Día: 1 de octubre de 2025

En la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, y el titular de la cartera Educación, Morgan Quero Gaime, expusieron los recursos asignados a sus sectores para el año fiscal 2026.

En ese sentido, congresistas de diversas bancadas plantearon observaciones, alertaron sobre brechas y pidieron precisiones respecto a la distribución y ejecución de fondos.

La congresista Digna Calle (PP) cuestionó que se minimice la gravedad de los pasivos ambientales mineros y consultó por los recursos destinados al cierre de estos sitios contaminados. En tanto, Eduardo Castillo (FP) demandó información sobre el sistema para la pequeña minería y la minería artesanal, que aún no cuenta con presupuesto definido.

El presidente de la comisión, Alejandro Soto (APP), reclamó que el gas de Camisea no llegue al Cusco pese a estar ubicado en esa región y denunció el abandono del Gasoducto Sur Peruano.

Por su parte, Nelcy Heidinger (APP) expresó su preocupación por los pasivos ambientales en Pasco; Germán Tacuri (JP-VP-BM) lamentó que no haya presupuesto para la masificación del gas en Ayacucho, y Eduardo Salhuana (APP) solicitó detalles sobre proyectos de electrificación rural en Madre de Dios y otros centros poblados del país.

En razón a ello, el ministro Montero informó que el presupuesto para la remediación de pasivos ambientales pasará de 47 millones de soles en 2025 a 120 millones en 2026, lo que permitirá atender casos de alto impacto como Carhuacayán.

Sobre la minería ilegal, precisó que se trata de actividades delictivas que serán combatidas con un enfoque articulado con los sectores interior y agricultura. En cuanto al Gasoducto Sur Peruano, explicó que los bienes vinculados al proyecto están sujetos a arbitrajes internacionales y que el Estado solo podrá disponer de ellos cuando concluyan dichos procesos.
Adelantó que se desarrollará un programa de masificación de gas natural licuado en Cusco, con la instalación de 13 plantas, una en cada capital provincia, para asegurar el abastecimiento progresivo en la región.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha dispuesto la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica el Decreto Supremo Nº 018-2017-EM, el cual establece disposiciones complementarias para simplificar requisitos y facilitar la obtención de incentivos económicos en el marco del Proceso de Formalización Minera Integral.

Esta medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 311-2025-MINEM/DM, publicada en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del diario El Peruano. El proyecto normativo y su exposición de motivos ya están disponibles en la sede digital del Minem: https://www.gob.pe/minem.

La publicación tiene como objetivo recibir comentarios, aportes u opiniones de la ciudadanía durante un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación oficial. Esta participación ciudadana busca enriquecer el proceso normativo con aportes técnicos y sociales.

Las contribuciones pueden ser enviadas físicamente a la Dirección General de Formalización Minera, ubicada en la Av. De Las Artes Sur Nº 260, distrito de San Borja, Lima; o virtualmente al correo electrónico: aportesdgfm@minem.gob.pe.

Finalmente, se ha encargado a dicha dirección general la recepción, sistematización y análisis de todos los aportes que se presenten. La norma lleva la firma del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha publicado un informe sobre la situación económica del Perú, centrando parte de su análisis en la petrolera estatal Petroperú. Según el organismo, la crítica situación financiera de la empresa, sumada a las repetidas inyecciones de capital del Estado, representa un riesgo creciente para la estabilidad fiscal del país.

Esta advertencia se alinea con lo ya señalado por Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe del Bank of America (BofA). En una entrevista reciente con Gestión, Müller explicó que si este año no se realiza una nueva transferencia de fondos a Petroperú y el resto de variables se mantiene estable, el Perú podría, “mecánicamente”, cumplir con su regla fiscal. Sin embargo, la posibilidad de evitar más aportes sigue siendo incierta.

El informe de la OCDE enfatiza que las reiteradas inyecciones de capital han respondido a la incapacidad de Petroperú para cumplir con sus obligaciones financieras, incrementando así los pasivos contingentes del Estado y reduciendo su margen fiscal. La organización internacional advierte que mientras no se implemente una estrategia creíble para restablecer la viabilidad de la empresa, el apoyo fiscal seguirá siendo un riesgo importante para el país.

En esa línea, la OCDE sugiere que una medida clave sería integrar a Petroperú al marco de propiedad del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), conforme a sus propias recomendaciones recogidas en el informe Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023. Esta integración permitiría reforzar la gobernanza y el control financiero de la empresa, alineándola con buenas prácticas internacionales.

El diagnóstico de la OCDE llega justo cuando se ha revelado que las pérdidas acumuladas de Petroperú superan el 50% de su capital social, lo que obligó a convocar a una sesión extraordinaria de la Junta General de Accionistas, integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Energía y Minas (Minem). A pesar de que el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, y el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, han negado que se contemple una nueva capitalización, diversos analistas dudan de que esa promesa pueda sostenerse.

Narváez, por su parte, ha intentado justificar el deterioro financiero señalando que gran parte de las pérdidas responden a decisiones ajenas a la gestión empresarial. “Estamos gastando US$ 112 millones para mantener operativo el Oleoducto Norperuano. Desde octubre de 2015, hemos dejado de recuperar US$ 1,080 millones por no facturar el IGV en la Amazonía”, declaró el último domingo, argumentando que, de no ser por estas obligaciones impuestas, la empresa estaría en azul.

Finalmente, la OCDE no desvincula la situación de Petroperú del panorama fiscal general del Perú. Subraya que, tras la pandemia, el país ha enfrentado déficits persistentes y que incumplió su regla fiscal por segundo año consecutivo en 2024. Para revertir esta situación, el organismo recomienda una consolidación fiscal creíble, basada en la reducción del gasto público —en especial la masa salarial estatal—, la eliminación de subsidios ineficientes y una reforma del sistema tributario. Dentro de ese plan, reestructurar integralmente Petroperú resulta clave para recuperar disciplina fiscal, mejorar la gobernanza y evitar nuevas presiones sobre las finanzas públicas.