El diálogo entre el ejido Carrizalillo y la minera canadiense Equinox Gold se derrumbó en su primer intento formal. La comunidad decidió abandonar la mesa de negociación tras acusar a la empresa de imponer interlocutores previamente vetados y condicionar la conversación. Este nuevo capítulo del conflicto evidencia la creciente tensión entre los pueblos originarios y los intereses extractivos internacionales en territorio mexicano.
El desencuentro ocurrió a mediados de septiembre, cuando ambas partes habían acordado reanudar el diálogo tras más de cinco meses de paro. Desde el 1 de abril, el ejido mantiene bloqueado el acceso a la mina Los Filos, uno de los proyectos auríferos más relevantes del país, ubicado en el municipio de Eduardo Neri. La suspensión de operaciones fue reconocida por la propia empresa, que atribuyó la medida al vencimiento del acuerdo de uso de tierras. Aunque la minera logró renovar convenios con las comunidades de Mezcala y Xochipala, el caso de Carrizalillo se ha convertido en un foco rojo para sus operaciones en México.
Lo que parecía una oportunidad para recomponer la relación terminó en ruptura. La comunidad denunció que Equinox presentó como representante a Hugo Vergara, operador ampliamente rechazado por su participación en negociaciones anteriores que, según el ejido, derivaron en división interna, presiones y vigilancia. La Mesa Ejidal pidió su inmediata retirada. La respuesta de la empresa fue condicionar su salida a la exclusión de uno de los asesores del ejido, lo cual encendió las alarmas entre los asistentes.
Los comuneros interpretaron este gesto como un intento de imponer condiciones a modo y despreciar los mecanismos de representación colectiva del pueblo. Un integrante de la asamblea, que pidió reservar su nombre por seguridad, compartió que “desde el primer minuto, la empresa llegó con la intención de controlar la mesa, no de escuchar”. La negativa de Equinox a modificar su equipo de negociación selló el fracaso del acercamiento.
Detrás de este conflicto hay una historia de fondo marcada por décadas de impactos acumulados. El ejido Carrizalillo ha denunciado en múltiples ocasiones los efectos negativos de la minería en su territorio: deforestación masiva, pérdida de tierras agrícolas, contaminación de manantiales y afectaciones a la salud de sus habitantes. Un informe de la organización Educa Oaxaca estima que más del 77 % del territorio ejidal ha sido transformado por las operaciones mineras desde que comenzaron los trabajos en Los Filos en 2007, primero por Goldcorp, luego por Leagold y ahora por Equinox Gold.
El actual paro no es el primero en la historia reciente del ejido. En 2014, la comunidad detuvo las actividades durante más de 80 días en protesta por incumplimientos de acuerdos por parte de la entonces operadora. En ese entonces, las demandas giraban en torno a la salud, el agua y el empleo. Diez años después, la situación parece repetirse, pero con un matiz más complejo: los ejidatarios sostienen que Equinox busca imponer un modelo de relación basado en la subordinación, sin respeto a la autonomía comunitaria ni a los derechos adquiridos.
Equinox Gold, por su parte, ha defendido su postura en comunicados oficiales. La empresa señaló que la suspensión de operaciones responde exclusivamente al vencimiento del contrato de tierra, e indicó que mantiene la disposición para dialogar, siempre que se garantice un marco “constructivo y respetuoso”. También informó que ha alcanzado acuerdos a largo plazo con otras comunidades vecinas, y que el caso de Carrizalillo representa la última pieza para reactivar el proyecto completo.
Sin embargo, las declaraciones públicas no han bastado para calmar los ánimos. A inicios de año, el ejido envió una carta abierta al CEO de Equinox, Greg Smith, en la que denunciaron actos de criminalización y campañas de desprestigio orquestadas por la empresa. En esa misiva, los campesinos relataron que la compañía había iniciado demandas por presunto despojo contra 125 ejidatarios, acciones que posteriormente fueron desestimadas por los tribunales por carecer de sustento.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han respaldado al ejido en su reclamo. La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) alertó sobre un patrón de hostigamiento y fractura social promovido por la empresa. En varios comunicados, denunció amenazas de muerte, vigilancia constante y presión política para acelerar convenios en condiciones desfavorables. La comunidad, en respuesta, ha mantenido su posición: no hay negociación sin respeto total a su estructura de representación, sin garantías de reparación por daños pasados y sin compromisos verificables en temas de salud, medio ambiente y desarrollo social.
Uno de los aspectos más preocupantes para Carrizalillo es el deterioro ambiental. Testimonios recabados por medios independientes describen cómo los arroyos cercanos han reducido su caudal y presentan signos de contaminación. Algunos comuneros reportan casos de enfermedades respiratorias y dermatológicas que asocian a la exposición prolongada al polvo y a los residuos mineros. La empresa ha negado en diversas ocasiones su responsabilidad directa en estos efectos, pero tampoco ha presentado públicamente un plan integral de remediación ambiental ni de cierre progresivo de mina, algo exigido por la Ley General de Equilibrio Ecológico.
Las autoridades estatales y federales han tenido una participación ambigua en el conflicto. Mientras la Secretaría de Economía federal ha reiterado que la solución debe pasar por el diálogo, el gobierno de Guerrero se ha mostrado ausente. Algunos ejidatarios denuncian que funcionarios locales han intentado presionarlos para aceptar los nuevos términos, lo cual ha aumentado la desconfianza. A pesar de ello, la comunidad mantiene su organización y ha logrado evitar fracturas internas, apoyándose en asambleas constantes y asesoría legal independiente.
A nivel internacional, el caso de Carrizalillo ha ganado visibilidad. Plataformas como MiningWatch Canada y OCMAL han documentado el conflicto como un ejemplo de la disparidad entre los estándares que las mineras cumplen en sus países de origen y los que aplican en América Latina. Se han enviado cartas a inversores y accionistas de Equinox para alertarlos sobre los riesgos reputacionales que implica operar sin licencia social. Hasta ahora, la respuesta de la empresa ha sido defensiva: mantiene su narrativa de apertura al diálogo, pero sin aceptar los términos que exige el ejido.
En este contexto, el futuro de Los Filos permanece en el limbo. La minera no puede operar sin el aval del ejido, pero tampoco parece dispuesta a ceder en puntos clave. Carrizalillo, por su parte, ha demostrado que la defensa del territorio va más allá de intereses económicos: se trata de preservar su dignidad, su salud y su forma de vida. La pregunta que queda en el aire es si Equinox entenderá que no hay minería posible sin consenso genuino y sin un profundo respeto por las comunidades que sostienen, con su tierra, el corazón de esta industria.
