La industria minera peruana necesita autoridades que ejecuten un proceso de formalización ordenado y sin presiones de la ilegalidad

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) la cartera de proyectos de exploración minera para el 2025 está conformada por 84 proyectos ubicados en 17 departamentos con un monto de inversión de 1,039 millones de dólares.

En los últimos años se han descubierto menos yacimientos en el país. Desde la construcción de Quellaveco, no se han impulsado nuevos proyectos greenfield de gran envergadura, las inversiones se han centrado en proyectos ‘brownfield’ como Reposición Antamina, Ampliación Toromocho y Reposición Inmaculada.

En ese sentido, saludamos que la compañía canadiense Hannan Metals haya reportado resultados alentadores de muestreos recientes en su objetivo epitermal alcalino de oro Previsto dentro de la faja mineral del proyecto Valiente, en el departamento de Huánuco.

La empresa ha señalado que dicho yacimiento representa una apuesta clave en su portafolio de exploración en el Perú y eso es una buena señal teniendo en cuenta que una parte significativa del territorio peruano aún no ha sido explorada, lo que representa una gran oportunidad para el desarrollo de la industria minera.

Recordemos que el mundo necesita más minerales para satisfacer las demandas del crecimiento tanto poblacional como económico, por ende, no puede existir una minería de largo plazo y sostenible sin tener exploración. Esta oportunidad le da al Perú un rol protagónico en un contexto de transición energética como un destino de inversión minera y principal productor de diversos minerales claves.

De otro lado, tras la masacre de 13 personas en una mina que confirmó la escalada de la violencia en Pataz, en el departamento de La Libertad, que generó conmoción en el país por el alarmante auge de la actividad criminal en torno a la minería ilegal, consideramos un avance positivo en la zona que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas haya anunciado que se ha logrado restablecer el orden interno en Pataz y que se esté evaluando replicar el modelo de lucha contra la minería ilegal de Pataz en otras regiones del país.

Según información brindada por el Ministerio de Energía y Minas, como parte de los resultados del proceso de formalización minera unos 31,560 registros de pequeños mineros y mineros artesanales continúan en el proceso mientras que 50,565 registros han sido excluidos del Reinfo que culminará el 31 de diciembre de este año.

Como institución, insistimos en que una de las principales barreras que existen para la formalización minera es el Reinfo que debe ser reemplazado por un esquema de formalización con procedimientos, plazos específicos y herramientas concretas, así como propuestas normativas para un proceso que sea realmente efectivo.

Nuevamente reiteramos nuestro llamado a los poderes del Estado para ejecutar y sumar esfuerzos conjuntos en las acciones de fiscalización de esta actividad siniestra, para atender un problema que nos afecta a todos como peruanos.

Por ese motivo vemos con preocupación que las protestas de mineros informales que se desarrollan indefinidamente desde fines del mes de junio puedan ocasionar las pérdidas económicas para la economía del país proyectadas por diversos especialistas en 400 millones de soles diarios debido al bloqueo de las principales vías de tránsito para la industria minera. Los manifestantes piden la derogación del cierre del Registro de Formalización Minera (Reinfo), entre otras medidas.

Es alarmante la presión que ejerce la minería informal y que estas acciones son respaldadas por congresistas de la República, que no sólo han votado a favor de las últimas prórrogas del Reinfo sino que impulsarían que estas movilizaciones escalen cada vez más.

No podemos dejar de enfatizar que la minería ilegal continúa representando un gran problema que ensombrece esta industria clave para el PBI peruano y por ello no podemos ignorar. Necesitamos trabajar en los aspectos fundamentales en la lucha contra la ilegalidad, reforzar la estrategia de control y seguridad y lograr una política nacional de minería, para así generar seguridad para que las personas puedan trabajar y prosperar.

También podría interesarte: