Día: 29 de mayo de 2025

La empresa canadiense PPX Mining Corp. anunció la ampliación de su campaña de perforación diamantina en el depósito Callanquitas, ubicado dentro de su proyecto Igor, en la región La Libertad. Inicialmente previsto para alcanzar los 2,300 metros, el programa se extenderá a un total de 4,200 metros, con el objetivo de incrementar significativamente la base de recursos minerales de oro y plata en esta zona.

La decisión de extender el programa fue tomada de manera conjunta entre el equipo geológico de PPX y su socio estratégico, Proyectos La Patagonia SAC, operador de la mina Callanquitas. Según explicó la minera, se perforará la estructura Callanquitas Oeste, una formación paralela a la estructura Este, ya explotada anteriormente. La zona presenta mineralización en superficie con leyes altas y, según los primeros resultados, los barrenos revelan brechas oxidadas con contenidos importantes de oro, similares a los hallados en la estructura Este.

Además, PPX Mining identificó una zona con una falla tensional que, tras los primeros sondeos realizados en 2024, mostró un gran potencial para mineralización de sulfuro de alta ley. En concreto, se obtuvo una intersección de 9.2 metros con leyes de 10.3 gramos por tonelada de oro y 1,670 gramos por tonelada de plata, lo que motivó la inclusión de esta zona en la campaña de perforación ampliada.

La compañía también precisó que los trabajos de perforación se realizarán desde el subsuelo, lo cual ofrece ventajas técnicas y logísticas. Actualmente, se cuenta con dos cámaras subterráneas listas para su uso y se excavará una tercera para facilitar los trabajos en el extremo norte de Callanquitas Oeste. Esta modalidad permite reducir la longitud de los barrenos requeridos y evita retrasos asociados a los permisos de perforación superficial.

Finalmente, PPX Mining informó que el presupuesto total de esta campaña de perforación asciende a más de US$1.2 millones, incluidos los impuestos. Con esta inversión, la compañía reafirma su compromiso de continuar desarrollando el potencial mineral del proyecto Igor y fortalecer su presencia en el sector aurífero peruano.

Al cierre de 2024, según el Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de Energía y Minas del Perú, la inversión minera superó los US$4.960 millones, por encima de la meta proyectada de US$4.600 millones y registrando un crecimiento del 0,5% respecto al año anterior. Este desempeño consolida a la minería como uno de los motores económicos del país, aunque también reabre el debate sobre su impacto ambiental, particularmente por el uso de sistemas metálicos vulnerables a la corrosión.

Este fenómeno, que deteriora infraestructuras esenciales como tuberías, representa no solo un reto operativo, sino también un riesgo ambiental latente. De acuerdo con la Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión (NACE), la corrosión genera pérdidas globales estimadas en US$2,5 billones, lo que equivale al 2,3% del PIB mundial.

Según Francisco Carhuayano, especialista de Pavco Wavin, en contextos mineros donde el contacto con agentes químicos es constante, optar por soluciones altamente resistentes como las tuberías de polietileno de alta densidad (HDPE) puede generar una reducción de costos operativos de entre el 15% y el 35%. “Esto representa un ahorro estimado de entre US$375 mil millones y US$875 mil millones anuales a nivel global, y refleja una apuesta concreta por operaciones más seguras, eficientes y sostenibles”, puntualizó.

Bajo ese contexto, el especialista de Pavco Wavin resalta son los principales beneficios de las tuberías HDPE en operaciones mineras:

• Alta resistencia a la corrosión: a diferencia de las tuberías metálicas, las de HDPE no se oxidan ni se degradan por contacto con sustancias químicas agresivas, aguas ácidas o alcalinas, lo que las convierte en la mejor opción para ambientes mineros.
• Mayor vida útil: gracias a su estructura molecular, las tuberías de HDPE pueden funcionar durante más de 50 años sin deteriorarse en condiciones normales de operación. Esto reduce significativamente los costos asociados al reemplazo frecuente de materiales y al mantenimiento preventivo o correctivo, optimizando los recursos de las empresas mineras.
• Flexibilidad y resistencia mecánica: su capacidad para absorber deformaciones del terreno, vibraciones constantes y movimientos sísmicos sin agrietarse ni romperse las convierte en una solución ideal para zonas andinas o suelos inestables.
• Instalación rápida y eficiente: se pueden instalar en tramos largos mediante termofusión, reduciendo uniones y puntos de fuga, y minimizando el tiempo de parada operativa.
• Menor impacto ambiental: su durabilidad y resistencia ante impactos y sustancias peligrosas reduce la probabilidad de fugas o aguas contaminadas, protegiendo así el entorno natural. A esto se suma un menor consumo de energía en su fabricación y transporte, y la posibilidad de reciclar el material al final de su vida útil.
• Amplia compatibilidad: se adaptan a diversas aplicaciones como transporte de agua potable, relaves, aguas industriales, aire comprimido y drenaje en pilas de lixiviación o plantas de tratamiento.

En un escenario donde la minería sigue siendo una de las principales fuentes de inversión del país, incorporar tecnologías que prioricen la eficiencia operativa y el cuidado del entorno es clave para el desarrollo sostenible del sector. “Tecnologías como las que ofrecemos en Pavco Wavin, desarrolladas bajo estrictos estándares de calidad, no solo aportan eficiencia al sector minero, sino que también representan un paso firme hacia operaciones más sostenibles”, agrega Carhuayano.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha incorporado drones de última generación en sus labores de fiscalización en la provincia de Pataz, en La Libertad, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la minería informal. Estos dispositivos tecnológicos permiten identificar rutas alternas, puntos críticos de intervención y hacer seguimiento de vehículos sospechosos involucrados en esta actividad ilegal.

Los drones están equipados con sensores térmicos e infrarrojos, lo que permite a los equipos de la Sunat realizar labores de control tanto de día como de noche, incluso en condiciones climáticas adversas. Según explicó Marcela Vargas, intendenta nacional de Insumos Químicos y Bienes Fiscalizados de la Sunat, los dispositivos permiten detectar matrículas de vehículos a largas distancias y hacer seguimiento de su recorrido, lo que mejora significativamente la capacidad de fiscalización en zonas de difícil acceso.

“El objetivo de la Sunat es lograr la trazabilidad completa de los bienes, desde la extracción del mineral en la mina, su paso por las plantas de procesamiento, hasta su eventual exportación”, indicó Vargas. Desde el fin de semana, el equipo de fiscalización desplegado en Pataz ha comenzado a intervenir rutas clave, identificar bocaminas y socavones, y verificar el origen de la carga transportada en vehículos intervenidos.

La estrategia incluye, además, el control de insumos químicos, maquinaria y productos relacionados con la minería informal. Para ello, la Sunat trabaja de manera coordinada con la Policía Nacional del Perú, el Ejército y Sucamec, instalando puestos de control estratégicos y ejecutando operativos conjuntos en la zona.

En lo que va del año, ya se han fiscalizado 85 plantas procesadoras y más de 146 mil vehículos, lo que ha permitido la incautación de 9,536 toneladas de mineral aurífero y no aurífero, así como 339 toneladas de insumos químicos. Como parte del plan de intervención, la Sunat proyecta fiscalizar más de 250 plantas procesadoras en 2025 y al menos 300 en 2026.

La minería ilegal no solo se ha vinculado con el crimen organizado, sino que también estaría ganando terreno en la esfera política peruana. Así lo revela una reciente encuesta de Ipsos para el colectivo País Seguro, publicada el lunes 26 de mayo, que refleja una creciente percepción ciudadana sobre la influencia y el financiamiento político provenientes de esta actividad ilícita.

Iván Arenas, experto en temas mineros, advierte que la amenaza es real y creciente. Señala que, de no tomarse medidas urgentes, es probable que la minería ilegal logre representación directa en el Congreso. Para evitarlo, plantea la necesidad de un acuerdo político nacional que blinde a las instituciones frente a este tipo de infiltración. “Si no se actúa pronto, no sería extraño que la minería ilegal tenga presencia en varias bancadas del próximo Parlamento”, afirma.

La preocupación no es infundada: el 71% de los encuestados por Ipsos considera probable que la minería ilegal esté financiando la campaña electoral actual. Arenas coincide con esta percepción y agrega que en regiones como Pataz, exautoridades locales hoy son líderes en el sector minero informal, lo que evidencia una conexión directa entre ambas esferas.

Desde el Congreso, también se han alzado voces de alerta. La legisladora Patricia Juárez (Fuerza Popular) calificó como una amenaza al sistema democrático el hecho de que personas vinculadas a la minería ilegal estén buscando ingresar a partidos políticos y ocupar cargos públicos. “Una de las acciones más urgentes que debería tomar la presidenta Boluarte es enfrentar con firmeza esta problemática”, subrayó.

Según la encuesta de Ipsos, el 81% de los peruanos considera que la minería ilegal ejerce una influencia significativa en la política, y un 76% la responsabiliza de haber agravado la criminalidad en el país. Estos datos refuerzan la necesidad de adoptar medidas integrales para frenar su avance tanto en el ámbito social como institucional.

Petroperú denunció este martes que, en lo que va del año, se han registrado cuatro atentados contra la infraestructura del Oleoducto Norperuano (ONP). Ante esta situación, la empresa estatal exigió a las autoridades correspondientes que adopten, con urgencia, medidas efectivas para proteger este Activo Crítico Nacional (ACN) y garantizar su operatividad. El mantenimiento del ONP requiere una inversión superior a los 120 millones de dólares anuales, destinados a asegurar su funcionamiento seguro y confiable, según indicó la petrolera en un comunicado.

La empresa advirtió que estos actos vandálicos no solo ponen en riesgo la sostenibilidad del oleoducto, sino que también generan graves consecuencias ambientales y afectan la salud de las comunidades cercanas. Uno de los incidentes más recientes ocurrió el 19 de marzo de 2025, cuando se detectó una perforación en el kilómetro 315+535 del Tramo II, dentro del territorio de la comunidad nativa Sinchi Roca, en Loreto. Tras el ataque, Petroperú activó su Plan de Contingencias, logrando sellar la perforación y contener la fuga, aunque se le impidió continuar con las labores de limpieza y recolección del crudo derramado.

En su comunicado, la empresa explicó que los obstáculos y medidas de fuerza promovidos por las autoridades comunales y dirigentes locales tienen como objetivo ejercer presión sobre el Ejecutivo para obtener financiamiento de proyectos públicos. Petroperú recalcó que esta clase de demandas trasciende sus competencias y no forman parte de su gestión. Asimismo, hizo un llamado a que se respeten los marcos institucionales para canalizar estas solicitudes.

Desde el atentado de marzo, representantes de Petroperú, junto a funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la Defensoría del Pueblo, han sostenido encuentros con la comunidad de Sinchi Roca con el fin de buscar acuerdos que permitan iniciar las labores de limpieza. Sin embargo, dichos esfuerzos se han visto afectados por diversas dificultades, como la retención de trabajadores y obstáculos al funcionamiento de los sistemas de contención. En la última reunión del 21 de mayo, la comunidad exigió la contratación de 100 personas y el pago de jornales diarios de 150 soles, condiciones que la empresa considera inaceptables por los incentivos negativos que generaría.

Pese a los intentos de diálogo, Petroperú informó que el 27 de mayo se produjo un nuevo atentado, derivado de la manipulación intencional de la grapa de seguridad colocada en el punto de la perforación anterior. Esta acción provocó una nueva fuga de crudo que alcanzó una quebrada cercana, incrementando el daño ambiental y los riesgos para la salud de las poblaciones vecinas. La empresa reiteró su compromiso con la protección del entorno y la seguridad de las personas, e hizo un llamado urgente para que se garantice el respeto y resguardo de la infraestructura nacional.

En el marco de una estrategia nacional para cerrar las brechas en los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) vienen impulsando una ambiciosa cartera de 14 proyectos bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP), con una inversión estimada de US$ 2 154 millones.

Esta cartera incluye proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), plantas desaladoras y obras de captación y conducción de agua potable, orientados a mejorar la calidad de vida de más de cinco (5) millones de peruanos en 12 regiones del país. De los 14 proyectos, nueve se encuentran en fase de estructuración y transacción, con miras a ser adjudicados entre 2025 y 2026, por un monto aproximado de US$ 1 670 millones.

«Estos proyectos beneficiarán directamente a las regiones de Cajamarca, La Libertad, San Martín, Lima, Junín, Ica, Cusco, Madre de Dios y Moquegua, fortaleciendo el acceso a servicios esenciales y sostenibles», destacó Guido Valverde, director de Portafolio de Proyectos de PROINVERSIÓN, durante la Cumbre Ministerial del Agua de América Latina y el Caribe, organizada por la ONU, el BID y el Ministerio del Ambiente del Perú.

A su vez, cinco proyectos adicionales se encuentran en fase de formulación, con una inversión estimada de US$ 484 millones, proyectados para su adjudicación en los próximos años. Estas iniciativas beneficiarán a las regiones de Tumbes, Lambayeque, Lima, Junín y Loreto, alcanzando a más de un millón de personas.

Proyectos emblemáticos en cartera

Entre los proyectos más relevantes que se prevé adjudicar se encuentran:

• PTAR Puerto Maldonado (US$ 172 millones)
• Obras de Cabecera – Fase 1 (Lima) (US$ 476 millones)
• PTAR Cusco (US$ 52 millones)
• PTAR Cajamarca (US$ 74 millones)
• PTAR Huancayo (US$ 172 millones)
• PTAR Tarapoto – San Martín (US$ 143 millones)
• Desaladora Ilo – Moquegua (US$ 110 millones)
• PTAR Trujillo (US$ 425 millones)

PROINVERSIÓN lidera el diseño, estructuración y promoción de estas iniciativas bajo altos estándares técnicos, legales y financieros, asegurando la sostenibilidad de la infraestructura y servicios. Del total de proyectos, ocho corresponden a plantas de tratamiento de aguas residuales, evidenciando la apuesta por soluciones efectivas frente a la contaminación hídrica.

Impacto comprobado 

La experiencia exitosa de Lima Metropolitana demuestra el impacto de las APP en el tratamiento de aguas residuales. Gracias a las plantas concesionadas por PROINVERSIÓN (Taboada, La Chira y PROVISUR), el tratamiento de aguas residuales en Lima pasó de 21% en 2012 a más del 90% en la actualidad. Hoy, el 84% del agua residual tratada en la capital es procesada por estas tres plantas, beneficiando a más de 9 millones de personas.

El objetivo es replicar este modelo exitoso en otras regiones del país, trabajando de manera articulada PROINVERSIÓN – MVCS para garantizar servicios de calidad, proteger la salud pública y preservar el medio ambiente. Estas inversiones representan una apuesta concreta por el desarrollo saludable y sostenible del país.

La construcción de una península artificial en el litoral del Callao es uno de los proyectos de infraestructura costera más ambiciosos planificados en el Perú. Esta iniciativa busca crear un nuevo suelo urbano mediante terrenos ganados al mar, integrando zonas residenciales, recreativas y espacios para infraestructura náutica. Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de formulación y se presenta como una Iniciativa Privada bajo la modalidad de Proyecto en Activos, con una inversión estimada que supera los 760 millones de dólares y el respaldo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

El desarrollo contempla la creación de aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de nuevo territorio urbano, que incluirá una playa artificial de 280,000 metros cuadrados, un parque externo de 1 kilómetro cuadrado y un parque acuático interno de 300,000 metros cuadrados. Este espacio multifuncional está diseñado para ofrecer infraestructura náutica y servicios inmobiliarios, comerciales y recreativos, transformando la zona en un polo de desarrollo urbano y turístico.

La ubicación estratégica en el Callao añade valor significativo al proyecto, dada su cercanía a principales vías de acceso y centros logísticos. Esto permitirá una adecuada integración con la infraestructura existente, facilitando la conexión y el apoyo a las nuevas actividades económicas, residenciales y recreativas que se desarrollarán en la península.

En cuanto a la inversión y el cronograma, la iniciativa está valorada en 767 millones de dólares y se encuentra en la fase de formulación. Se prevé declarar el interés del proyecto en el tercer trimestre de 2025, convocando a potenciales inversionistas a participar en el proceso. La adjudicación está programada para el cuarto trimestre del mismo año, mediante adjudicación directa exclusiva para iniciativas privadas, seguida de la presentación y evaluación de propuestas técnicas y económicas.

Según ProInversión, la península artificial será ejecutada bajo un contrato de Proyecto en Activos con compromiso de inversión, modalidad que permite al inversionista financiar, construir y operar la infraestructura sin que el Estado transfiera la propiedad del activo. Se trata de un proyecto Greenfield, que implica la construcción sobre terrenos sin infraestructura previa, facilitando un desarrollo planificado desde cero para un emprendimiento de gran escala en la costa chalaca.