La mayor parte de estos trámites, incluyendo permisos de impacto ambiental, cambio de uso de suelo y concesiones de agua, se detuvieron por una combinación de factores políticos, normativos y administrativos. Las oficinas de Semarnat y Conagua se convirtieron en cuellos de botella, generando incertidumbre y desconfianza entre inversionistas nacionales y extranjeros. Aunque el actual gobierno ha comenzado a liberar algunos procesos, persiste un rezago importante, especialmente en los expedientes que requieren autorización de la Comisión Nacional del Agua.
Los efectos se reflejan con claridad en los indicadores de inversión. En 2024, el capital destinado a la minería en México ascendió a poco más de 5 mil millones de dólares, apenas un 2.1 por ciento más que el año anterior. Este crecimiento, lejos de marcar una recuperación sólida, muestra una industria que opera por debajo de su potencial. La inversión en exploración, el verdadero termómetro de confianza en el futuro del sector, cayó más del 11 por ciento. Sin nuevas exploraciones, no hay nuevos yacimientos, y sin estos, el ciclo productivo se estanca.
La falta de certeza jurídica ha sido otro de los grandes factores que han alejado capitales. La reforma de la Ley Minera y la nueva política que centraliza la exploración en el Servicio Geológico Mexicano han generado un ambiente de ambigüedad. Los inversionistas se enfrentan a un panorama donde los tiempos son inciertos y los criterios para otorgar permisos cambian constantemente. Esta volatilidad no solo retrasa los flujos de inversión, sino que además pone en riesgo empleos directos e indirectos que dependen del dinamismo minero.
A pesar de estas barreras, el sector ha mostrado señales de resiliencia. En 2024, la producción minera real creció casi un 20 por ciento, impulsada por el buen desempeño de metales clave como el oro, la plata y el cobre. El empleo, por su parte, se mantuvo estable con más de 416 mil trabajadores, lo que confirma que la minería continúa siendo un pilar económico regional, sobre todo en estados como Sonora, Zacatecas y Chihuahua.
El impacto social de esta parálisis no es menor. Las comunidades mineras, muchas de ellas ubicadas en zonas marginadas, dependen de la continuidad de las operaciones para asegurar servicios básicos, infraestructura y programas sociales financiados por la industria. El retraso en trámites no solo detiene inversiones: también interrumpe cadenas productivas, deteriora la relación entre empresas y comunidades, y mina la credibilidad del Estado como garante de certidumbre.
Camimex ha expresado que existen proyectos con capital comprometido listos para ejecutarse, siempre que se destraben los permisos pendientes. Se estima que más de 6 mil 800 millones de dólares podrían canalizarse al sector si se corrige la situación regulatoria. Este flujo de capital traería beneficios inmediatos: generación de empleo, reactivación de proveedores, atracción de tecnología y aumento en la recaudación fiscal.
El gobierno federal ha prometido revisar y simplificar los procesos, eliminando trámites innecesarios y digitalizando gestiones. No obstante, el sector aún espera señales más claras. Urge una coordinación efectiva entre las dependencias responsables, así como una política pública que reconozca el valor estratégico de la minería para la transición energética y el desarrollo sustentable.
México posee una de las geografías más ricas en minerales estratégicos del continente. Pero esa riqueza no basta si no se acompaña de una visión de largo plazo, con reglas claras y procesos eficientes. La minería puede ser un motor de bienestar social y prosperidad económica, pero solo si se le permite operar en un entorno de certeza, respeto institucional y colaboración.
