El entorno internacional sigue enfrentando una alta incertidumbre que podría impactar a la economía chilena. La reciente situación de los aranceles en Estados Unidos está generando preocupación en diversos sectores, entre ellos la construcción.
Un posible aumento en los aranceles afectaría directamente las exportaciones chilenas, especialmente las de cobre, y podría tener repercusiones en la inversión local, particularmente en la infraestructura vinculada a la minería. La menor entrada de divisas a la economía también podría generar presiones al alza sobre el tipo de cambio, encareciendo las importaciones de insumos necesarios para la producción de materiales de construcción. Este escenario pone en alerta al sector, que monitorea de cerca las decisiones económicas que se tomen en el extranjero.
“Esto podría hacer que el estancamiento de la inversión en Chile sea aún más persistente. Y, asimismo, una menor entrada de divisas a nuestra economía ejercería presiones al alza sobre el tipo de cambio, encareciendo la importación de insumos intermedios necesarios para la producción local de materiales de construcción”, explicó el presidente de la CChC Alfredo Echavarría.
En este contexto de incertidumbre internacional, el Banco Central de Chile decidió mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 5%, una medida tomada por unanimidad entre sus miembros. “Si bien el desarrollo general del escenario macroeconómico ha sido acorde con lo considerado en el IPoM de diciembre, los riesgos para la inflación han aumentado, lo que refuerza la necesidad de cautela”, indicó el comunicado de la entidad.
En el ámbito externo se mantiene un escenario de elevada incertidumbre. El Banco Central informó que los mercados financieros globales han evidenciado una alta volatilidad, tras el cambio de gobierno en Estados Unidos, el aumento generalizado de tasas de largo plazo y un mayor fortalecimiento del dólar.
Por su parte, el mercado financiero local se ha ajustado a las tendencias globales. En este contexto, el crédito bancario continúa mostrando debilidad, mientras que la demanda en el segmento hipotecario evidencia una aparente mejora relativa. No obstante, la elevada volatilidad de este último impide extraer conclusiones definitivas sobre su nivel de dinamismo.
La gerencia de Estudios y Políticas Públicas de la CChC, explicó que si bien los datos de actividad muestran un desempeño algo mayor a lo previsto por el Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, “la creación de empleo sigue evidenciando un bajo desempeño junto con un crecimiento de salarios que se mantiene elevado. Por su parte, la inflación ha estado influida por un conjunto de factores de costos, como la depreciación del peso, mayores costos laborales y el alza de las tarifas eléctricas”.
Además explican que el efecto de una base de comparación menos exigente, tras dos años consecutivos de contracción en la inversión en construcción, permite anticipar un panorama moderadamente positivo para la inversión sectorial en 2025. “Se estima que la inversión aumentará un 4% anual, impulsada principalmente por el crecimiento en infraestructura, que se proyecta en un 5,4% en relación con 2024. La infraestructura productiva anotaría un incremento de 9,2% en doce meses, mientras que la infraestructura pública crecería un 2,2% anual”, mencionó la CChC.
Por su parte, la inversión en Vivienda registraría un aumento de 1,1%, por un incremento anual de 3,1% de la inversión en Vivienda Pública y de 0,4% de la inversión en Vivienda Privada.
“Ahora bien, tenemos expectativas de que las recientes medidas propuestas por el Gobierno para que disminuya la tasa de interés de los créditos hipotecarios se traduzcan en un impulso importante a la venta de viviendas, por lo que es urgente que este proyecto de ley se tramite con celeridad”, precisó el presidente de la CChC Alfredo Echavarría.
Por otro lado, desde el gremio indicaron que resulta imperativo que las autoridades gubernamentales concentren sus esfuerzos en optimizar los plazos de aprobación de los permisos de construcción. Esto no solo permitiría adelantar la ejecución de obras, sino también facilitar el ingreso de nuevos proyectos de inversión, generando un impacto potencialmente comparable al de una reducción significativa del impuesto a la primera categoría. Esta estrategia podría representar la mejor alternativa para mitigar los efectos sobre el ingreso y el empleo derivados de una mayor exposición de nuestra economía a perturbaciones externas.
