La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre la empresa de energía Air-e S.A.S., con sede en Barranquilla, tras advertir presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la interventoría ejercida por Edwin Palma, hoy ministro de Minas y Energía.

La solicitud al Superintendente de Servicios Públicos apunta a esclarecer si hubo uso indebido de dineros públicos en actividades ajenas a la operación del servicio.

Según los primeros hallazgos, bajo la gestión de Palma —interventor, entre octubre de 2024 y marzo de este año— se habrían autorizado pagos relacionados con eventos deportivos, en particular partidos de la Selección Colombia en Barranquilla.

Documentos citados en la investigación mencionan la compra de boletas y gastos asociados a los encuentros contra Ecuador, Paraguay y Perú, a los que el hoy ministro habría asistido con familiares y acompañantes, cubriendo todo con recursos de la compañía.

Las investigaciones al ministro Edwin Palma

El jefe de cartera ha estado envuelto recientemente en presuntos actos de nepotismo. De acuerdo con información revelada por la revista Cambio, uno de los primeros movimientos de Palma como interventor fue designar a su primo, Juan Pablo Nieto Egea, como gerente contable de la empresa. Esa cercanía familiar, según expertos, podría configurar una violación al régimen de conflicto de intereses.

La situación se agrava con un detalle contable. Mientras Nieto informó a la Fiscalía que la deuda en subsidios pendientes del Ministerio de Minas era de apenas $18 millones, actas firmadas tanto por él como por Palma registraban una cifra real de $335.000 millones. La contradicción levantó la sospecha de un eventual maquillaje de cifras para habilitar nuevos desembolsos.

A ello se suman contratos por cientos de miles de millones adjudicados durante la intervención a empresas sin trayectoria reconocida en el sector, varias de ellas con millonarios anticipos.

Con el cruce de versiones y documentos, la Procuraduría pidió a la Superintendencia toda la información sobre contratos, nombramientos y gastos realizados entre octubre de 2024 y agosto de 2025. La Fiscalía, por su parte, avanza en la recolección de pruebas.

La presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Lina Franco, hizo un llamado a Colombia para fortalecer la exploración minera como eje central del desarrollo económico, social y ambiental del país: esto en un momento en el que el Gobierno de Gustavo Petro se ha mostrado en contra de gran parte del sector minero.

En su intervención, la funcionaria destacó que la minería con propósito implica transformar el conocimiento geológico en oportunidades para la gente, impulsar la competitividad y aportar a la transición energética y a la seguridad alimentaria.

“La exploración minera es fundamental para Colombia. No se trata solo de buscar minerales, sino de planificar, ordenar los territorios y potenciar estrategias que conviertan nuestro potencial geológico en proyectos productivos, responsables y sostenibles”, señaló Franco.

Entre tanto, la presidenta de la ANM explicó que, a pesar de que Colombia cuenta con un amplio potencial minero, apenas el 2,5 % del territorio nacional está titulado. En contraste, países vecinos como Perú tienen el 15 %, Brasil el 23 % y Chile y Argentina alcanzan el 30 %.

“Contamos con 32,7 millones de hectáreas protegidas —el 28,6 % del territorio nacional— donde cualquier actividad minera está prohibida, y la autoridad respeta estos principios. Pero más allá de esas áreas, tenemos regiones con gran potencial para avanzar hacia una minería que aporte al desarrollo, siempre con respeto al ambiente y a las comunidades”, indicó.

Franco subrayó que el 98 % de los títulos mineros en Colombia corresponden a pequeña y mediana minería, lo que refleja que detrás del sector están miles de rostros de trabajadores y comunidades que dependen de esta actividad.

Minerales estratégicos y transición energética

La ANM ha identificado 17 minerales estratégicos para el país, entre los que destacan níquel, cobre, zinc y platino, fundamentales para la transición energética y la descarbonización. Estos insumos son esenciales para la fabricación de paneles solares, turbinas eólicas, redes y vehículos eléctricos.

“Hoy Colombia produce cobre o arenas silíceas en apenas un 0,4 % o 0,1 % de su potencial, mientras seguimos importando bienes terminados que podríamos fabricar con nuestra propia materia prima”, advirtió Franco, al insistir en la necesidad de atraer industria y tecnología que permitan agregar valor a los minerales y reducir la dependencia de importaciones.

Para la experta, la exploración minera también puede ser motor para la productividad agrícola. Minerales como los fosfatos, el magnesio, el azufre, el yeso o la caliza son insumos básicos en la producción de fertilizantes.

Sin embargo, Colombia importa actualmente US$314 millones en fertilizantes, pese a tener rocas fosfóricas en departamentos como Norte de Santander, Boyacá y Huila.

“Tenemos en el subsuelo los recursos para apalancar la seguridad alimentaria y reducir costos en la cadena agrícola. Aprovechar este potencial es clave para dinamizar la economía rural y bajar los precios de los alimentos”, enfatizó la presidenta de la ANM.

Rondas mineras y nuevas oportunidades

Actualmente, la Agencia adelanta la ronda de fosfatos, que en su primera fase ofertará cuatro bloques en el Huila y tres más en Boyacá.

De manera paralela, se está socializando la ronda de oro, cobre y polimetálicos, procesos diseñados con criterios técnicos y ambientales rigurosos, excluyendo áreas de alto valor ecológico y garantizando procesos de concertación con autoridades locales y comunidades.

“Estas áreas han sido delimitadas con responsabilidad. Queremos incentivar la exploración temprana y promover el valor agregado. La minería con propósito significa traducir los recursos en empleo, encadenamientos productivos, investigación aplicada y oportunidades reales para las regiones”, explicó Franco.

Minería con propósito: más allá del PIB y las exportaciones

La presidenta de la ANM insistió en que el debate minero no puede limitarse a cifras de PIB, exportaciones o empleos generados, sino que debe traducirse en un lenguaje comprensible para las comunidades.

“La minería responsable ocupa poco, pero aporta mucho. No se trata solo de extraer, sino de coexistir con el entorno, respetar culturas, innovar y abrir espacios de confianza territorial”, afirmó.

Para Franco, el reto es convertir el conocimiento geológico en desarrollo y el desarrollo en oportunidades que impulsen la transición energética, la seguridad alimentaria y la reindustrialización de Colombia.

La presidenta concluyó su intervención con un mensaje claro: la exploración minera será la base para la reindustrialización y la transición energética del país.

“Debemos pasar del subsuelo a la reindustrialización, a la seguridad alimentaria, a las energías renovables. Eso solo será posible a través de la exploración y del conocimiento técnico de nuestro territorio. El futuro de Colombia se construye con minería con propósito, capaz de generar confianza, empleo digno y bienestar para las comunidades”, afirmó Franco.

La más reciente Brújula Minera 2025, estudio elaborado por el Centro Nacional de Consultoría y Jaime Arteaga & Asociados, mostró que la percepción de la minería en Colombia mantiene una tendencia favorable en varios frentes, especialmente en lo relacionado con el desarrollo regional, el respeto a los trabajadores y el impacto en la movilidad social de las comunidades donde opera.

De acuerdo con la encuesta, uno de los hallazgos más relevantes es que el 87 % de la opinión pública nacional considera que sí es posible hacer minería que trate dignamente a los trabajadores. Esta cifra refuerza la visión de que el sector puede consolidarse como un empleador formal y con buenas prácticas. La reputación interna también refleja esta percepción: el 82 % de los empleados de las compañías mineras consultados aseguró que recibe un buen trato en sus lugares de trabajo, un nivel de satisfacción que se ha mantenido estable en los últimos años.

En el plano territorial, el 80 % de los colombianos afirmó que la minería bien hecha trae desarrollo para las regiones, un indicador que ha mostrado crecimiento sostenido en la última década. Este dato cobra relevancia porque se conecta directamente con el impacto de la industria en los municipios mineros, donde el estudio detectó una mayor movilidad social. El 54 % de los habitantes de estas zonas aseguró que sus hijos alcanzan un nivel educativo superior al de sus padres, mientras que en el promedio nacional la cifra es de 47 %. Esto confirma que, en términos de oportunidades educativas y calidad de vida, la minería puede convertirse en un motor de progreso local.

Sin embargo, los resultados también exponen los retos que enfrenta el sector. Solo el 37 % de la opinión pública considera que las empresas mineras cumplen plenamente con la ley en sus operaciones, un porcentaje que evidencia, de acuerdo con Brújula Minera, la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y confianza en las comunidades.

Aun así, en el ámbito institucional la percepción es más positiva: entre autoridades de gobierno y directivos del sector se observa una mayor satisfacción frente al cumplimiento de las reglas y a los compromisos ambientales.

De hecho, el 85 % de los directivos y el 77 % de los funcionarios de gobierno encuestados manifestaron que las compañías están comprometidas con el cuidado del medioambiente, un indicador que contrasta con la visión más crítica de la ciudadanía.

El estudio también revela que el sector ha avanzado en inversión social voluntaria, fortalecimiento de la participación ciudadana y formulación de proyectos de regalías, aunque todavía existe un margen amplio para mejorar. En lo que respecta a expectativas de crecimiento, el 49 % de los directivos considera que en los próximos cinco años sus empresas expandirán operaciones, un dato que refleja optimismo pese a las coyunturas económicas y sociales del país.

En cuanto a reputación corporativa, la Brújula Minera presentó el ranking de las 15 empresas con mejor imagen en Colombia, resultado de la ponderación entre la opinión pública de municipios mineros y no mineros, las autoridades de gobierno, los trabajadores y los mismos directivos de la industria. El listado mostró importantes movimientos frente a 2024 y destacó a varias compañías que consolidaron su posición en medio de un entorno cada vez más exigente en materia de sostenibilidad y relacionamiento comunitario.

Los datos de Brújula Minera 2025 confirmarían que, aunque persisten dudas sobre el cumplimiento normativo y el impacto ambiental, la minería en Colombia logra consolidar una mejor percepción social.

Estos elementos, según Brújula Minera, se convierten en pilares de la reputación del sector, al tiempo que marcan el rumbo de la industria frente a la opinión pública, las comunidades y las autoridades.

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió la Resolución 40379 de 2025, un acto normativo que establece, por primera vez, un marco detallado de reglas, requisitos y obligaciones para que los autogeneradores remotos y los productores marginales puedan hacer uso de las redes del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La medida permitirá que estos agentes no solo consuman la energía que producen en lugares distintos al sitio de generación, sino que también entreguen sus excedentes al sistema eléctrico nacional.

De acuerdo con el Ministerio, la iniciativa responde a la necesidad de modernizar la regulación en torno a la autogeneración y la producción marginal, actividades que han venido creciendo en el país a la par del desarrollo de fuentes renovables y del interés de empresas e industrias en reducir sus costos energéticos y su huella ambiental.

Un marco para la autogeneración y el consumo remoto

La resolución aclara que los autogeneradores remotos y productores marginales podrán transportar energía a través de las redes del SIN, pero sin perder su calidad de autogeneración.

Esto implica que un usuario que produzca su propia electricidad —por ejemplo, en una planta solar o eólica— podrá consumirla en otro sitio donde tenga operación, sin necesidad de comprar la totalidad de la energía a un comercializador.

Una de las disposiciones más relevantes es que la energía transportada para autoconsumo no estará sujeta al cobro del Costo Equivalente Real de Energía (CERE) ni del cargo por confiabilidad, lo que representa un alivio económico para quienes opten por este esquema.

Además, cuando los autogeneradores inyecten sus excedentes de energía al sistema, estos serán tratados como generación en la base, es decir, con prioridad dentro del despacho diario, pero cumpliendo las condiciones operativas que exige la regulación vigente.

Transparencia y obligaciones de reporte

La resolución establece que los agentes que se acojan a este modelo tendrán que declarar diariamente al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y al Centro Nacional de Despacho (CND) información clave sobre su operación:

• Disponibilidad de la planta de autogeneración.
• Excedentes de energía a inyectar al sistema.
• Energía que planean consumir de la red adicional a la que producen.
• Datos requeridos para la operación y liquidación de la autogeneración o producción marginal.

De igual forma, el ASIC y los comercializadores serán los responsables de liquidar los cargos tarifarios aplicables, tomando en cuenta la diferencia entre la energía autogenerada y la consumida del mercado.

Otro de los puntos clave de la norma es el registro de las fronteras de generación utilizadas por los autogeneradores y productores marginales, que deberá hacerse bajo las condiciones establecidas por la CREG en resoluciones previas.

En el caso de plantas existentes que cambien su destino hacia la autogeneración remota, podrán seguir utilizando su frontera de conexión, siempre y cuando informen al ASIC sobre el cambio.

La resolución también abre la puerta a que plantas de generación que decidan retirarse del Mercado de Energía Mayorista (MEM) se conviertan en unidades de autogeneración.

En este escenario, podrán seguir conectadas al SIN y utilizar su capacidad de transporte, lo que brinda flexibilidad a empresas que quieran pasar de ser generadores a autogeneradores sin perder infraestructura ni puntos de conexión.

Hay que decir que la norma tendrá una vigencia inicial de tres meses a partir de su publicación en el Diario Oficial, prorrogables por un periodo igual, o hasta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) expida la reglamentación definitiva.

Esto significa que la Resolución 40379 funciona como un marco transitorio, en el que se establecen lineamientos básicos mientras la CREG ajusta la regulación técnica y económica de manera estructural.

Implicaciones para el sector energético

Con esta medida, el Gobierno Petro busca, no solo fortalecer la seguridad energética del país, sino también incentivar la autogeneración y el uso eficiente de la energía, aspectos que están en el centro de la transición energética.

El esquema resulta especialmente atractivo para grandes consumidores industriales y comerciales, que podrán aprovechar la energía que producen en un lugar —como plantas solares en regiones con altos niveles de radiación— para consumirla en otra instalación distinta.

Asimismo, los productores marginales tendrán la posibilidad de optimizar sus recursos, entregando excedentes al sistema y garantizando un uso más eficiente de la infraestructura nacional.

Expertos del sector han señalado que este tipo de medidas son fundamentales para avanzar en un modelo energético más descentralizado y sostenible, aunque advierten que será clave la reglamentación definitiva de la CREG para dar mayor certeza jurídica y técnica a los proyectos.

Entre tanto, vale mencionar que la Resolución 40379 de 2025 se suma a las acciones del Gobierno Nacional por facilitar la integración de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER) y modelos de autogeneración en la matriz eléctrica.

La expectativa es que esta flexibilización normativa contribuya a incrementar la participación de energías limpias, reducir costos para usuarios industriales y promover inversiones en proyectos descentralizados.

Con este paso, el país avanza hacia un esquema en el que las empresas y usuarios pueden tener un rol más activo en la producción y gestión de su energía, en línea con la transición energética que busca equilibrar sostenibilidad, seguridad de suministro y competitividad económica.

El Tren de Zipaquirá avanza en su proceso de consolidación como uno de los proyectos férreos más relevantes para la movilidad entre Bogotá y la sabana norte de Cundinamarca. La iniciativa entró en una fase decisiva con la firma del convenio de cofinanciación, programada para octubre de 2025, lo que permitirá el inicio oficial de la construcción de esta obra de infraestructura.

De acuerdo con lo pactado, el Gobierno Nacional asumirá el 70 % de la inversión, mientras que el 30 % restante estará a cargo de la Gobernación de Cundinamarca. La distribución de recursos busca garantizar la ejecución de las obras en los plazos establecidos y asegurar que los beneficios se reflejen directamente en la movilidad de los habitantes de la región.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó que, tras una reunión con el presidente Gustavo Petro y el gobernador Jorge Rey, se definió un plan de trabajo que permitirá acelerar la viabilidad técnica y financiera del proyecto. “Se estableció una ruta ágil para lograr las viabilidades necesarias y que este proyecto salga adelante”, señaló la funcionaria.

¿Cómo será el megaproyecto del Tren de Zipaquirá?

El Tren de Zipaquirá tendrá una extensión de 48 kilómetros y conectará los municipios de Chía y Cajicá con la capital del país. Esta línea férrea está concebida como un tren de cercanías en la sabana norte y como un metro ligero al ingresar a Bogotá, lo que le permitirá adaptarse a las necesidades de transporte en ambos contextos.

La operación se realizará con una flota de 19 trenes eléctricos, que en conjunto tendrán capacidad para movilizar hasta 180.000 pasajeros por día. Este volumen de transporte contribuirá de manera significativa a descongestionar las vías de acceso a Bogotá, especialmente en las horas pico, cuando miles de personas se desplazan desde los municipios aledaños hacia la capital.

Uno de los principales beneficios será la reducción en los tiempos de viaje. Según los cálculos preliminares, los trayectos podrán acortarse hasta en 90 minutos, lo que representa un impacto directo en la calidad de vida de los usuarios y en la productividad regional.

Además de mejorar la movilidad, el proyecto busca aportar a la sostenibilidad ambiental. El hecho de que los trenes funcionen con energía eléctrica permitirá disminuir la emisión de gases contaminantes, lo que está en línea con las metas de reducción de la huella de carbono del país y con las políticas de movilidad limpia promovidas por el Gobierno Nacional.

El sector inmobiliario en Colombia enfrenta un desafío crucial: atraer más inversión, pues a pesar de su potencial, el capital no fluye a la velocidad que se demanda, así lo advirtieron expertos invitados al 3° Congreso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario de Camacol y ColCapital, del cual Valora Analitik es medio aliado.

Actualmente, según Camacol, hay más de 2.600 proyectos para 590.000 viviendas en preventa o en construcción por un valor de $183 billones. “Lo importante es que el 72 % de eso ya está prevenido, entonces se empieza a reconfigurar la oferta y crecen los lanzamientos, seguramente también aprovechando el mejor ambiente político», dijo el presidente del gremio Guillermo Herrera.

Este año, entre enero y julio, se han lanzado 17 % más proyectos inmobiliarios de vivienda que en el mismo periodo en 2024 y llama la atención que los lanzamientos no VIS crecen por encima del 26 %.

Sin embargo, un modelo de inversión parece estar desplazando la gestión tradicional de propiedades para vivienda en el mundo: el multifamily. Este concepto hace referencia a grupos de unidades residenciales que son administradas por un único inversionista que las pone en alquiler.

El presidente de Camacol dijo en su presentación en el 3° Congreso de Inversión y Desarrollo Inmobiliario de Camacol y ColCapital, del cual Valora Analitik es medio aliado, que en países como Estados Unidos se ha visto una preferencia de los inversionistas por portafolios de multifamily. La tendencia también viene tomando fuerza en algunos países de Europa y Asia Pacífico.

Colombia migraría hacia este mercado por cuenta de una población que ha mostrado señales de envejecimiento, ahora que la esperanza de vida aumenta y la tasa de nacimientos disminuye. El reto ahora es que los proyectos que se desarrollen en Colombia atraigan el interés de los inversionistas, de acuerdo con Herrera.

En Bogotá, por ejemplo, se está generando un incentivo para los proyectos multifamily que entran en operación para licencias nuevas antes del 2030: una exención del 90 % del predial en los primeros cinco años, un impuesto que representa el 30 % del costo de operación de este tipo de proyectos, según Camacol.

Actualmente, más del 11 % de los proyectos en desarrollo en el país corresponden a nuevos esquemas de negocio, como multifamily, aunque están muy concentrado en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y algunas ciudades del Caribe.

Por ahora, el gremio trabaja de la mano con Asobancaria, Asocajas, Colcapital y otras organizaciones para entregar propuestas al próximo Gobierno. “Hemos identificado cinco puntos donde es necesario revisar el marco normativo porque tiene más de 15 o 20 años, momento en que teníamos un mercado que era absolutamente hipotecario y cuando la mayoría de los hogares tenían una vivienda propia”, contó.

De hecho, recordó que, en 2008, 51 % de los hogares eran propietarios de su vivienda o la estaban pagando; hoy la participación es del 40 %. Además, en el mismo periodo de tiempo, los hogares que viven en arriendo pasaron del 32 % al 40 %.

“La gran realidad, por temas de asequibilidad o dinámica poblacional, es que la gente ya no quiere comprar vivienda, quiere arrendar porque se puede mover más rápido o simplemente porque no puede pagar un crédito. Eso hace que hoy más hogares prefieren una renta”, señaló Herrera.

Grupo Aval anunció la refinanciación de la APP Girardot–Ibagué–Cajamarca (GICA) por $1,19 billones, con la participación de otros bancos del país.

La iniciativa conecta a Girardot con Cajamarca dentro del corredor Bogotá–Buenaventura, clave para el comercio exterior colombiano, movilizando cerca del 40 % de la carga marítima nacional. Este corredor reduce tiempos de viaje y fortalece la competitividad logística del país.

El proyecto está a cargo de la Concesión APP GICA S.A., integrada por Mincivil, Constructora Colpatria, Grupo Ethuss (Termotécnica Coindustrial, Estructuras Metálicas) y Latinco, compañías con amplia experiencia en infraestructura y concesiones viales.

Los otros bancos que participaron de la operación fueron: Banco de Bogotá ($300.000 millones), Banco de Occidente ($300.000 millones), Davivienda ($430.000 millones) e Itaú ($165.000 millones).

Grupo Aval actúa como prestamista líder y Aval Banca de Inversión fue el asesor financiero de Banco de Bogotá y Banco de Occidente.

Otros proyectos apoyados por Grupo Aval

Luis Carlos Sarmiento Carvajal, presidente de Aval Banca de Inversión, dijo que en trabajo conjunto con los bancos del Grupo Aval, “reafirmamos el compromiso que tenemos con la infraestructura que impulsa la competitividad de Colombia”.

“El cierre financiero de esta APP fortalece un corredor logístico esencial y consolida a Grupo Aval como un socio confiable para estructurar y ejecutar transacciones complejas, de forma responsable y sostenible», completó.

Este proyecto se suma a otros en los que ha participado Grupo Aval, entre los que se cuenta:

• Parque Solar Puerta de Oro: financiamiento por $1,01 billones, con Aval Banca de Inversión como asesor de los prestamistas del Grupo Aval.
• Termotasajero I y II: refinanciación por $600.000 millones, con Aval Banca de Inversión como estructurador financiero.
• Túnel de Oriente (segunda etapa): cierre financiero por $1,8 billones, con Aval Banca de Inversión como estructurador financiero.