Al parecer, la determinación obedece al fracaso de la reforma tributaria que se propuso al Congreso, lo cual obliga al Gobierno central a «optimizar» los recursos disponibles.
En efecto, la disposición se basa en las facultades que otorgan los artículos 76 y 77 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, a los que se acude cuando no se dispone de suficientes ingresos que, en este caso, se deberían destinar a los compromisos u obligaciones existentes.
Lo que ha causado revuelo es que se afectarán rubros claves como Igualdad, Interior, Salud y Agricultura, con montos significativos que se dejarán de ejecutar en estos ministerios.
El ministerio de Vivienda también se verá afectado, lo cual impacta de manera directa al sector de la construcción, que cobija tanto a las soluciones habitacionales como a las obras de infraestructura.
De hecho, el Metro ligero de Medellín y la Primera Línea del Metro de Bogotá se cuentan dentro de los proyectos más impactados por la medida.
Con respecto a la obra de la capital del país, se calcula un recorte de $ 770.309 millones. Al respecto, el alcalde Galán se pronunció y advirtió que el distrito asumirá la carga para evitar retrasos en las obras, así como anunció que evaluará acciones legales por incumplimiento.
Vale la pena recordar que no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro y el alcalde Carlos Fernando Galán se enfrentan por la primera línea del Metro. Galán arguye que «no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga».
Agregó que, a pesar de su disposición al diálogo, el ajuste no fue concertado y que no mediaron consulta ni comunicación alguna por parte del Gobierno Nacional para tomar esta determinación.
Explicó, además, que el compromiso del Gobierno Nacional con el Metro surge de un contrato de 2017 y no de 2024, por lo cual no depende de una ley de financiamiento del año 2024.
A hoy, el metro de Bogotá tiene más del 46% de avance, no presenta atrasos y el distrito ha triplicado los recursos que ha puesto el Gobierno para la obra. Anunció que revisará las acciones legales pertinentes para que el Gobierno Central cumpla los compromisos y contratos existentes.
