Juanicipio impulsa a Pan American con reservas de plata de alta calidad en Zacatecas

Pan American Silver Corporation concluyó esta semana su adquisición de todas las acciones en circulación de MAG Silver Corporation mediante un plan de arreglo, operación que refuerza de inmediato su protagonismo en el sector global de plata al incorporar activos con alto potencial.

Esta compra otorga a Pan American una participación conjunta del 44 % en la mina Juanicipio ubicada en Zacatecas, operada por Fresnillo Plc. Además, la empresa asume la propiedad total del proyecto de exploración Larder y consigue un derecho de adquisición completo del proyecto Deer Trail.

Juanicipio aporta cerca de cinco millones de onzas de plata al año a la producción atribuible a Pan American, lo que representa un aumento aproximado del 22 % en su volumen de extracción. Este nivel de producción trae consigo flujos de caja libres estimados en 170 millones de dólares anuales, según análisis de mercado, y contribuye a reducir los costos operativos integrales (AISC).

Por su parte, la adición de Juanicipio suma 58 millones de onzas de plata en reservas atribuibles, además de unos 19 millones de onzas en recursos medidos e indicados, y unos 35 millones en recursos inferidos. La zona todavía ofrece posibilidades considerables de exploración, pues solo alrededor del 10 % de la propiedad ha sido explorado de forma intensiva.

En paralelo, los trabajos de exploración en la mina La Colorada, también en Zacatecas, revelaron nuevas vetas de alta ley que podrían ampliar la vida útil de la mina y mejorar su perfil económico. Se identificaron interceptaciones significativas en los sistemas de vetas Mariana y NC2, así como en las vetas Cristina, San Geronimo y otras estructuras menores, con extensiones tanto laterales como en profundidad.

Estas vetas presentan ejemplos destacables de mineralización: por ejemplo, en NC2 se reportó un intervalo de más de diez metros con valores superiores a 800 gramos de plata por tonelada, mientras que en Mariana hubo tramos con concentraciones mucho más elevadas. También se detectó un nuevo estilo de mineralización relacionado con zonas de contacto entre rocas volcánicas y sedimentarias en la parte sureste de La Colorada, lo que abre una vía adicional de exploración fuera de los cuerpos vetiformes tradicionales.

Analistas de instituciones como BMO Capital Markets y Canaccord Genuity califican esta adquisición como estratégica. Entre los beneficios estimados aparecen la mejora del flujo de efectivo, la diversificación de riesgos, y el fortalecimiento de la base de reservas con baja estructura de costos. Pan American también elevó su estimación de valor por acción derivada del reposicionamiento que le otorga este nuevo portafolio.

La adquisición se da en un momento en que los precios de la plata experimentan apreciaciones notables. Factores globales como expectativas de recortes en tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU., inflación persistente y debilidad relativa del dólar fortalecen la demanda del metal como refugio.

Minera Alamos obtiene US$98 millones y refuerza su presencia en el sector aurífero mexicano

Minera Alamos, con sede en Toronto, concretó una colocación de capital por US$98 millones, operación destinada a respaldar la adquisición de tres proyectos auríferos de Equinox Gold y acelerar su desarrollo en suelo mexicano.

La empresa financia con estos recursos tanto la compra de los activos como la exploración adicional necesaria para optimizar los descubrimientos y las posibles reservas. Este movimiento estratégico apunta a incorporar proyectos con alta expectativa geológica en regiones con antecedentes auríferos probados, apuntalando la cartera de oro de Minera Alamos en México.

Los activos adquiridos incluyen propiedades que ya habían mostrado intervención exploratoria, lo que reduce riesgos inherentes de etapas tempranas. Minera Alamos pretende asimismo acelerar las labores geofísicas, perforaciones y estudios técnicos tras la transición de propiedad.

Analistas del sector coinciden en que esta operación coloca a la minera en una posición más fuerte ante los retos actuales: costes operativos al alza, dificultades logísticas y presión creciente por estándares ambientales. Para Minera Alamos, el financiamiento externo aparece como vía viable para sostener proyecciones de producción sin comprometer liquidez, una ventaja competitiva significativa en el mercado global del oro.

La minería en Hidalgo: entre el legado de plata, la crisis del manganeso y la incertidumbre regulatoria

El derrame de jales que provocó la clausura de la mina Sago Import Export en Zimapán el pasado mayo no fue un evento aislado. Fue el síntoma más reciente y agudo de la compleja encrucijada que enfrenta la minería en Hidalgo: un sector anclado a una herencia histórica de la que es custodio y prisionero, y que hoy opera bajo un paradigma de riesgos económicos, sociales y regulatorios radicalmente nuevo.

Para una industria que forjó la identidad del estado, el futuro ya no se mide en la riqueza del subsuelo, sino en la capacidad de navegar un entorno operativo cada vez más restrictivo y vigilado.

Hidalgo, cuna de la minería industrial en México, mantiene una posición estratégica en el portafolio nacional. A pesar de que su época dorada como gigante productor de plata ha quedado en los anales de la historia, las cifras del Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2024 (con datos de 2023) confirman su relevancia. El estado se posiciona como el líder indiscutible en la producción de manganeso, con 183,180 toneladas, aportando la casi totalidad del volumen nacional. Además, se mantiene como un actor clave en la producción de metales base, ocupando el cuarto lugar en plomo (12,878 toneladas), el quinto en zinc (33,425 toneladas) y el octavo en cobre (981 toneladas), principalmente a través de concentrados polimetálicos.

Este rendimiento es sostenido por dos ejes geográficos y corporativos bien definidos. Por un lado, la región de Molango, dominada por las operaciones de Compañía Minera Autlán, que explota uno de los yacimientos de manganeso más importantes del continente. Por otro, el histórico distrito de Zimapán, donde un clúster de empresas, incluyendo a Santacruz Silver Mining, Carrizal Mining y Compañía Minera y Beneficiadora Purísima, extrae concentrados de plata, plomo, zinc y cobre. Tan solo en el segundo trimestre de 2025, la mina Zimapán operada por Santacruz Silver reportó una producción de 350,231 onzas equivalentes de plata.

A nivel macro, el sector minero nacional, según la Cámara Minera de México (CAMIMEX), genera 416,663 empleos directos y ostenta salarios un 34% superiores a la media industrial. Sin embargo, la ausencia de datos oficiales desglosados a nivel estatal sobre el número de empleos directos e indirectos en Hidalgo, así como sobre el monto de la inversión extranjera y nacional específica para el sector, representa un vacío de información significativo para cualquier análisis de riesgo o planeación estratégica. La contribución real al PIB estatal y al desarrollo local se infiere más de lo que se cuantifica.

 

El nuevo paradigma de la Ley Minera

El factor que define la estrategia operativa y la viabilidad de proyectos a mediano y largo plazo es, sin duda, la reforma a la Ley de Minería de mayo de 2023. Esta legislación reconfiguró drásticamente el mapa de riesgos. La eliminación del carácter de «actividad preferente» para la minería subordinó su desarrollo a otros usos del suelo y del territorio, un cambio conceptual con profundas implicaciones prácticas.

 

Los puntos clave de la reforma son:

  1. Exploración centralizada: La exploración de nuevos yacimientos se convierte en una facultad exclusiva del Estado, a través del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Las empresas privadas ya no pueden encabezar la búsqueda de recursos, lo que limita su capacidad para expandir sus reservas y planificar a futuro.
  2. Reducción de concesiones: La duración de las concesiones se reduce de 50 a 30 años, con una única prórroga posible de 25 años, sujeta a un estricto cumplimiento de nuevas y extensas obligaciones.
  3. Consulta y agua: Se introduce la obligatoriedad de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y afromexicanas, y se prohíbe explícitamente otorgar concesiones en áreas naturales protegidas. Adicionalmente, se eleva el nivel de exigencia para obtener concesiones de agua para uso industrial minero.

El impacto de esta reforma ya se refleja en las cifras nacionales de inversión. CAMIMEX reportó una caída del 11.5% en la inversión en exploración durante 2024. Para Hidalgo, esto sugiere que el futuro inmediato del sector no yace en proyectos greenfield, sino en la optimización, y a menudo en la conflictiva expansión, de las operaciones existentes.

 

Zimapán, un microcosmos de la tensión operativa

El municipio de Zimapán funciona como un laboratorio de las presiones que enfrenta la minería hidalguense. Aquí coexisten la alta productividad, la crisis ambiental y la inestabilidad social. El derrame de jales de la mina Sago Import Export en mayo de 2025, que contaminó un arroyo y fue denunciado por ciudadanos en redes sociales antes de provocar la intervención de la PROFEPA, es un caso de estudio sobre el riesgo ambiental agudo. La rápida clausura de la planta de beneficio demuestra una mayor capacidad de respuesta regulatoria, impulsada por la vigilancia social.

Apenas unos meses antes, en noviembre de 2024, la región fue escenario de un severo conflicto laboral. La disputa por la titularidad de los contratos de transporte de mineral entre sindicatos locales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Cemento escaló hasta paralizar las operaciones de al menos seis minas. El paro, que duró varios días, generó pérdidas millonarias y demostró la fragilidad de la cadena de suministro ante conflictos intergremiales, un riesgo social que va más allá de la tradicional dicotomía empresa-comunidad.

 

El pasivo ambiental, un riesgo latente y heredado

Si Zimapán representa la crisis aguda, el distrito minero de Pachuca-Real del Monte encarna el riesgo crónico. La región alberga más de 240 millones de toneladas de jales (residuos mineros), un pasivo ambiental heredado de siglos de explotación. Estos depósitos, ricos en metales pesados como arsénico y plomo, representan una fuente constante de contaminación de aire, suelo y agua.

Los intentos de remediación han sido técnica y socialmente complejos. El fallido «Proyecto Pachuca», que buscaba trasladar los jales a un geo-contenedor en el municipio de Epazoyucan, fue cancelado debido a una férrea oposición social. Este episodio subraya una realidad ineludible para cualquier operador industrial: la gestión de pasivos ambientales no es solo un desafío de ingeniería y financiero, sino principalmente de obtención de licencia social, incluso para proyectos de remediación.

 

El frente social y la licencia para operar

La licencia social para operar es, quizás, el activo más volátil y crucial en la minería hidalguense actual. El caso de Minera Autlán en la Sierra Hidalguense, documentado por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), es emblemático. Comunidades de los municipios de Lolotla y Molango han mantenido un conflicto de largo plazo con la empresa, denunciando la contaminación del río Claro con manganeso y otros metales, y atribuyendo a esta polución un aumento en enfermedades entre la población.

Esta realidad contrasta con las declaraciones corporativas. Tanto Autlán como Santacruz Silver, en sus reportes a inversionistas y secciones de sostenibilidad, destacan sus compromisos con los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza), detallando inversiones en manejo de agua, reducción de emisiones y programas de apoyo comunitario. Sin embargo, incidentes como la fatalidad de un trabajador en la mina de Santacruz en Zimapán en septiembre de 2023, o los conflictos persistentes en la Sierra, demuestran que la implementación de estas políticas en el terreno sigue siendo el principal desafío operativo y reputacional.

 

Legado y futuro, más allá del mineral

La paradoja de Hidalgo es que su profunda identidad minera es a la vez su motor y su ancla. El legado de los mineros de Cornualles del siglo XIX no solo se ve en la arquitectura del Panteón Inglés de Real del Monte o en la introducción del fútbol, sino que dio forma a una cultura de trabajo y una economía regional. El «paste», hoy ícono gastronómico, nació como el almuerzo práctico de aquellos mineros.

Hoy, ese legado se enfrenta a un futuro incierto. La combinación de una estricta nueva legislación que desincentiva la exploración, la creciente presión de las comunidades por un desempeño ambiental y social impecable, y la volatilidad inherente de los mercados de metales, configura un escenario de alto riesgo. El éxito en la minería de Hidalgo ya no depende de la pericia geológica para encontrar la veta, sino de la habilidad ingenieril y directiva para diseñar operaciones resilientes, gestionar pasivos históricos y, fundamentalmente, construir una relación de confianza verificable con una sociedad que exige más que solo empleos y regalías. La era de la extracción ha dado paso a la era de la negociación y la gestión del riesgo integral.

La seguridad minera: de bardas y guardias a un campo de batalla 4.0

La seguridad física en la minería ha dejado de ser una conversación sólo sobre perímetros y control de accesos para convertirse en una función estratégica de inteligencia y supervivencia.

Mientras que hace una década el robo hormiga y el sabotaje eran las principales preocupaciones, hoy las operaciones en regiones clave enfrentan una convergencia de amenazas que fusionan el crimen organizado transnacional, la insurgencia, la minería ilegal a escala industrial y la creciente vulnerabilidad de la tecnología operacional (OT) a ciberataques. La seguridad ya no es un costo operativo; es un pilar fundamental para garantizar la viabilidad del negocio y la licencia social para operar.

 

El nuevo campo de batalla subterráneo

América Latina se ha convertido en el epicentro de la amenaza más violenta. La estrategia de diversificación de los cárteles de la droga hacia la minería ilegal de oro ha transformado yacimientos en zonas de guerra. El oro, con un valor de más de 70,000 dólares por kilogramo en 2025, se ha vuelto el activo preferido para el lavado de dinero, superando en rentabilidad y discreción a la cocaína. El caso de la mina Poderosa en Pataz, Perú, es un crudo ejemplo: durante 2023 y 2024, una alianza de mineros ilegales y la organización criminal «La Jauría» desató una ola de ataques que culminó con el asesinato de 9 trabajadores, demostrando la ineficacia de los estados de emergencia declarados por el gobierno.

El análisis revela fallas sistémicas que facilitan esta violencia. En Perú, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) ha sido utilizado como un escudo por operadores ilegales para legitimar sus actividades. En Colombia, la mina de oro de Buriticá, operada por Zijin-Continental Gold, libra una guerra subterránea contra mineros ilegales controlados por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), quienes, según informes, han llegado a controlar hasta el 70% de los túneles, usando explosivos y tácticas de guerrilla.

 

De la amenaza física a la ciber-física

El panorama de riesgos es drásticamente distinto según la geografía. En África Subsahariana, el desafío radica en el nexo entre la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) y el financiamiento de grupos armados no estatales. La inestabilidad política y la porosidad de las fronteras facilitan el contrabando de minerales de conflicto, exigiendo a las empresas estrategias de seguridad centradas en el compromiso comunitario para aislar a los actores violentos.

En el otro extremo del espectro se encuentra Australia. Aquí, la principal amenaza no llega en una camioneta, sino a través de un cable de fibra óptica. Con operaciones altamente automatizadas y controladas desde centros remotos, la ciberseguridad de la OT es la máxima prioridad. Un ciberataque exitoso podría no solo detener la producción, sino sabotear equipos multimillonarios o, peor aún, provocar un desastre físico al tomar control de maquinaria pesada autónoma.

 

La respuesta integrada: tecnología y estrategia

Para contrarrestar estas amenazas, el sector ha adoptado un arsenal tecnológico sofisticado, articulado bajo el principio de las «4 D»: Disuadir, Detectar, Retrasar y Responder. La disuasión ya no se limita a las vallas; hoy se emplean sensores de fibra óptica que detectan vibraciones y cortes en perímetros de hasta 100 km con una precisión de metros. La detección se potencia con drones autónomos equipados con cámaras térmicas y sistemas de videovigilancia con analítica de IA que identifican comportamientos anómalos.

El control de acceso en zonas críticas se asegura con biometría avanzada —reconocimiento facial y de venas de la palma— que elimina el fraude de identidad. Todo este flujo de datos se centraliza en Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) remotos, donde equipos de expertos monitorean y coordinan respuestas en tiempo real.

 

Más allá de la fuerza: la licencia para proteger

Sin embargo, la tecnología por sí sola es insuficiente. La lección más importante de la última década es que la seguridad sostenible se basa en la legitimidad. Aquí es donde los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (PVSDH) se vuelven cruciales. El caso de la mina de oro Geita en Tanzania es emblemático. Pasó de ser un foco de conflicto con mineros ilegales a un modelo de éxito al implementar un plan de «Seguridad Mejorada por la Comunidad». La estrategia incluyó la capacitación de la seguridad privada en el uso proporcional de la fuerza, la creación de un diálogo permanente con líderes comunitarios y una inversión social estratégica, logrando reducir drásticamente las incursiones y la violencia.

En un entorno geopolítico marcado por la fragmentación de las cadenas de suministro y el nacionalismo de los recursos, como prevé Control Risks para 2025, la capacidad de una operación minera para protegerse de manera efectiva, ética y sostenible será un diferenciador competitivo clave. La resiliencia ya no se mide solo en la capacidad de extraer mineral, sino en la inteligencia para anticipar el riesgo y la legitimidad para operar en medio de él.

AMTC desarrolla tecnología avanzada para producción de litio y separación de magnesio desde salmuera

El Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de Chile presentó recientemente los resultados de su proyecto asociado al desarrollo del proceso “AMeLi”, consistente en un proceso de producción directa de hidróxido de litio (LiOH) con separación de magnesio desde salmueras de litio. Dicha iniciativa se enmarcó en el proyecto Fondef IDeA I+D ID23I10010, iniciado en julio de 2023, y se trabajó de forma colaborativa con la empresa Vipure.

AMeLi se ofrece como una solución para enfrentar el aumento de la demanda mundial por litio: un proceso de producción directa de LiOH desde fuentes de cloruro de litio a un menor costo de producción que reemplace las últimas etapas del tradicional método de refinación de litio desde la convencional evaporación en piscinas, además removiendo magnesio con un agente neutralizante que puede ser recuperado en el mismo proceso.

AMeLi se basa en un proceso integrado por membranas. “La aplicación integrada de procesos de separación por membranas basados en transferencia de materia, en particular contactores de membranas y membranas de intercambio iónico, proveerá una nueva tecnología competitiva frente a las opciones convencionales comerciales y a las alternativas en desarrollo. Esta innovación puede remover y recuperar más del 99% del magnesio y producir hidróxido de litio monohidratado de alta pureza (99.9%), de forma directa desde salmueras de salares ricos en litio o desde desechos que tengan altos contenidos de litio y magnesio, como la carnalita de litio”, dice el Dr. Humberto Estay, director ejecutivo del AMTC y además director de este proyecto.

Más en detalle, el proceso consiste de varias etapas: en las primeras tres se genera la precipitación de magnesio en la salmuera, recuperando el reactivo promotor de la precipitación, en la cuarta el cloruro de litio (LiCl) se convierte en hidróxido de litio y en la quinta se produce la cristalización. El proceso propone una solución basada en los principios de la hidrometalurgia circular, reduciendo etapas, recuperando reactivos y evitando el ingreso a la salmuera de nuevas impurezas desde los reactivos.

Las pruebas secuenciales en laboratorio lograron una remoción del 99% del magnesio e hidróxido de litio de grado batería.

En este momento el equipo de desarrollo de procesos (ProDevs) del AMTC está avanzando en optimizaciones del proceso que permitirán reducir el proceso a cuatro etapas para aumentar la regeneración del reactivo neutralizante hasta casi su totalidad. Luego se avanzará en el desarrollo piloto. Esta tecnología se puede acoplar de forma íntegra o en cada una de sus partes a las plantas futuras de extracción directa de litio, demostrando su versatilidad de uso.

Gestión de la energía: el rol de la ISO 50001 en el nuevo escenario regulatorio

La Ley de Eficiencia Energética estableció que cerca de 300 empresas catalogadas como grandes consumidores de energía deberán implementar un Sistema de Gestión de Energía (SGEn) bajo la norma internacional ISO 50001. Este estándar no solo busca optimizar el uso de la energía en los procesos productivos, sino también generar un impacto positivo en la sostenibilidad y en la competitividad de las organizaciones.

En un escenario donde la transición energética y la carbono neutralidad son prioridades para la industria, la certificación se proyecta como un requisito clave para mantenerse vigente en mercados cada vez más exigentes.

En esa línea, Juan Peñailillo, gerente general de Negawatt, destaca que la implementación de esta norma va mucho más allá de un cumplimiento normativo. “Muchas veces se ve la implementación de un SGEn como un requisito legal, pero su verdadero valor está en que alinea la cultura de optimización de recursos con el consumo de energía. Esto permite comprender cómo se relaciona la energía con la producción, visibilizar ineficiencias y generar iniciativas concretas de mejora que van más allá de la simple reducción de costos”, explica.

Desde una perspectiva práctica, la certificación bajo ISO 50001 facilita que las organizaciones integren la eficiencia energética en su gestión operativa, con resultados medibles y sostenibles en el tiempo. “La norma promueve la sistematización en la búsqueda de oportunidades, el uso de indicadores clave y la mejora continua en el desempeño energético”, añade el ejecutivo.

Además, esta visión integral abre puertas a nuevos negocios y financiamiento. “Contar con un Sistema de Gestión de la Energía certificado se convierte en una ventaja competitiva frente a otros actores del mercado. Hoy, muchos clientes y cadenas de suministro exigen a sus proveedores estándares de gestión energética que estén alineados con sus propias metas de sostenibilidad. Eso significa que, para acceder a ciertos contratos, licitaciones o financiamiento verde, esta certificación puede marcar la diferencia”, sostiene Peñailillo.

En un contexto en que la carbono neutralidad y la transición energética se han transformado en ejes estratégicos para empresas e industrias, la implementación de la ISO 50001 no solo permite cuantificar el aporte de la eficiencia, sino también posicionar a las organizaciones en un ecosistema de negocios más exigente y sostenible.

“Estamos frente a un cambio cultural profundo en cómo las empresas conciben la gestión de la energía. La norma ISO 50001 no es solo un marco técnico, es un catalizador que conecta eficiencia, competitividad y sostenibilidad”, concluye Peñailillo.

Solo el 22% de empresas aplica el diseño multidisciplinar en sus proyectos de construcción

Aunque está demostrado que ayuda a optimizar tiempos y disminuir fallas, el diseño multidisciplinar todavía tiene baja aplicación en la arquitectura y la ingeniería. Un estudio de Tech-Clarity reveló que apenas el 22% de las empresas lo utiliza en todos sus proyectos, pese a que quienes lo implementan consiguen propuestas más completas, menos omisiones y mayor eficiencia.

Este enfoque consiste en que arquitectos, ingenieros y especialistas trabajen de forma conjunta desde el inicio, compartiendo información en una misma plataforma. Así, se evitan sobrecostos, retrabajos y atrasos, aspectos clave en un escenario de obras cada vez más complejas.

Patricio Zapata, Gerente de éxito de clientes de Graphisoft en Latinoamérica, afirma: “La colaboración digital permite que arquitectos e ingenieros trabajen de manera integrada, reduciendo errores y logrando proyectos de mejor calidad, algo clave para que la industria chilena sea más competitiva a nivel internacional”.

Pese a sus beneficios, en Chile y Latinoamérica aún predomina una manera más tradicional de coordinar proyectos, basada en correos electrónicos o planos en PDF, mecanismos que suelen generar errores y dificultades de comunicación. De hecho, el informe muestra que 4 de cada 10 profesionales consideran la falta de comunicación como el principal obstáculo para cerrar con éxito un proyecto.

En contraste, en regiones como Norteamérica y Europa el avance hacia herramientas digitales como BIM (Building Information Modeling) ha sido más rápido. Estas plataformas permiten integrar en un único modelo toda la información del diseño y la construcción, favoreciendo la colaboración en entornos digitales y consolidando un nuevo estándar en la industria

BIM permite centralizar planos, modelos 3D, costos y cronogramas en un mismo sistema. Esto reduce errores, facilita la coordinación entre disciplinas y permite prever problemas antes de iniciar la obra, lo que impacta directamente en la eficiencia, los costos y los plazos de los proyectos.

Corfo y CChC Maule realizan jornada informativa para empresas del sector construcción

El gerente de la CChC Maule, Pablo Espinoza, destacó la relevancia de esta alianza: “Esta instancia que generamos con Corfo buscó potenciar el mensaje que queremos transmitir: generar un entorno asociativo que permita hacer uso de los instrumentos y el financiamiento que Corfo tiene a disposición, cosa que potencie nuestra industria. Nos interesa generar una masa crítica de empresas que puedan aprender, mejorar sus procesos constructivos y caminar hacia los métodos modernos y sustentables de construcción, que tanto interesan a nuestro gremio, a través de herramientas concretas como el Compromiso PRO y el Sello PRO”.

Por su parte, la directora regional de Corfo Maule, Sara Ramírez, subrayó la importancia de este vínculo para preparar a las empresas de cara a nuevas convocatorias: “Para nosotros como institución es de gran interés promover la construcción sostenible en la región. Por eso estamos difundiendo los instrumentos que hoy están dentro de nuestro Comité Productivo de Desarrollo Regional, para que las empresas puedan conocerlos y prepararse para postular a las convocatorias que vendrán en 2026. Estamos muy contentos de acercar Corfo al sector y aportar a una mayor competitividad en el futuro cercano”.

La jornada también contó con la visión de los propios empresarios, quienes valoraron el apoyo recibido. Jeannette Urrutia, de Ingeplan Limitada, comentó: “Necesitamos un apoyo así. Fue algo bastante innovador y nos da fuerzas para seguir emprendiendo y perfeccionándonos como empresa. Que la Cámara Chilena de la Construcción junto con Corfo nos brinden este respaldo desinteresado es lo que necesitamos los empresarios de la región: nuevas ideas, nuevos apoyos y la fuerza para seguir creciendo”.

La actividad forma parte del trabajo colaborativo que Corfo y la CChC Maule están impulsando para fortalecer la competitividad del sector, con énfasis en la sostenibilidad y la modernización de la construcción en la región.

Gremio local expuso sobre PRMC en comité de la CPC Biobío

El Comité de Infraestructura y Logística de la Cámara de la Producción y el Comercio (CPC Biobío) invitó al gremio local para exponer sobre los avances del Plan Regulador Metropolitano de Concepción (PRMC), actualmente en elaboración por parte del Gore Biobío. La reunión se desarrolló en Puerto Coronel.

El presidente del Comité de Infraestructura y Contratistas Generales de la CChC local, Richard Zapata, expuso un análisis sobre el estado actual del instrumento de planificación, que regirá para el Área Metropolitana de Concepción.

El dirigente abordó las principales modificaciones propuestas como el reordenamiento de las actividades productivas e industriales, dimensión ambiental y espacios verdes y vialidad metropolitana, entre otros.

“Hemos querido que todos los gremios asociados a la economía regional puedan conocer el estado y avances de este instrumento territorial. El PRMC involucra temas de interés como las zonas asignadas a las actividades productivas e infraestructura y también las nuevas infraestructuras viales y portuarias”, precisó el dirigente.

Zapata agregó que serán estas últimas las que se utilizarían en el caso de que la Región requiera crecer en su actividad económica.

En la oportunidad, además presentó el Observatorio de Conectividad Crítica, desarrollado por la CChC local. La plataforma en línea apunta a monitorear 30 proyectos de inversión claves para la Región de aquí a 2035.

La herramienta es de carácter público y está disponible en la web del gremio local: www.conceconstruye.cl. Permite visualizar iniciativas de infraestructura vial y de transporte integradas al Sistema Nacional de Inversiones, en sus distintos ciclos de vida, exceptuando las ya licitadas o en construcción. Es decir, son proyectos cuyo origen están en la Dirección General de Concesiones (DGC), en la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Transportes y en EFESur.

La plataforma entrega la posibilidad de retroalimentación con la ciudadanía, ya que las personas pueden votar por los proyectos que consideran de mayor urgencia para la Región.

MEF fortalece la inversión pública en Tumbes, Piura y La Libertad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) continúa reforzando su compromiso con el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos en el país mediante el programa Ejecuta+.

En esta ocasión se desarrollaron jornadas de asistencia técnica dirigidas a los gobiernos regionales, provinciales y locales de Tumbes, La Libertad y Piura, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las metas de ejecución de la inversión pública previstas para este año.

Las actividades se realizaron el 16 y 17 de setiembre mediante 12 salas virtuales de atención simultánea. En ellas se atendió a 105 entidades, entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales.

Cartera

Estas entidades concentran 363 proyectos de inversión con un costo actualizado de 3,373 millones de soles y que cuentan con un presupuesto institucional modificado (PIM) 2025 de 917 millones, cuya ejecución alcanza a la fecha el 28%.

Durante las jornadas, especialistas del MEF trabajaron directamente con los equipos técnicos de las entidades para identificar y resolver cuellos de botella, asegurando que los recursos públicos se conviertan con mayor rapidez en obras concretas que cierren brechas de infraestructura y mejoren la calidad de vida de la población.

La asistencia técnica contó con la participación de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), la Dirección General de Abastecimiento (DGA), la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI), el Organismo Especializado en Contrataciones del Estado (OECE) y Conectamef en Tumbes, La Libertad y Piura.

El PIM 2025 de Tumbes asciende a 610 millones de soles, de los cuales el 58% corresponde a los gobiernos regionales y locales. En La Libertad, el presupuesto suma 3,461 millones de soles, con un 66% para estas entidades.

Continuidad

En agosto del presente año, el MEF, mediante el programa Ejecuta+ 2025, desarrolló jornadas de asistencia técnica para los gobiernos regionales y locales de Junín y Madre de Dios, con el objetivo de apoyar al de los proyectos para el presente año.

En esa oportunidad se atendió a 91 entidades (entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales), las cuales concentran 338 proyectos de inversión con un costo actualizado de 2,708 millones de soles,

Además, cuentan con un PIM para este año de 584.9 millones de soles, cuya ejecución alcanza a la fecha el 36.3%.

El PIM de Junín asciende a 2,703 millones de soles, de los cuales el 71.4%, corresponde a los gobiernos regional y locales.

Madre de Dios tiene un PIM de 478 millones de soles , de los cuales el 60.7% corresponde a esas entidades.