Luego de que un juez ordenara a la Nación hacer un pago de $50.000 millones a EPM en un plazo de cinco días, en respuesta a una demanda de la empresa, para evitar caer en un embargo, el Gobierno refutó la decisión por considerarla «inviable».
El ministro de Hacienda, Diego Guevara, contó esta mañana en diferentes medios que la Nación solicitará el desembargo de las cuentas, basada en la jurisprudencia. «Seguramente habrá discusiones y estamos preparados para responder las preguntas que surjan», dijo a Caracol Radio.
También destacó que se encuentran cumpliendo con el pago de subsidios a todas las empresas comercializadoras y que se están poniendo al día a pesar del rezago por los problemas de caja tras el choque fiscal.
«La deuda existe y la vamos a pagar y, de hecho, ya se está pagando. De $50 billones de rezago en todos los sectores que quedaron pendientes en 2024 ya nos hemos puesto al día en $23 billones», dijo.
Este año, el Gobierno acordó hacer cuatro pagos en cuatro meses para cubrir todo el monto de subsidios de 2024, el cual supera el billón de pesos. Este acuerdo se firmó en enero y se ratificó en febrero ante Contraloría y Procuraduría. Sin embargo, a la fecha solo se ha hecho un pago correspondiente a enero.
Según Guevara, los pagos a las empresas comercializadoras se deben a hacer a finales de cada mes a través del Ministerio de Minas. También contó que la próxima semana debe llegar un pago adicional de $200.000 millones para energía y $300.000 millones para gas y redes.
Respecto a las cuentas para 2025, dio un parte de tranquilidad en el sentido de que los subsidios de este año están apropiados en el presupuesto.
Además, hay una segunda deuda correspondiente a la opción tarifaria que viene de la pandemia, pues esta pasó de cobrarse a los usuarios a cargarse a la deuda pública, de acuerdo con la reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. «Estamos pendientes del título de gasto de alguna ley de la república que permita pagar esa deuda», detalló en W Radio.
Finalmente contó que se han sentado con los entes territoriales para acordar reprogramación de las vigencias de obras territoriales.
