Un reciente estudio del Centro Wiñaq revela que ningún candidato presidencial o congresal se beneficia políticamente al apoyar la minería ilegal. Según encuestas y focus groups, el 65.8% de la población percibe esta actividad como destructiva, altamente contaminante, violenta y ligada a redes criminales. En contraste, solo un 16.9% considera que la minería ilegal aporta positivamente al país, principalmente por la generación de empleo y su bajo impacto ambiental. Para la mayoría, esta práctica está asociada al aumento del crimen tanto a nivel local como nacional.
El respaldo a la minería ilegal podría costarle a varios candidatos el apoyo de sus electores, quienes mayoritariamente rechazan esta actividad. Por ejemplo, el 68.8% de los votantes de Keiko Fujimori considera negativa la minería informal; cifras similares se registran entre los seguidores de Rafael López Aliaga (80%), Carlos Álvarez (70%), López Chau (80%) y Phillip Butters (58%). Este rechazo transversal refleja un fuerte desapego político hacia quienes apoyan estas actividades.
Más de la mitad de los ciudadanos (54.6%) aseguró que en las próximas elecciones generales preferiría votar por un candidato que proponga controlar y restringir la minería informal e ilegal. Este dato es clave, ya que obliga a partidos y políticos vinculados a gremios mineros ilegales, muchas veces disfrazados de informalidad, a revisar su postura sobre el tema. Además, la minería ilegal representa un perjuicio económico al Estado peruano, que deja de recaudar alrededor de 5,200 millones de soles en impuesto a la renta, recursos que deberían destinarse a obras públicas a nivel regional y local.
El Centro Wiñaq interpreta esta postura ciudadana como una extensión de la demanda de “mano dura” para enfrentar las economías ilegales y su impacto en la inseguridad. Solo un 8.9% de los consultados dijo que votaría por un candidato que defienda la minería ilegal. “La gente no está reconociendo a ningún político por apoyar la minería informal. No hay capitales políticos que estén ganando; la percepción es muy negativa”, afirmó Franco Olcese, socio del Centro Wiñaq.
El estudio también evidencia que el 70.2% de la población cree que la minería ilegal tiene una fuerte influencia negativa en el Congreso, y que los legisladores que apoyan propuestas vinculadas a esta actividad lo hacen porque reciben financiamiento de actores ilegales. Asimismo, el 60.5% considera que ninguna bancada está gestionando bien el tema, mientras que un 22% no se siente informado al respecto. En definitiva, la minería ilegal se ha convertido en un problema central para el país, y los ciudadanos exigen a sus representantes un compromiso claro para controlarla y garantizar mayor seguridad y legalidad.
