Día: 26 de marzo de 2025

Un equipo de reconocidos académicos de prestigiosas universidades chilenas realizarán una investigación sobre las causas de la propagación de la falla que condujo a un apagón total del Sistema Eléctrico Nacional, el pasado martes 25 de febrero.

El equipo será liderado por la doctora en Ingeniería Claudia Rahmann, académica de la Universidad de Chile; y lo componen también el Doctor en Ingeniería Ricardo Álvarez, académico de la Universidad Técnica Federico Santa María; el Doctor Héctor Chávez, académico de la Universidad de Santiago de Chile, y Jaime Muñoz, ingeniero y magister de la Universidad de Chile.

Esta investigación se enmarca en el compromiso y trabajo impulsado por el Coordinador Eléctrico Nacional, organismo que coordina la operación del sistema eléctrico entre Arica y Chiloé, para contar con todos los antecedentes necesarios sobre las causas del apagón de febrero, con el objetivo de obtener lecciones e impulsar medidas de corto, mediano y largo plazo para evitar que se repita un evento de similar naturaleza al ocurrido el 25 F.

El trabajo tendrá como plazo seis semanas y busca contar con análisis y estudios, basados en evidencia técnica, independiente y objetiva, que permitan entender la cadena de eventos que llevaron a la propagación de la falla, las lecciones aprendidas y posibles medidas de mitigación para prevenir situaciones similares en el futuro.

Un aspecto central de la investigación será determinar si, con los recursos de control de contingencias existentes, y asumiendo que las instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional operaron de acuerdo con la normativa vigente, el sistema debió sufrir un apagón total o debió permanecer estable en al menos una parte de la red.

También se busca determinar el impacto del comportamiento real de los esquemas automáticos que desconectan, de manera controlada, generación o consumo eléctrico para evitar el apagón total, así como también de los recursos de generación, incluidos los pequeños medios de generación distribuida (PMGD).

Este análisis se une al que ya fue encomendado a EPRI, una organización independiente y sin fines de lucro dedicada a la investigación y desarrollo en el sector eléctrico, con base en Estados Unidos, quienes revisarán el Estudio de Análisis de Falla que fue enviado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles el pasado martes 18 de marzo

Codelco se ubicó en el primer lugar dentro de las compañías mineras en el ranking de Responsabilidad ESG 2024 del Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), que destacó a las 100 empresas más responsables en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo en Chile. Con este posicionamiento, la compañía cumple diez años consecutivos como líder del segmento de las mineras en Chile.

En 2024 la Corporación se ubicó en el puesto 18 en el ranking general, escalando cinco posiciones respecto a 2023, lo que refleja su firme compromiso con la creación de valor sostenible en los territorios donde opera y con el fortalecimiento de prácticas responsables en toda su cadena de valor.

Con esta posición, además, la compañía nuevamente fue líder del sector minero, en el que también destacaron, entre las primeras 100 empresas, BHP (lugar 40), Anglo American (49), Antofagasta Minerals (61) y SQM (97).

“Este reconocimiento refleja el trabajo constante de Codelco por integrar en su gestión el cuidado del medioambiente, la transparencia y la creación de valor en los territorios donde operamos, en línea con nuestro propósito de ser pilar del desarrollo sostenible de Chile y el mundo. Continuaremos reforzando nuestras prácticas y desafiándonos para seguir avanzando hacia una minería más responsable con su entorno”, comentó Gabriel Méndez, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Codelco.

Agregó que “tenemos una serie de metas de sustentabilidad a 2030 y 2050, las cuales refuerzan nuestro compromiso con cumplir los mejores estándares de la industria en materia de ESG. En Codelco, queremos ser referentes en este tema y la medición de Merco demuestra que, aunque queda mucho por avanzar, estamos en el camino correcto».

El ranking Merco ESG (Environmental, Social & Governance) se ha consolidado como una de las evaluaciones más completas para medir la responsabilidad de las empresas en tres dimensiones clave: el cuidado del medioambiente, la contribución a la sociedad y la solidez de su gobernanza corporativa.

La edición 2024 se basó en más de 54 mil encuestas y el análisis riguroso de políticas empresariales, considerando la opinión de 25 fuentes distintas, entre ellas trabajadores, ONGs, sindicatos, asociaciones de consumidores, directivos de empresas, expertos en sostenibilidad y la ciudadanía en general.

Un positivo impacto al encadenamiento productivo y a la mano de obra calificada de la región de Tarapacá ha significado el desarrollo del Proyecto C20+ de Collahuasi. La inversión de la compañía contempla la construcción de una planta desaladora que entregará 1.050 litros por segundo a su operación, y para ello, también se está habilitando un sistema de impulsión de agua y la adecuación del sistema de transmisión eléctrica. Estos permitirán transportar el recurso hídrico a través de un pipeline de 194 km, desde el Puerto Collahuasi hasta la faena de la minera.

Desde el inicio de las obras, el 2022, la empresa implementó una serie de iniciativas tendientes a fortalecer la infraestructura portuaria, dinamizar la cadena logística en Tarapacá y trabajadores de la región en su peak de ejecución. Estas plazas laborales fueron fruto de una gestión colaborativa de C20+ con las oficinas de intermediación laboral de los municipios de Pozo Almonte, Pica, Alto Hospicio e Iquique, permitiendo identificar postulantes y canalizar su proceso de inserción laboral a través de las empresas que tomaron parte en la ejecución de las obras.

Roberto Quijada, gerente de Integración del Proyecto C20+, valoró este despliegue público-privado en favor de la empleabilidad local. “Uno de nuestros valores es el respeto por las comunidades y el medioambiente. En ese sentido, Collahuasi es un vecino de la región y la materialización de C20+ permitió reforzar el compromiso que tiene con el desarrollo sustentable de la región, y el poder contribuir a la empleabilidad y capacitación de las comunidades de Tarapacá, gracias a un trabajo coordinado y colaborativo con diversos actores de la zona”.

Quijada agregó que “la generación de estos puestos de trabajo se ha fortalecido, además, con cursos de apresto laboral y capacitaciones impulsados por Collahuasi y sus empresas colaboradoras, con el fin de garantizar equipos especializados en áreas relevantes para la ejecución y desarrollo de C20+. De esta forma, más de 800 vecinos de Pica, Pozo Almonte, Alto Hospicio e Iquique, han participado en el programa de Capacitación y Empleabilidad del Proyecto adquiriendo nuevas herramientas en oficios como gasfitería, electricidad, soldadura, seguridad, construcción, gastronomía y repostería, contribuyendo así al desarrollo económico y social de las comunidades”.

Estos esfuerzos en formar y dejar capacidades instaladas en la región se suman a la educación técnico profesional en minería, que Fundación Collahuasi impulsa en los liceos bicentenarios Juan Pablo II de Alto Hospicio y Padre Alberto Hurtado de Pica, que están bajo su coadministración. De esta manera, 128 jóvenes ya fueron contratados entre mayo y junio de este año para las operaciones de mina y planta.

En el ámbito portuario, el Proyecto C20+ ha realizado ocho transferencias de carga en el puerto de Iquique dinamizando otros sectores económicos locales como Iquique Terminal Internacional, la Empresa Portuaria Iquique y otros proveedores regionales. Esto ha incidido en un encadenamiento productivo, a partir de la subcontratación de otros servicios para el Proyecto C20+ como hotelería, alimentación, transporte de personal y carga, por una suma hasta ahora que supera los US$230 millones, en contratación de bienes y servicios regionales.

Con la presencia de la totalidad de los beneficiados y autoridades, se realizó el lanzamiento del Programa de Difusión Tecnológica, financiado por Corfo Tarapacá con la focalización del Comité de Desarrollo Productivo regional, y ejecutado por CEIM. La iniciativa está orientada a empresas proveedoras de la minería o con intenciones de iniciar ese camino, entregando herramientas actualizadas para potenciar la Industria 4.0 y la competitividad global, promoviendo la transformación digital.

En el programa participan 34 empresas, las cuales fueron diagnosticadas, detectando las brechas y sub-brechas para convertirse o potenciar su estatus de proveedores mineros. Entre las detectadas, se encuentran debilidades en procesos, análisis de datos y uso de Inteligencia Artificial, lo que será potenciado en estas capacitaciones.

La directora de Corfo, Catalina Cortés, subrayó: “Lo que buscamos es que nuestros proveedores cumplan con los altos estándares de la minería en Tarapacá”, enfatizando la importancia de la Industria 4.0 y la innovación tecnológica en el sector.

La empresaria Ivonne La Fuente, de Luna Pampina Servicios Logísticos y Eventos, manifestó: “Para nosotras, como mujeres, es esencial estar presentes para fortalecer nuestro conocimiento y conectar eficientemente con las empresas mineras”, resaltando la creciente participación femenina en estos espacios.

El seremi del Trabajo y Prevención Social de la Región de Tarapacá, Ignacio Prieto, destacó el impacto de estas iniciativas para el desarrollo regional: “Lo primero a destacar es la alianza público privado a objeto de generar cambios positivos en la industria local. Y esa es la importancia de este tipo de encuentros, donde los empresarios locales se abren al ámbito de la innovación y la disrupción productiva. En este sentido, se fortalece el capital humano, ya que la industria actual requiere más tecnología y automatización”.

El director de sedes CEIM, Abdón Ramírez, explicó: “Este es un programa de difusión tecnológica liderado por Corfo y el Comité Productivo de Tarapacá. Se diagnosticaron 34 empresas y se detectaron diferencias que abordaremos en un programa de capacitación de aproximadamente 6 meses”. Destacó además que 47% de estas empresas son lideradas por mujeres, lo cual refuerza el compromiso con la inclusión y la equidad.

Por su parte, Miguel Salinas, empresario del reciclaje de neumáticos, comentó: “Esta iniciativa nos ofrece el impulso necesario para superar la burocracia y avanzar en nuestros proyectos”, poniendo de manifiesto las oportunidades que brinda el programa a diversos sectores de la economía regional.

El programa se estructura en capacitaciones especializadas, talleres prácticos y visitas a terreno, diseñados para fomentar la digitalización y fortalecer el capital humano. Con estas acciones, se busca generar alianzas público-privadas que impulsen la productividad y la sostenibilidad de la minería en Tarapacá.

El Seremi de Minería de Tarapacá, Wladimir Astudillo, agregó: “Hoy la minería chilena compite en mercados mundiales y en este contexto tiene un desafío y una oportunidad. Por un lado, el desafío es mejorar su competitividad en este escenario mundial, lo que incluye a las empresas proveedoras a través de sus encadenamientos productivos; y la oportunidad está en la Industria 4.0. Por tanto, el foco que pone el programa es el adecuado a las necesidades actuales de la industria”. Esta declaración resalta la visión de integrar a las empresas proveedoras en una estrategia global de transformación y competitividad.

Durante cuatro extensas jornadas de audiencia, realizadas los días 12, 13, 14 y 24 de marzo, se presentaron un total de 14 testigos ofrecidos por la demandante y la demandada, que buscaron establecer si existe o no daño ambiental en el Salar de Surire debido a las operaciones de la empresa Quiborax desde el año 1987.

Hubo testigos expertos que entregaron antecedentes científicos respecto a la situación ambiental de este salar altoandino, ubicado en la cordillera de la Región de Arica y Paricanota. Asimismo, se contó con testigos simples que aportaron sus percepciones y experiencias acerca de los cambios observados en el Salar de Surire durante las últimas décadas.

Tras la exposición del último de los testigos de la demandada, Eduardo Rodríguez, especialista ambiental, comenzaron los alegatos de clausura, donde las partes pudieron exponer su postura en este caso.

Demandante

El primero en exponer fue el abogado Osvaldo Solís, por parte del Consejo de Defensa del Estado, quien solicitó se acoja la demanda en base a los estándares probatorios, donde afirmó que el saldo final de 37 años de explotación del Salar de Surire es la afectación al ecosistema.

Solís destacó que, según los informes de Conaf, SAG y Seremi de Medio Ambiente, la explotación afectó patrones de inundación, dañó la estratigrafía y comprometió áreas críticas para la reproducción de flamencos, generando lagunas artificiales hipersalinas no funcionales para el ecosistema. El abogado resaltó que la empresa, al operar en un área protegida, debía ejercer máxima diligencia, pero no cumplió adecuadamente medidas de mitigación ni compensación ambiental. Solís enfatizó que, a pesar de posibles signos de vida en lagunas artificiales, la biodiversidad original está severamente comprometida debido a sales caotrópicas que impiden un hábitat funcional. Finalmente, afirmó que existe daño comprobado en cerca del 33% del salar, subrayando que la buena fe no justifica permitir la continuidad del daño ambiental.

Continúo con los alegatos Antonio Pulgar, quien pidió acoger la demanda por daño ambiental en el Salar de Surire, destacando los efectos continuos de la actividad minera sobre la estratigrafía, escorrentía y calidad química del agua, así como el impacto negativo del tránsito de camiones, extracción ilegal de agua, ausencia de monitoreos ambientales adecuados, y daños significativos en áreas protegidas y comunidades indígenas.

Finalmente, Javiera Pérez-Santos, argumentó que esta es la vía con la que cuentan sus representados para acceder a la justicia ambiental y descartó que la acción estuviese prescrita o que el daño ambiental sea cosa juzgada. Alegó que, mediane la acción de su parte, se busca incorporar todos los efectos de la actividad de Quiborax, incluyendo el traslado de material, el paso de camiones y la extracción ilegal de agua para humectar los caminos.

Demandada

El abogado de la demandada, Mario Galindo, explicó primero que la empresa está ejerciendo una actividad lícita y que, además, todas las acusaciones han traído para Quiborax una importante afectación, al igual que para las comunidades que dependen de la compañía.

En su alegato, Mario Galindo cuestionó la credibilidad y validez de la demanda contra Quiborax, argumentando que las acusaciones de daño ambiental se basaron en imágenes sin sustento suficiente y testimonios sesgados de activistas y funcionarios que ocultaron información clave. Galindo enfatizó que no se acreditó la gravedad ni la continuidad del daño alegado, destacando que la descripción catastrofista llevó a la paralización total de faenas con graves efectos económicos. Finalmente, aseguró que esta materia ya había sido abordada en un juicio previo de 2009, constituyendo cosa juzgada, y que no se cumplen las condiciones para declarar la existencia de daño ambiental continuo o irreparable.

El abogado Hugo Botto, en representación de las comunidades ancestrales de Surire y Caracota, afirmó que el Estado de chile reconoció en 1996 que el Salar de Surire y sus zonas aledañas son de propiedad privada indígena. Botto enfatizó que, según el Convenio N° 169 de la OIT, estas comunidades tienen derecho a decidir sobre el uso de sus tierras en función de su desarrollo económico, social y cultural, especialmente frente a la desconfianza generada por el actuar del Estado que, en su parecer, no las ha considerado en este caso.

Finalmente, Gastón Padilla en representación de los sindicatos 1, 2 y 3 de la empresa Quiborax, explicó lo que este proceso ha significado para los trabajadores, gran parte de los cuales pertenecen a las comunidades cercanas al salar.

Llamado a conciliación

De acuerdo con lo expresado durante la audiencia, los ministros decidieron efectuar un llamado extraordinario a conciliación, para lo cual citaron a las partes a audiencia para el 29 de abril, con el objeto de que informen los resultados de la transacción que fue propuesta por la parte demandada.

Un informe de la consultora inmobiliaria Colliers detalla que en Estación Central todavía hay tres edificios de viviendas que, a pesar de estar completamente construidos, permanecen inhabitables debido a la falta de recepción final por parte del municipio, requisito indispensable para poder inscribir, escriturar y vender legalmente los departamentos. Las cifras actualizadas evidencian que se trata de una situación estructural, con efectos acumulativos y consecuencias que se extienden más allá de las inmobiliarias: afectando directamente a compradores, arrendatarios, e incluso al desarrollo urbano de la comuna, detalla el reporte.

Según el estudio, la raíz del conflicto se encuentra en la negativa de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de entregar recepciones a proyectos construidos en base a permisos de edificación emitidos hace años, los cuales fueron legalmente aprobados y luego puestos en entredicho tras un giro político.

Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers, afirma que el valor jurídico de los permisos de edificación ha sido ratificado por diversas cortes de apelaciones y por la Corte Suprema en múltiples casos. «En algunas ocasiones, los tribunales han establecido que el municipio correspondiente debe llegar a un acuerdo con el propietario del proyecto y/o pagar una indemnización por el daño patrimonial causado por demoras en las recepciones municipales o por la negativa a otorgarlas. En estos casos, debido a presiones políticas, no se ha otorgado la recepción final, argumentando —entre otros motivos— supuestos errores en permisos válidamente emitidos. Esto es ajeno a las normas vigentes”, explica.

En la práctica, esto ha generado un bloqueo administrativo que impide la ocupación de los inmuebles. Las inmobiliarias no pueden comercializar las unidades ni recuperar la inversión. Cada día que pasa sin resolución se traduce en mayores costos financieros, intereses acumulados y una creciente incertidumbre para las empresas y los potenciales compradores.

La magnitud del problema ha ido disminuyendo, pero sigue siendo crítica. En agosto de 2023, según cifras de Colliers, había alrededor de 300.000 m² construidos sin recepción municipal. Hoy, la cifra se redujo a 70.000 m², correspondientes a los tres edificios que continúan a la espera de autorización. Hace dos años, eran 20 torres y más de 6.700 unidades habitacionales las que se encontraban en la misma situación.

Si bien algunos proyectos han logrado avanzar tras negociaciones o resoluciones judiciales, Colliers estima que los tres desarrollos aún detenidos representan un daño patrimonial adicional de US$ 5 millones, mientras que el total de perjuicios para las 20 torres alcanza ya los US$ 130 millones, principalmente por el costo financiero de mantener edificios sin ingresos por venta.

Uno de los efectos colaterales más severos del conflicto ha sido el encarecimiento del precio de las viviendas. Un departamento que en 2022 costaba cerca de 3.000 UF ($86 millones), hoy puede alcanzar $110 millones, e incluso $126 millones si se incluyen los costos financieros que han debido absorber las inmobiliarias. En muchos casos, los compradores que firmaron promesas de compraventa no han podido acceder finalmente a sus viviendas, ya sea porque perdieron capacidad crediticia, se desincentivaron frente al alza de precios o simplemente se cansaron de esperar.

El alza en los costos y la incertidumbre han afectado también la viabilidad de futuros proyectos, generando una desconfianza generalizada en el mercado, dice Colliers, que advierte que esta dinámica está golpeando no solo a los actuales desarrolladores, sino también a la posibilidad de ampliar la oferta habitacional de la comuna.

La consultora proyecta un enfriamiento sostenido de la inversión inmobiliaria en Estación Central. Las dificultades para obtener recepciones, sumadas a nuevas restricciones del plan regulador, están desincentivando la tramitación de nuevos permisos. Esta caída en la oferta futura puede, paradójicamente, generar un alza de precios más agresiva en los próximos años, impactando especialmente a los segmentos de arriendo y primera vivienda.

Colliers plantea que la comuna está perdiendo su atractivo como zona de desarrollo inmobiliario, y que los riesgos normativos, sumados a la incertidumbre institucional, están llevando a que inversionistas y constructoras busquen alternativas en otras comunas con menor fricción administrativa.

Otro punto crítico destacado en el informe es la aplicación retroactiva de nuevas interpretaciones normativas a permisos de edificación que ya habían sido aprobados. Aunque la ley reconoce expresamente el derecho de propiedad sobre estos permisos, los cambios de criterio por parte de las autoridades locales han sido usados para bloquear recepciones finales.

Este fenómeno no es exclusivo de Estación Central. Casos similares han ocurrido en San Miguel, donde se impidió avanzar con un proyecto en el terreno de la Ciudad del Niño, y en Ñuñoa, con el proyecto paralizado en Plaza Egaña, que recién pudo retomarse tras una extensa batalla judicial. La diferencia, sostiene Colliers, es que Estación Central concentra un volumen de permisos observados muy superior al de otras comunas.

Frente a este escenario, Colliers afirma que la única salida viable es buscar acuerdos entre las autoridades municipales y los desarrolladores, que permitan compatibilizar el derecho de propiedad adquirido con las nuevas exigencias administrativas. En algunos casos, esto podría implicar asumir costos adicionales o resignar parte de los ingresos proyectados. Pero seguir negando la recepción a proyectos válidamente autorizados —afirman— socava las bases del desarrollo urbano, erosiona la confianza institucional y pone en jaque el acceso a la vivienda.

En un mercado inmobiliario cada vez más exigente, la combinación entre lujo y eficiencia se ha convertido en un factor clave para quienes buscan exclusividad sin comprometer el cuidado del medioambiente. Tecton Inmobiliaria presenta una serie de proyectos residenciales que marcan la diferencia en el sector.

Cada uno de los proyectos de Tecton ha sido diseñado con altos estándares de eficiencia energética y confort, incorporando materiales sostenibles como la madera laminada y tecnologías que reducen el impacto ambiental. La madera laminada maciza utilizada en sus construcciones permite una menor huella de carbono en comparación con los métodos tradicionales, al mismo tiempo que ofrece mayor resistencia y durabilidad. Además, la integración de envolventes térmicas herméticas y sistemas de ventilación con recuperación de calor optimizan la climatización natural de los espacios, disminuyendo la dependencia de sistemas de calefacción o refrigeración artificiales.

Entre sus desarrollos más destacados se encuentran Burgos Net Zero y Ruperto Correa, dos propuestas que redefinen la vida en comunidad con una mirada moderna y responsable.

Burgos Net Zero, el primer edificio de Latinoamérica con certificaciones Net Zero Energía y Net Zero Carbono, está ubicado en Burgos 416, en la comuna de Las Condes. Este desarrollo combina un diseño de lujo con autosuficiencia energética, logrando que la totalidad de su consumo provenga de fuentes renovables gracias a la integración de paneles solares y tecnologías de optimización energética. Su diseño incluye una envolvente térmica de alto rendimiento y sistemas de control solar que minimizan la pérdida de energía.

En términos de valores, las opciones en Casas Burgos parten desde 24.800 UF, mientras que los Departamentos Burgos están disponibles desde 26.000 UF. «Nuestro compromiso es demostrar que el lujo y la sostenibilidad pueden ir de la mano. Con proyectos como Burgos Net Zero y Ruperto Correa, estamos redefiniendo el estándar de la construcción residencial, apostando por soluciones eficientes y amigables con el medioambiente”, comentó Matías Sánchez, Gerente General de Tecton Inmobiliaria

Por su parte, Ruperto Correa, ubicado en Providencia, destaca por su certificación Minergie, un sello suizo que garantiza eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Este proyecto de baja altura, con 14 unidades en torno a un patio central, busca fomentar una comunidad integrada con un equilibrio entre privacidad y espacios compartidos. Su estructura de madera laminada maciza refuerza su eficiencia térmica y contribuye a la reducción de emisiones de CO₂. Incorporando sistemas de control solar y ventilación eficiente, este desarrollo busca minimizar los costos operacionales y mejorar el confort interior. Los precios inician en 12.800 UF para casas y 8.000 UF para departamentos.

La construcción carbono neutral es una tendencia creciente en el sector inmobiliario, y Tecton Inmobiliaria se posiciona como líder en esta transformación. Al integrar la certificación suiza Net Zero de Minergie, la empresa no solo reduce significativamente la huella de carbono de sus proyectos, sino que también mejora la calidad de vida de sus habitantes con soluciones sustentables de largo plazo. «La industria inmobiliaria tiene un rol clave en la reducción de la huella de carbono. En Tecton, creemos en construir con visión de futuro, integrando materiales sostenibles y tecnologías de eficiencia energética para ofrecer viviendas innovadoras y responsables con el entorno», afirmó Sánchez.

El uso de energías renovables, materiales de bajo impacto ambiental y estrategias de eficiencia energética no solo reduce el impacto ambiental, sino que también convierte cada desarrollo en una inversión a futuro. Estas soluciones, alineadas con las tendencias globales de construcción responsable, permiten a los residentes disfrutar de mayor confort con menor consumo, generando un ahorro significativo en las cuentas de luz y calefacción y asegurando beneficios sostenibles a largo plazo.