Día: 29 de enero de 2025

“Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA) informa que hoy, 28 de enero de 2025, en sesión ordinaria la Junta Directiva decidió fijar la fecha de la reunión de la Asamblea Ordinaria de Accionistas, la cual se realizará el miércoles 26 de marzo de 2025”, señala el comunicado.

Y agrega: “La convocatoria con la publicación del orden del día de la Asamblea de Accionistas se realizará de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la compañía”.

Jorge Carrillo, ratificado como presidente de ISA por SuperSociedades

Vale la pena recordar que, el pasado viernes, 24 de enero, Interconexión Eléctrica (ISA), dio a conocer que fue notificada de una resolución por medio de la cual la Superintendencia de Sociedades de Colombia confirmó la inscripción del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como su representante legal.

Esta resolución, en segunda instancia, confirmó la decisión adoptada por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 10 de enero de 2025, y se produjo en el marco del recurso interpuesto por un accionista en contra de dicha inscripción, tal y como la compañía comunicó al mercado en días pasados.

“Con base en estas decisiones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y de la Superintendencia de Sociedades, a partir de la fecha queda en firme el registro del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como representante legal de ISA”, manifestó ISA por medio de un comunicado en la Superintendencia Financiera de Colombia.

El presidente de ISA, Jorge Carrillo, estaría buscando que las operaciones estén en una ciudad que vaya más acorde con los objetivos del Gobierno -encabezado por el presidente Gustavo Petro- de acelerar la transición energética, reducir tarifas de energía e impulsar las comunidades energéticas.

Para la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) aseguró que la situación de sus empresas agremiadas es crítica. Por tal razón, hizo un llamado y urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro y al Ministerio de Minas y Energía de Colombia a ponerse al día con la deuda de subsidios y apropiar los recursos para las necesidades del 2025.

Ante las constantes peticiones de los gremios del sector energético por cuenta de los subsidios de energía eléctrica, que acumulan una deuda de $2,8 billones aproximadamente, el Gobierno Nacional ha reportado un nuevo pago. Pero ¿es suficiente?

“Valoramos el abono reciente de $200.000 millones, pero, para finales de enero de 2025, la deuda por subsidios de energía estaría cercana a los $2,8 billones. En vez de bajar, seguiría incrementando. Los saldos totales por recuperar -con corte a diciembre de 2024- son del orden de $7,4 billones (que suman los subsidios, opción tarifaria, deuda oficial, entre otros)”, manifestó Asocodis.

La Asociación indicó que ese monto, un 60 % aproximadamente corresponde a la deuda pública nacional y territorial.

Por medio de su cuenta de X, Asocodis ratificó que “el Gobierno Nacional giró cerca de $200.000 millones para cubrir parte de los subsidios destinados a usuarios de bajos recursos. Sin embargo, esto representa solo el 7,4 % de la deuda total, lo que genera preocupación en el sector”.

Y destacó que hay empresas en Colombia como Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Afinia que han advertido sobre posibles cortes y dificultades operativas si no se regularizan los pagos.

Para la entidad, las empresas del sector de energía eléctrica en Colombia se están quedando sin recursos para continuar prestando el servicio de manera continua y/o no afectar a los usuarios más vulnerables, tanto en las facturas, por no disponer de subsidios, como en el suministro en un escenario más difícil.

“Hay que evitar esto para beneficio de todos los colombianos. En Asocodis estamos listos con los demás gremios (Andesco, Andeg, Acolgen, Naturgas, SER Colombia) a la invitación de la Contraloría para iniciar una mesa de trabajo conjunta y adoptar soluciones urgentes”, señaló la agremiación.

¿Cuáles son las consecuencias para los usuarios de energía en Colombia el no pago oportuno de los subsidios? Según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica esta coyuntura implica un riesgo de suministro continuo y alzas en facturas (más no en tarifas).

También pueden verse episodios en los que las empresas de energía eléctrica puedan enfrentar una mayor crisis financiera. “Urge una solución para garantizar el suministro eléctrico y la sostenibilidad de las compañías”, destacó Asocodis.

Deuda oficial a empresas del sector eléctrico en Colombia: la piedra en el zapato que se suma al lento pago de subsidios de energía 

En línea con información de Asocodis, los usuarios de energía oficiales (hospitales, estaciones de la fuerza pública, universidades, oficinas estatales, entre otros) les adeudan a las empresas asociadas a la Asociación alrededor de $1 billón: de ese monto, cerca del 40 % es de usuarios que están ubicados en la región Caribe.

“Estos recursos son fundamentales para la viabilidad de las empresas prestadoras. Importante que la Procuraduría General de la Nación, en su labor disciplinaria, sancione de manera ejemplar a los usuarios oficiales morosos en Colombia”, pidió el gremio del sector eléctrico.

Y recordó que estos usuarios tienen la obligación legal de apropiar en sus presupuestos los recursos de servicios públicos y pagarlos.

“Importante el apoyo de la Procuraduría, como de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y de Fedemunicipios, para lograr que los usuarios oficiales paguen sus deudas, que sin duda contribuirán a mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica en todo el país”, concluyó el gremio.

Hay que decir que Falquez Ortiga, quien cuenta con más de 20 años al interior de la empresa, se venía desempeñando como vicepresidente encargado de Finanzas desde el 19 de julio de 2024 y, desde hace 13 años, ocupaba el cargo de director de Recursos Financieros en ISA.

Con este nombramiento oficial, el ejecutivo empezará a ejercer sus funciones a partir del 3 de febrero de 2025.

¿Quién es Jaime Falquez Ortiga el nuevo vicepresidente de Finanzas Corporativas de ISA?

El nuevo vicepresidente de Finanzas Corporativas de ISA cuenta con más de 30 años de experiencia en dicho campo y los ha desempeñado en empresas de energía e infraestructura con alcance regional.

Ha trabajado en ISA y sus empresas durante dos períodos que suman 22 años contribuyendo a los retos de la organización en distintos roles como jefe de Planeación Financiera en Transelca, gerente financiero en ISA REP, empresa de ISA en Perú, y director de Recursos Financieros de ISA.

En este último rol, Falquez alcanzó importantes logros como el diseño de la estrategia de financiamiento para ISA y sus empresas, incluyendo los mercados financieros y de capitales locales e internacionales, bajo estructuras corporativas y tipo project finance.

Asimismo, lideró operaciones de financiación por más de US$3,5 billones, que incluye operaciones de financiación en los mercados de capital internacionales.

El ejecutivo es ingeniero industrial de la Universidad del Norte, cuenta con una especialización en finanzas y tiene un MBA de la misma universidad.

También, tiene un diplomado en Administración de Riesgos Financieros del Tecnológico de Monterrey y participó del programa Alta Gerencia Internacional de la Universidad de los Andes y Esade, y del Executive Development Program con la Universidad de Pennsylvania.

“Mediante el Auto No. 005 de fecha 5 de julio de 2024, la Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, inició el proceso administrativo sancionatorio fiscal No. PASF-2024-00004 y formuló cargos al Sr. Jorge Andrés Carrillo Cardoso, en su calidad de gerente general de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., empresa que fungió como agente especial de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P. para la época de los hechos”, indicó el órgano de control.

De acuerdo con la entidad, se encontró “como presunto responsable por el incumplimiento de la obligación de reportar la información en la Plataforma CHIP, de la Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario – CUIPO, correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2022, en los términos legales establecidos en el artículo 20 de la Resolución Orgánica 0035 del 30 de abril de 2020, con lo cual incurrió en la conducta contemplada en el literal g) del artículo 81 del Decreto Ley 403 de 2020”.

Dicho en otras palabras, desde la Contraloría se determinó que Carrillo Cardoso violó la normativa vigente al no reportar la información financiera en la Plataforma CHIP para el cuarto trimestre de 2022.

Por eso, la Gerencia Departamental de San Andrés impuso la sanción el 31 de diciembre de 2024, luego de constatar que su actuar fue carente de transparencia y rigor financiero.

“Dentro del citado proceso administrativo con radicado PASF-2024- 00004 se profirió el Auto No. 016 el 31 de diciembre de 2024, por medio del cual se impone sanción al implicado, Sr. Jorge Andrés Carrillo Cardoso, decisión que fue objeto de los recursos de reposición y, en subsidio, de apelación, por parte del Sr. Carrillo Cardoso, y que, a la fecha, se encuentran pendientes de resolución por parte del funcionario de conocimiento”, expuso la Contraloría.

El organismo de control recordó que, el 31 de mayo de 2021, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ordenó la toma de posesión de Providence and Kettlina Utilities Company S.A.S. E.S.P., designando como agente especial a Empresas Públicas de Medellín, representada legalmente entonces por Jorge Andrés Carrillo Cardoso.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, criticó los recortes, en especial los que afectan la primera línea del metro.

Los proyectos que se verán afectados

El congelamiento impactaría obras clave como el sistema TransMilenio, la construcción del puente sobre el Canal Tibanica, que beneficiaría directamente a las más de 200.000 personas que habitan en Ciudad Verde y que brindará una nueva conexión entre Soacha y Bogotá, descongestionando la autopista sur.

Además, la imposibilidad de realizar el puente también deja en vilo la extensión de Transmilenio hasta Soacha y el viaducto que se pretende construir en el borde occidental de la capital, particularmente en la Calle 80, que es la salida hacia Medellín y la Costa Caribe.

Asimismo, serán inciertos los estudios para la estructuración integral de la línea 3 del metro, que iniciará en Soacha. Esto sería un golpe para los deseos de Galán de dejar contratada la tercera línea.

El nuevo choque de Petro y Galán por presupuesto de obras

Galán afirmó que inicialmente se habían alcanzado acuerdos para que Bogotá buscara alternativas de financiación debido a los retrasos en los pagos de obras como el metro. Sin embargo, aseguró que se incumplieron los compromisos establecidos.

El alcalde en entrevista con W Radio dejó claro que su prioridad será garantizar la continuidad de las obras y cumplir con el calendario pactado para que los colombianos en marzo de 2028 tengan el Metro funcionando.

Galán también expresó su preocupación por el cambio reciente en el liderazgo del Ministerio de Transporte tras la salida de María Constanza García, situación que, según él, afectó el avance de los acuerdos previos. “Estábamos avanzando bien; la ministra nos aseguraba que íbamos por buen camino. Ahora, sin comunicación previa, la cambian, no cumplen con lo acordado y no hay nada firmado. El Gobierno debe explicar al país y a Bogotá los fundamentos legales de esta decisión y garantizar que las vigencias futuras no se pongan en riesgo. Este proyecto no es de ahora; no puede depender de la Ley de Financiamiento de 2024”, agregó.

El alcalde criticó además la falta de diálogo por parte del Gobierno Nacional. “No hubo comunicación ni reuniones previas; simplemente expidieron el decreto sin consultar. Ahora nos buscan después del daño hecho. Haremos todo lo necesario para que los proyectos sigan adelante”, enfatizó.

Por último, Galán reveló que el ministro de Hacienda, Diego Guevara, lo contactó para discutir el tema, aunque consideró que ya se ha incumplido el convenio con Bogotá.

Según información de Reuters, la semana pasada, Trump pidió a Arabia Saudita y a la OPEP que bajaran los precios del petróleo y aunque, la OPEP+ aún no ha respondido, cinco delegados aseguraron que es poco probable que -en la reunión del grupo el 3 de febrero de 2025- se haga un ajuste su plan actual de comenzar a aumentar la producción a partir de abril.

Recientemente, el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, mantuvo conversaciones con Hayan Abdel-Ghani de Irak y Khalifa Abdulsadek de Libia en Riad, informó la Agencia de Prensa Saudita (SPA), y toda la conversación giró en torno a la propuesta del jefe de Estado norteamericano.

“El ministro saudí y su homólogo libio discutieron el fortalecimiento de los esfuerzos conjuntos para apoyar la estabilidad de los mercados energéticos mundiales» con el fin de servir a sus intereses mutuos, informó SPA. También discutieron la cooperación para lograr intereses mutuos con su homólogo iraquí, informó Reuters con información de SPA.

El ministro saudí también se reunió con el ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos, Suhail al-Mazrouei, en Riad para mantener conversaciones informales, dijeron dos fuentes con conocimiento del asunto.

Vale decir que los precios del petróleo han subido este año y el 15 de enero el crudo Brent alcanzó casi los US$83 el barril, su nivel más alto desde agosto, respaldado por la preocupación por el impacto de las sanciones estadounidenses a Rusia en la oferta. Desde entonces, los precios han bajado y el martes cotizaban por debajo de los US$78.Cabe recordar que la OPEP+ agrupa a miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y aliados, incluida Rusia. Y el 3 de febrero de 2025 está previsto que se reúna su Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto (JMMC), un grupo de altos ministros que puede recomendar cambios de políticas.

Las medidas tributarias que se definieron para este fin y que quedarán detalladas en un decreto que está próximo a salir son el IVA a los juegos de suerte y azar online, una contribución especial de exportaciones del sector de extracción de crudo y carbón, y un impuesto de timbre del 1 %.

De estos, el IVA del 19 % a los juegos de suerte azar virtuales sería el que permitiría un mayor recaudo esos 90 días, $519.000 millones, una cifra cercana a la estimación revelada el viernes pasado el ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien habló de entre $600.000 millones y $700.000 millones.

En el proyecto de ley de financiamiento de 2024 se calculaba que en un año el cobro del IVA en este rubro le dejaría al Gobierno $1,9 billones. Sin embargo, la propuesta fue fuertemente criticada por el sector hasta el punto de que se retiró del articulado final.

Por su parte, la contribución especial de exportaciones para crudo y carbón debería dejar unos $214.000 millones, aunque no se entregaron mayores detalles de su cobro.

Finalmente, el impuesto de timbre permitiría recaudar $330.000 millones. Se trata de un gravamen a diferentes bienes y servicios que suministran las entidades del Estado a los ciudadanos, como la emisión de pasaportes, las apostillas, legalizaciones, copias de escrituras públicas y varias certificaciones.

“Los recursos que se lleguen a recaudar se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, detalló la viceministra.

También explicó que estas medidas tributarias fueron necesarias porque con los recursos del Presupuesto General de la Nación no es posible responder a la situación en el Catatumbo, sumado al hecho de que el país atraviesa por una situación fiscal compleja. De hecho, el Gobierno tuvo que decretar un aplazamiento presupuestal de $12 billones, lo cual limita aún más las competencias.

“Hay que hacer claridad en que estos recursos no estaban contemplados en el presupuesto general de la nación de 2025 entonces se requiere determinar unas nuevas fuentes de financiamiento para tener el presupuesto necesario”, dijo.