Día: 16 de junio de 2025

Con una inversión aproximada de US$ 261 millones, el proyecto Teleférico de Choquequirao se perfila como una de las iniciativas más ambiciosas en infraestructura turística del Perú. Bajo el nombre “Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos del Parque Arqueológico Choquequirao”, este proyecto busca facilitar el acceso a uno de los sitios arqueológicos más importantes del país, con la capacidad de transportar a más de un millón de visitantes al año.

En abril de 2025, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) junto a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentaron oficialmente el componente de Asociación Público-Privada (APP) del teleférico, dirigido a inversionistas nacionales e internacionales. El sistema contará con más de 10.6 kilómetros de extensión y reducirá el tiempo de viaje desde dos días hasta apenas 20 minutos, revolucionando la forma de acceso a Choquequirao.

Este teleférico será el primero en el Perú de tipo vaivén a gran escala y conectará estratégicamente las regiones de Cusco y Apurímac. La adjudicación del proyecto está prevista para el último trimestre de 2025. Además, esta infraestructura busca consolidar el Circuito Turístico Sur, que integra destinos emblemáticos como Machu Picchu, el Valle Sagrado, Ollantaytambo, y el nevado Salkantay en Cusco, junto con el Santuario Nacional de Ampay y el sitio arqueológico Saywite en Apurímac.

El Teleférico de Choquequirao se presenta como un motor clave para impulsar el turismo regional, fomentando la inversión público-privada y contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural y natural de ambas regiones. Al facilitar el acceso y mejorar la conectividad, se espera que este proyecto promueva un desarrollo territorial integral y sostenible.

Este proyecto forma parte de una estrategia más amplia liderada por Mincetur para fortalecer el turismo mediante infraestructura moderna y sostenible. Entre otros planes destacan el proyecto “Turismo Arequipa – Valle del Colca” con una inversión superior a S/330 millones, “Turismo Playas del Norte” con más de S/1,300 millones y el Corredor Turístico Macro Norte, que abarca Cajamarca, Amazonas, Lambayeque y San Martín, con una inversión superior a S/800 millones.

La séptima edición del Índice “Señales de la Minería”, elaborado por Vantaz Group y el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), confirmó por segundo año consecutivo un giro sostenido hacia el optimismo en la industria minera chilena. No obstante, el estudio también constata que las principales barreras estructurales se mantienen: la permisología y los conflictos socioambientales vuelven a liderar el ranking de “cuellos de botella” u obstáculos estructurales, evidenciando que el entorno sigue siendo el mayor desafío para destrabar nuevos proyectos.

El estudio fue presentado por Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group, y Cristián Cifuentes, analista senior de CESCO, quienes expusieron los principales hallazgos y analizaron los resultados junto a Katharina Jenny, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, y Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, en un diálogo abierto con representantes del ecosistema minero.

Con más de 380 respuestas recogidas entre abril y mayo de este año, el estudio entrega una visión actualizada sobre las expectativas del ecosistema minero en materias económicas, regulatorias, de inversión y costos operacionales. Uno de los hallazgos más significativos es el aumento en el índice global de percepción económica respecto del año anterior. Por primera vez desde 2021, las expectativas de la situación económica superaron el umbral de los 50 puntos, reflejando una renovada confianza en la recuperación del país.

En el encuentro, Katharina Jenny, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Antofagasta Minerals, señaló: “La industria minera está creciendo y se percibe una mayor certidumbre en el mercado. Sin embargo, las decisiones en este sector son siempre de largo plazo. Sabemos que la demanda de cobre aumentará en el corto, mediano y largo plazo, mientras que la oferta enfrentará restricciones importantes”.

Por su parte, Jorge Cantallopts, director ejecutivo de CESCO, valoró el rol estratégico del estudio. «Más allá de los buenos resultados puntuales, lo relevante es que el Índice permite tomar el pulso del ecosistema minero con una mirada amplia y sistemática. Nos muestra una industria que recupera su optimismo, pero que sigue enfrentando desafíos estructurales que no se resuelven solo con expectativas. Esto nos plantea una oportunidad para fortalecer la conversación entre actores del sector, con base en datos, y avanzar en una agenda compartida que permita acelerar inversiones y responder mejor a los desafíos del entorno”, precisa.

A esto se suma una visión aún más positiva en torno a la inversión minera, que alcanza un peak de 80 puntos, el valor más alto desde que existe el índice y 12 puntos más arriba que lo reflejado en 2024.

Por primera vez, la encuesta incluyó un anexo técnico que analiza la percepción de disponibilidad y dependencia de insumos críticos frente a posibles medidas arancelarias desde China. El mayor nivel de riesgo se concentra en los componentes partes y piezas, así como también en neumáticos, tanto por su alta dependencia del mercado chino como por su baja disponibilidad local. Cabe destacar que también preocupa la disponibilidad local de grasas, aceites y lubricantes. El impacto esperado en estos casos sería inmediato y directo, reflejándose en alzas de precios y presión operativa para el sector.

Además, la presión sobre la mano de obra se acentúa en un contexto de escasez de capital humano calificado y competencia por atraer talento. Se mantiene la preocupación por el impacto de aranceles y la dependencia de proveedores externos, especialmente en insumos clave como neumáticos y repuestos.

Daniela Desormeaux, directora de Estudios de Vantaz Group, sostiene que los resultados del anexo técnico revelan un tipo de vulnerabilidad poco visible, pero clave para la sostenibilidad operativa del sector: “Hoy no basta con mirar precios o demanda: los cuellos de botella están en el acceso a insumos críticos. Esto obliga a incorporar variables de riesgo logístico y geopolítico en la planificación minera, con una mirada de largo plazo que anticipe disrupciones y evite respuestas reactivas”, aseguró.

En la misma línea, Alejandro Sanhueza, vicepresidente de Finanzas de Codelco, afirmó que “existe un amplio margen para mejorar en materia de permisos, que hoy representa el principal cuello de botella. Desde la industria debemos asumir con responsabilidad el rol que nos corresponde y entender la importancia de contar con una licencia social, dado el enorme impacto que generamos en las comunidades y en el medioambiente”.

Impacto de la “Guerra Arancelaria”

La percepción sobre el impacto de la escalada arancelaria en las industrias del cobre y del acero es mayoritariamente negativa. En el caso del cobre, un 70% de los encuestados estima que las medidas arancelarias tendrán un efecto desfavorable o muy desfavorable en la cadena de valor. Para el acero, las expectativas son aún más pesimistas: un 73% anticipa un efecto negativo, con una alta proporción de respuestas que califican el impacto como “muy desfavorable” (20%).

Este resultado es especialmente relevante para la minería, ya que el acero es un componente crítico para las bolas de molienda, insumo fundamental en el proceso productivo. Las cifras reflejan la fuerte exposición a las importaciones desde China y los posibles efectos directos de los aranceles sobre el abastecimiento y los costos operacionales del sector.

A pesar de encontrarse en medio de una controversia legal y ambiental, el proyecto minero Ariana sigue adelante. Esta semana, Ariana Operaciones Mineras (AOM), filial de Southern Peaks Mining —que aún posee la titularidad del proyecto mientras se concreta su venta a Alpayana— presentó un nuevo paquete de modificaciones técnicas destinadas a optimizar las operaciones. Esto sucede mientras el Poder Judicial ya se ha pronunciado sobre la viabilidad del proyecto y las autoridades ambientales continúan evaluando su futuro.

En concreto, la empresa entregó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Tercer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ariana. Este documento propone modificaciones en los componentes principales y auxiliares de la unidad minera, ubicada en el distrito de Marcapomacocha, en la región Junín.

El ITS detalla que el EIA aprobado en 2016 contempló actividades mineras subterráneas para extraer cobre y zinc, con una planta de beneficio que procesa hasta 2,000 toneladas métricas secas por día mediante flotación diferencial en dos circuitos, uno para cada metal. En 2018, AOM inició la habilitación de estas operaciones, cumpliendo la normativa vigente, pero identificó la necesidad de ajustes en los componentes auxiliares, que se abordaron con el primer ITS aprobado en 2019 y un segundo en 2020.

Con el avance en la ingeniería de detalle, AOM detectó nuevas áreas que requieren ajustes adicionales, los cuales busca incorporar con este tercer ITS. Las modificaciones propuestas incluyen un cambio en el proceso metalúrgico, sin aumentar la capacidad instalada, pero con el objetivo de mejorar las características del relave final y su disposición ambientalmente segura.

Entre las principales medidas está la implementación de una planta de relave filtrado para una gestión más responsable de los residuos, la redistribución interna de la planta para optimizar la eficiencia, la instalación de un lavadero de llantas como mitigación ambiental, la actualización tecnológica del depósito de relaves y mejoras en el canal de derivación y otros componentes auxiliares. La inversión estimada para estas mejoras alcanza los US$ 76 millones.

Cabe destacar que, en abril, el Poder Judicial decidió no anular el proyecto pese a los recursos de colectivos ambientalistas, pero exigió la presentación de un nuevo EIA antes de iniciar actividades de explotación. Así, aunque el proyecto sigue vigente, su desarrollo depende de una evaluación ambiental más rigurosa.

Por otro lado, a fines de abril Alpayana firmó un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de Ariana a Southern Peaks Mining. Con una inversión prevista de US$ 200 millones, Alpayana espera concluir la compra en el segundo trimestre de 2025 y planea construir nueva infraestructura y rehabilitar túneles para asegurar más agua limpia para Lima. La compañía, con más de 38 años de experiencia en minería peruana, reporta ingresos anuales superiores a US$ 500 millones y se encuentra libre de deudas.

La minería ilegal de cobre, una actividad que durante años se mantuvo fuera del foco mediático, hoy comienza a mostrar sus efectos más preocupantes. No solo afecta operaciones formales, sino que también amenaza nuevas inversiones, el ambiente y la seguridad de las personas, especialmente en el sur del país. Conoce más sobre esta problemática en el siguiente informe de RPP, en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE).

El reciente ataque a la operación minera de Las Bambas, en Apurímac, ha vuelto a poner el foco en los riesgos que enfrenta la minería formal en el país.

Si bien buena parte de la atención se concentra en la minería ilegal de oro, la extracción de cobre sin permisos ni control avanza preocupantemente, sobre todo en el sur del país. Así lo detalla Stephanie Mayta, investigadora del IPE.

«La minería ilegal de cobre ha venido incrementándose de forma sostenida en los últimos años, principalmente a raíz de la falta de atención del Estado en esta zona. Particularmente, operaciones formales en regiones como Cusco o en Apurímac, como por ejemplo Las Bambas, han visto afectadas sus operaciones a raíz de invasiones por parte de mineros ilegales, que incrementan cada vez más su capacidad operativa en estas regiones.»

De acuerdo con el IPE, estas operaciones —que se presentan como minería artesanal o de pequeña escala— han crecido tanto que ya no encajan en esa categoría.

De hecho, solo en el corredor minero del sur, entre 120 y 200 camiones transportan mineral de origen ilegal diariamente, casi duplicando el flujo de proyectos formales como Las Bambas.

Cada vez hay más plantas procesadoras que funcionan sin permisos. En los últimos 10 años, su número se ha triplicado en todo el país. Mayta revela que Arequipa, Ica y Puno son las regiones donde este incremento ha sido más notorio.

«La falta de control del Estado, sumado a los precios cada vez más atractivos del cobre, ha llevado a que se incremente el número de plantas procesadoras, particularmente en la zona sur del país. En los últimos 10 años, el número de plantas procesadoras de minería artesanal y minería de pequeña escala se ha triplicado a nivel nacional y, en regiones como Ica y Puno, el incremento ha sido incluso mayor. En particular, Arequipa, que es la zona donde se concentra un mayor número de estas plantas, ha duplicado esa cantidad, lo que evidencia también el incremento en la actividad y la magnitud de las operaciones de minería ilegal de cobre».

Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, la capacidad de procesamiento de estas plantas se ha multiplicado por 18 entre 1997 y 2025. Si antes podían procesar poco más de mil toneladas por día, ahora superan las 20 mil toneladas. Esto permite que más mineral ilegal se procese y se venda en mercados formales.

En recientes declaraciones a la prensa extranjera, el titular de Energía y Minas, Jorge Montero, indicó que se ha identificado en Apurímac la zona más importante de producción no formal de cobre.

«La minería no formal que está produciendo cobre aún es muy pequeña, es un porcentaje aún mínimo. Tenemos algunas actividades de esta naturaleza que nos preocupan en el tajo de Sulfobamba, en Apurímac. Ahí hay una operación de extracción ilegal, informal, eso se tiene que precisar. Esa es la operación no formal más importante de producción de cobre en este momento y es aún un porcentaje muy pequeño, pero no descartamos que eso pueda aumentar en la medida en que no se le preste atención».

De acuerdo con un reportaje de Bloomberg, una comunidad de agricultores en Apu Chunta, Apurímac, produce cobre por un valor estimado en 300 millones de dólares al año. Sin embargo, no existe hasta ahora una cifra oficial de cuánto dinero mueve la minería ilegal de cobre en el Perú.

Por otro lado, preocupa también el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que sigue operando como un paraguas legal para miles de operaciones que, en la práctica, continúan funcionando sin cumplir los requisitos. Al cierre de 2024, en Arequipa, Cusco y Apurímac se concentraban más de 27 mil registros. Y aunque el 75 % de estos están suspendidos, muchos continúan activos.

Entonces, ¿qué acciones deben tomar nuestras autoridades para frenar esta problemática antes de que avance más? Para el IPE, cerrar definitivamente el Reinfo es el primer paso.

«Una atención integral de la minería ilegal en el país parte primero del cierre definitivo del Reinfo. Esta ha sido una herramienta clave dentro del proceso de producción ilegal tanto de oro como de cobre y continúa hoy funcionando como un paraguas, digamos, una protección para estos operadores. Entonces, cerrar primero, o no ampliar su vigencia por seis meses adicionales como está previsto inicialmente en la ley que se publicó a inicios de año, es un primer paso en esa línea».

El avance de estas actividades no solo afecta a las operaciones actuales, sino que también pone en riesgo nuevas inversiones. Proyectos como Michiquillay en Cajamarca y Los Chancas y Haquira en Apurímac, que juntos suman casi 7 mil millones de dólares, siguen postergándose por la inseguridad y la falta de control en esas zonas.

El IPE advierte que, si no se actúa a tiempo, la conflictividad y la presencia de organizaciones ilegales podría escalar, poniendo en peligro el desarrollo minero y la tranquilidad de todos los peruanos.

 

RPP

Aftermath Silver Ltd., empresa canadiense con operaciones en Perú, ha concluido la segunda fase de su programa de perforación diamantina en el proyecto Berenguela, ubicado en la región de Puno. Durante esta etapa, la compañía completó 82 pozos con un total de 5,329 metros de núcleo perforado, superando las 60 perforaciones inicialmente previstas debido a la alta mineralización detectada en el área.

Entre los hallazgos más destacados, el pozo AFD144 registró 13,8 metros con 558 gramos por tonelada (g/t) de plata, 3,16 % de cobre y 15,06 % de manganeso. Además, el pozo AFD139 mostró una intersección de 68,9 metros con 78 g/t de plata y 1,19 % de cobre, confirmando que la mineralización continúa abierta hacia el este, lo que representa una gran oportunidad para futuras exploraciones.

El CEO de Aftermath Silver, Ralph Rushton, indicó que estos resultados forman parte del informe final del programa de perforación de Fase 2 y que actualmente se trabaja en una estimación revisada de recursos minerales, que incluirá las perforaciones de ambas fases. Destacó la importancia del hallazgo en el pozo AFD139, ubicado en el extremo oriental del depósito, que será un foco para próximos trabajos.

El proyecto Berenguela se distingue no solo por su riqueza en plata, sino también por su contenido en cobre y manganeso, metales considerados estratégicos para la transición energética y tecnologías limpias, como baterías para vehículos eléctricos. Esta combinación le otorga una ventaja competitiva frente a otros yacimientos tradicionales en Perú.

Berenguela, situado a 4,200 metros sobre el nivel del mar, cuenta además con una ubicación estratégica cercana a infraestructura vial y ferroviaria que facilita su conexión con los puertos del Pacífico. Aftermath Silver adquirió este proyecto en 2020 mediante un acuerdo con SSR Mining, y continúa avanzando en pruebas metalúrgicas para producir concentrados de alta calidad.

De cara al futuro, la compañía anunció que está trabajando en una nueva estimación de recursos minerales y en mejorar el acceso a las áreas orientales del yacimiento, que presentan una topografía más compleja. Aftermath mantiene la opción de adquirir el 100% del proyecto y busca consolidarse como un actor clave en la producción de metales críticos en Perú.

Entre los años 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la minería ilegal en el país movilizó US$ 2,248 millones, informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana durante el pedido de voto de confianza ante el Congreso de la República.

“La UIF ha emitido 161 informes, en los cuales se identifican movimientos financieros sospechosos por un monto aproximado de US$ 2,804 millones, de los cuales US$ 2,248 millones (el 80% del total) estarían directamente vinculados a actividades de minería ilegal”, aseveró.

Cabe resaltar que un anterior informe de la UIF señalaba que entre los años 2012 y 2022 tal actividad ilegal que se ha convertido en un flagelo que azota el país tuvo 3,905 reportes de operaciones sospechosas, por US$ 18,478 millones.

Al respecto Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que el monto reportado por la UIF podría llegar a ser mayor teniendo en cuenta que esa actividad ilegal procesa más minerales además de oro.

“Con relación a la cifra, no hay manera de poder validar montos al ser una actividad de naturaleza ilícita y no-bancarizada, pero todo parece indicar que la cifra real sería mucho mayor a los $2.2428 millones indicados. Recordemos que la minería ilegal no solo procesa minerales de oro, sino también de cobre”, dijo al IIMP.

Ortiz agregó que, entre las medidas a adoptar es prioritario contar con un marco legal que permita operar solo a aquellos pequeños mineros que cumplan con tener derechos mineros.

“Es decir, de concesiones mineras o contratos de explotación, que cuenten con planes de manejo ambiental y respeten las normas laborales. De esa forma no se mantendrá el esquema actual de venta indiscriminada de explosivos, insumos químicos fiscalizados, invasión de concesiones mineras y libre comercialización de mineral ilegal”, concluyó.