el mayor impacto económico se ha concentrado en el transporte y la comercialización de productos agropecuarios. Los costos de los fletes aumentaron entre un 30 % y 50 %, dependiendo del tipo de cultivo, mientras que los precios de los insumos agrícolas y alimentos para animales subieron entre un 20 % y 30 %.

Entre los productos más afectados están la papa criolla, la mazorca, las hortalizas, el tomate, el limón y el cilantro. El comercio tampoco ha escapado a la crisis: cerca de 800 establecimientos reportan caídas críticas en sus ventas, lo que ha provocado cierres temporales o definitivos, especialmente en negocios cuya operación depende directamente del tráfico por la vía.

Se calcula que, desde el derrumbe, se han dejado de realizar 95.000 viajes de carga. Además, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) advirtió que podría haber una reducción de hasta 40 % en los envíos de pollo, lo que incrementaría los precios en las principales ciudades del país.

Un año después de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SuperServicios) interviniera a la empresa Air-e en la costa Caribe de Colombia, los resultados comienzan a sentirse en las tarifas de energía que rigen a los usuarios de esta región, según informó la entidad de vigilancia.

En línea con la SuperServicios, la tarifa de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira registró una reducción del 25 % entre agosto de 2024 y septiembre de 2025, pasando de $1.072 a $796 por kilovatio hora (kWh).

“El dato representa un hito histórico para una región que durante años ha enfrentado altas tarifas, deficiencias en el servicio y rezagos en infraestructura eléctrica”, manifestó el ente adscrito a la Presidencia de la República.

Y aseguró que el Gobierno Nacional ve esta disminución como “un cumplimiento directo de la promesa de garantizar “tarifas justas” para los habitantes del Caribe”.

El resultado de la intervención estatal de Air-e

Según explicó el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, el descenso en la tarifa es “un logro en materia de prestación de los servicios públicos en Colombia, y demuestra que el usuario puede ser el centro de la política energética sin comprometer la sostenibilidad del sistema”.

De acuerdo con el balance de la SuperServicios, la reducción posiciona a Air-e como la tercera tarifa más baja del país, ubicándose $106 por debajo del promedio nacional, que en septiembre fue de $902/kWh.

Este suceso, para la Superintendencia, se da tras un año de medidas correctivas implementadas por la Superservicios, con el acompañamiento del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la propia empresa.

Así las cosas, el descenso en el costo del kilovatio hora representaría un alivio para los cerca de 1,3 millones de usuarios de Air-e, especialmente en los estratos 1, 2 y 3, quienes destinan una porción significativa de sus ingresos al pago de servicios públicos.

Según testimonios de usuarios recogidos por la entidad, el ahorro permitirá liberar recursos para consumo básico en productos y servicios esenciales, contribuyendo a dinamizar la economía doméstica y local.

El ajuste tarifario fue posible gracias a la revisión estructural de los componentes de la tarifa, que incluyó:

• El desmonte del régimen tarifario especial aplicado en la región
• La revisión del cargo por comercialización, con reducción de sobrecostos
• La ampliación del plazo de la opción tarifaria, que dio mayor flexibilidad a los usuarios para el pago del servicio

Estas medidas, buscaban corregir las inequidades históricas del mercado eléctrico en la Costa Caribe, una de las zonas más golpeadas por los altos costos energéticos en el país, como se ha dicho anteriormente.

Con la intervención de Air-e y la posterior disminución del 25 % en la tarifa, el Ejecutivo asegura que “se cumple una de las promesas más reiteradas del Plan de Gobierno”.

La SuperServicios en su comunicado aseguró que continuará vigilando el cumplimiento de las metas de eficiencia y calidad del servicio en el Caribe colombiano.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tomó la decisión de caducar el contrato de concesión suscrito con la Sociedad Portuaria Las Américas S.A., luego de encontrar incumplimientos de sus obligaciones contractuales.

En 2015 la entidad le otorgó a la Sociedad Portuaria la concesión portuaria para la ocupación en forma temporal y exclusiva de bienes marítimos de uso público, para la construcción y operación de una terminal dedicada al cargue y descargue de graneles líquidos.

Esta concesión propuso, como su plan de inversiones, la construcción de un muelle en “T” de 187 metros de longitud conectado mediante un viaducto, la cual desde la fecha de suscripción del contrato a la fecha no se ha iniciado obra alguna.

“Encontramos un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales y una reiterada elusión en la ejecución del plan de inversiones, que nos avaló para iniciar en julio de 2024 esta actuación administrativa sancionatoria. Seguimos al pie de la letra los lineamientos del presidente Gustavo Petro de instar para que la infraestructura transforme los territorios y esté siempre al servicio de la comunidad”, indicó el presidente de la ANI, Óscar Torres Yarzagaray.

Cabe mencionar que el proyecto portuario estaba destinado a movilizar líquidos al granel de origen vegetal y mineral como aceite de palma, crudo e hidrocarburos derivados del petróleo, cada uno con su respectivo ducto.

Esta infraestructura estaba diseñada para el servicio público en general, con el objetivo de atender a personas naturales o jurídicas; exportadores, agencias marítimas, operadores portuarios, y todos los miembros de la comunidad portuaria y el sector de comercio exterior.

Multa para la Sociedad Portuaria Las Américas

Además de la declaratoria del incumplimiento grave y de la declaratoria de la caducidad del contrato, la Agencia ordenó el pago de más de US$13,4 millones como parte de los perjuicios ocasionados a la Nación.

En la misma línea inhabilitó a la Sociedad Portuaria para celebrar contratos con cualquier entidad pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, por el término de 5 años.

Es importante precisar que la declaratoria de caducidad del contrato no es una sanción al Distrito de Santa Marta, sino una potestad de la administración pública de dar por terminado un contrato estatal frente a contratistas gravemente incumplidos, como lo es el concesionario Sociedad Portuaria Las Américas S.A.

Para debatir la decisión adoptada, tanto la Sociedad Portuaria Las Américas S.A. como su aseguradora cuentan con el recurso de reposición, el que fue interpuesto y se encuentra pendiente de sustentar y de decidir.

La Concesión Vía Sumapaz puso en marcha un plan especial de movilidad y turismo con motivo de la Semana de Receso escolar, que se extenderá hasta el 13 de octubre. La estrategia se centra en la vía Bogotá–Girardot, uno de los corredores más transitados del país, que durante esta temporada recibe un flujo vehicular considerable por ser una de las épocas de mayor actividad turística y recreativa del año.

De acuerdo con las proyecciones de la concesión, cerca de 700.000 vehículos transitarán por esta carretera a lo largo del receso, lo que ha llevado a implementar medidas adicionales para garantizar seguridad, agilidad en los desplazamientos y adecuada atención a los usuarios.

El plan contempla la presencia de más de 100 uniformados de la Policía de Tránsito y Transporte ubicados en puntos estratégicos, con el fin de vigilar la circulación y atender eventualidades que puedan presentarse. A ello se suma la disponibilidad de 24 unidades especializadas en atención de emergencias, diseñadas para responder de manera oportuna ante accidentes o incidentes en la vía.

Uno de los aspectos destacados es el incremento del 180% en personal y equipos de recaudo en los peajes, con especial atención durante los denominados planes Éxodo y Retorno, momentos en los que se espera el mayor volumen de vehículos. Esta medida busca agilizar el paso por las estaciones de cobro y evitar largas filas que afectan la movilidad en el corredor.

En coordinación con la Secretaría de Movilidad de Soacha, también se dispuso la habilitación de un tercer carril en tramos de alta congestión, así como la implementación de un reversible entre los túneles Sumapaz y Boquerón. Estas acciones permitirán optimizar el flujo vehicular en ambas direcciones, reduciendo los tiempos de desplazamiento en jornadas críticas.

La vía como motor de turismo y desarrollo regional

No obstante, la estrategia de la concesión no se limita al componente vial. Dentro de la programación de esta temporada se desarrolló el panel “Turismo y comercio en movimiento: la nueva era de la vía Bogotá–Girardot”, un espacio en el que participaron entidades como ProColombia, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones (ACOLAP). El encuentro sirvió para resaltar cómo la modernización de esta infraestructura se ha convertido en un factor clave para impulsar el turismo, dinamizar la economía regional y fortalecer la competitividad de los municipios del Sumapaz y el Alto Magdalena.

Durante el evento, ProColombia presentó cifras que evidencian un crecimiento sostenido del turismo internacional en la región, con un aumento del 10% en el número de visitantes extranjeros entre enero y julio de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. A su vez, la Cámara de Comercio de Bogotá destacó la relevancia del corredor para el desarrollo de eventos de gran impacto, como la Media Maratón de Fusagasugá, programada para el 30 de noviembre, que espera recibir a 10.000 visitantes y generar plena ocupación hotelera en la localidad.

Por su parte, ACOLAP subrayó que la modernización de la vía ha favorecido la recuperación de los parques temáticos y de recreación, un sector que moviliza anualmente a cerca de 3 millones de personas en Colombia. Para esta temporada de receso, la ocupación hotelera y las reservas en dichos destinos superan el 90%, reflejando la relevancia de la vía Bogotá–Girardot no solo como una arteria vial de primer orden, sino también como un eje estratégico para la economía regional y el fortalecimiento del turismo.