Día: 28 de enero de 2025

La incorporación, que debe hacerse por decreto cada seis meses siguiendo la distribución definida por el Departamento Nacional de Planeación, corresponde a los rendimientos financieros que se generaron entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2024.

Los departamentos que recibirán una mayor cantidad de recursos, de acuerdo con el decreto, serán Meta ($67.665 millones), Casanare ($47.146 millones) y Cesar ($42.087 millones).

En contraste, los departamentos de Quindío y Risaralda verán adiciones menores a $290 millones, incluso para el caso de Vaupés serán de solo $5,7 millones.

En la desagregación por municipios destacan los municipios de Cartagena (Bolívar), Becerril (Cesar), Barrancas (La Guajira), Puerto Gaitán y Acacías (Meta), los cuales recibirán cada uno más de $6.000 millones.

Por ley, los rendimientos financieros que generen los recursos de asignaciones directas en la cuenta única de regalías, manejada por el Ministerio de Hacienda, deben incorporarse en el presupuesto del sistema y distribuirse entre las entidades beneficiarias.

El recaudo de las regalías y cualquier otra compensación que se pague al estado por explotar los recursos naturales es realizado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería.

Vale la pena recordar que el presupuesto bianual del Sistema General de Regalías para 2025-2026 se estableció por ley en $30,9 billones, cifra que equivale al 1,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Mientras el 82,5 % de los recursos estimados ($25,5 billones) provendrán de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías, es decir de la explotación de hidrocarburos y minerales, el porcentaje restante corresponderá a los rendimientos financieros ($5,2 billones).

El abogado Germán Lozano Villegas presentó una demanda de nulidad electoral argumentando que Prias no cumplía con las calidades y requisitos constitucionales y legales de elegibilidad.

En particular, argumentó que la ley exige que los expertos comisionados deben tener experiencia reconocida y cualificada en el área energética, y haber ocupado cargos de responsabilidad en entidades del sector energético por más de seis años, o haber trabajado como consultor o asesor en el área energética por ese mismo periodo.

Aunque el demandado cumple con los requisitos académicos (ingeniero eléctrico, especialización en gerencia de tecnología, y maestría en eficiencia energética), el demandante sostiene que la experiencia no está acreditada de manera adecuada. Afirma que no se cumple con el criterio reputacional ni con las condiciones de experiencia necesarias en cargos de responsabilidad o como consultor o asesor en el área energética, lo que hace que el nombramiento sea ilegal.

El tribunal dijo que: “Se reitera que, «en atención a las importantes funciones que se desempeñan en la comisión de expertos de la CREG frente a un sector económico/servicio público domiciliario de altísima importancia nacional y respecto del cual es posible predicar un grado de especialidad y tecnicidad, se requiere, entonces, que las personas que la integran tengan las calidades que se acompasen con dichas características, las cuales se materializan en la triada de especificidades antes descritas: una serie de profesiones determinadas, una experiencia calificada en el área energética y las vinculaciones con el sector, todos ellos de forma concurrentes”.

Con la salida de Prías son cuatro nombramientos de comisionados de la CREG que se le han caído al gobierno Petro en el Consejo de Estado, entre ellos, Manuel Peña Suárez, Baisser Antonio Jiménez y José Medardo Prieto Suárez

El cuarto trimestre de 2024 fue otro periodo sólido para la empresa, con un Ebitdax que alcanzó aproximadamente US$78 millones para los tres meses terminados el 31 de diciembre de 2024, lo que resultó en un Ebitdax anual de aproximadamente US$298 millones para 2024.

La compañía sustenta que el resultado se debe principalmente a la oferta limitada de gas natural en Colombia, lo que resultó en precios altos tanto de este energético como de electricidad.

La inversión de capital (Capex) fue de aproximadamente US$29 millones en el trimestre y US$123 millones en el año terminados el 31 de diciembre de 2024, respectivamente, debido principalmente a las eficiencias en perforación y las iniciativas de reducción de costos de la corporación.

Proyectos de Canacol en Colombia

En cuanto a las actividades de perforación, el pozo exploratorio Natilla-2 ST1, bajo el contrato SSJN-7, alcanzó una profundidad de 15.050 pies, Profundidad Vertical Verdadera (TVD) en la Formación Porquero, ubicada justo por encima del objetivo primario, la arenisca Ciénaga de Oro, Córdoba.

Durante la perforación, se encontraron aproximadamente 550 pies TVD de areniscas y lutitas con buena calidad de yacimiento, confirmando la presencia de gas a altas presiones, que oscilaron entre 12.500 y 13.500 psi.

Actualmente, se trabaja en el revestimiento de la Formación Porquero para continuar hacia la profundidad total planificada de 16.510 pies TVD. Al concluir la perforación, se realizarán pruebas de producción en intervalos potencialmente productivos.

Por su parte, el pozo de evaluación Lulo-3, también en el contrato SSJN-7, alcanzó una profundidad de 8.209 pies MD el 24 de enero de 2025. En este pozo se identificaron 101 pies TVD de espesor neto contenedor de gas en el yacimiento primario CDO.

Actualmente, se encuentra en proceso de revestimiento y completación, con expectativas de iniciar producción durante la primera semana de febrero de 2025.

En el contrato VIM-5, (Córdoba y Sucre) el pozo de desarrollo Clarinete-11 logró una profundidad de 8.695 pies MD el 1 de enero de 2025. Este pozo encontró 205 pies TVD de espesor neto contenedor de gas en el yacimiento CDO y ya se encuentra en producción, aportando aproximadamente 6 MMscfpd.

Adicionalmente, el pozo de evaluación Siku-2, bajo el mismo contrato, inició perforación el 26 de enero de 2025 y busca extender el campo de gas descubierto en 2020. Este pozo apunta a areniscas contenedoras de gas en una sección del campo ubicada a 500 metros al sureste del pozo descubridor Siku-1. Se prevé que la perforación, completación y conexión se realicen en un plazo de tres semanas.

Finalmente, en el contrato VIM-21, el pozo de evaluación Pibe-2 alcanzó una profundidad de 9.392 pies TVD. Sin embargo, se encontró gas no comercial en el yacimiento CDO, lo que llevó a su abandono.

Se trata de un viaducto que se pretende construir en el borde occidental de la capital, particularmente en la Calle 80, que es la salida hacia Medellín y la Costa Caribe.

La idea con este proyecto es destrabar la conexión de Bogotá con el resto del país, sobre todo porque en la zona se generan fuertes trancones cuando hay horas pico o festividades.

Para lograrlo, la Región Metropolitana adjudicó el año pasado esta megaobra clave para Bogotá, con el fin de ejecutarla en un periodo de dos años.

Sin embargo, su ejecución quedaría ahora desfinanciada por cuenta del aplazamiento fijado por el gobierno Petro, que impactó a este y otros proyectos de infraestructura.

¿Cuál es la megaobra clave para Bogotá que quedó desfinanciada?

Así lo indicó la Región Metropolitana por medio de un comunicado, en el cual dijo que la decisión del presidente “pone en riesgo la continuidad de proyectos claves para el beneficio de los ciudadanos”.

Y agregó que, según el decreto, el Gobierno congelará unos $86.000 millones de esta entidad, dejando en el limbo proyectos de gran calado, como este intercambiador de la Calle 80.

Vale recordar que, en marzo de 2024, el Instituto de Desarrollo Urbano adjudicó la obra al consorcio Probogotá 2.0, el cual está integrado por las firmas JMV Ingenieros y Teccivil.

Desde entonces, los empresarios comenzaron un proceso de 25 meses para realizar los distintos componentes de la obra, que incluye los estudios y diseños definitivos, las aprobaciones necesarias, y finalmente la construcción y entrega del intercambiador.

Actualmente, según datos de la Región Metropolitana, el consorcio avanza en la terminación de los estudios fase III, los cuales espera dejar terminados en mayo de este año.

Una vez esto se concrete, las firmas podrán arrancar la fase de construcción del viaducto, que prevé una inversión total de más de $70.000 millones.

Sin embargo, esta megaobra clave para Bogotá que quedó desfinanciada sentiría el golpe del aplazamiento hacia el próximo año, momento en el cual deberán comenzar las intervenciones más grandes en esta zona del occidente de la capital.

Por todo lo anterior, la Región Metropolitana confirmó que revisará la priorización de proyectos “para honrar los compromisos adquiridos en el marco de los contratos ya suscritos, en función de los recursos disponibles”.

En ese escenario, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dijo por medio de una publicación en su cuenta de X que los proyectos de infraestructura, como el metro, seguirán su ejecución como se venía planeando.

“En Bogotá no vamos a permitir que nuestra ciudad se detenga. Es importante reiterar que los aportes de la Nación a los proyectos de Bogotá no son un favor. Estos responden a contratos firmados, y aplazar su cumplimiento es una forma de incumplimiento. Quiero ser claro: a pesar de nuestra disposición al diálogo, este aplazamiento no fue concertado. Nadie del Gobierno Nacional se comunicó con nosotros para discutir esta decisión”.

¿Qué más dijo Galán sobre la decisión del Gobierno?

El alcalde recordó que el compromiso del Gobierno Nacional con el metro de Bogotá surge de un contrato firmado en 2017.

Por lo tanto, esto quiere decir que no depende de decisiones tomadas en 2024 ni puede estar sujeto a una ley de financiamiento que no fue aprobada en el Congreso de Colombia.

Vale la pena destacar que el metro tiene un avance del 46,24 %, y, de acuerdo con Galán, Bogotá ha aportado tres veces más recursos que la Nación para este proyecto.

“Como alcalde quiero darles a los bogotanos la tranquilidad de que vamos a garantizar que el proyecto no se detenga. Sin duda, este aplazamiento genera costos adicionales, pero haremos todo lo necesario para que el Distrito, el Gobierno de Bogotá, asuma hasta el año 2026 la carga que este incumplimiento del Gobierno Nacional representa”, afirma el alcalde de Bogotá.

Y concluye: “Analizaremos todas las acciones legales disponibles para asegurar que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos que tiene con Bogotá. El proyecto Metro está devolviéndole la esperanza a nuestra ciudad. Los ciudadanos están viendo los avances en las calles todos los días, y por ningún motivo vamos a permitir que nada ni nadie frustre esa esperanza”.

“Las regiones estamos tiradas de parte del Gobierno Nacional. Las obras del túnel del Toyo que conectan a Medellín con Urabá, que es tener el mar finalmente cercano, pero que es tener una vía al final nacional, la vamos a tener que terminar con recursos propios de la Alcaldía y de la Gobernación ya que el Gobierno no cumplió sus compromisos, en los que debe aportar $600.000 millones”, afirmó el mandatario local.

Sumado a esto, destacó que el Ejecutivo tuvo que haber aportado  $483.000 millones el año pasado para el Metro de la 80, pero que esos recursos, que estaban establecidos por vigencias futuras con documento conpes, no han llegado.

“Tampoco hay un solo peso para las víctimas del Gobierno Nacional, tanto que hablan de víctimas y los estamos atendiendo es nosotros como ciudad (…) La niñez la dejaron tirada. De $70.000 millones normal del convenio entre el ICBF y la Alcaldía para niñez solo van a enviar $20.000 millones”, afirmó Gutiérrez.

A su juicio, lo que se evidencia con estas decisiones es “un desquite del Gobierno Nacional con las regiones por pensar diferente. Entonces nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es pragmatismo: financiar las infraestructuras sociales y las obras, aportarle a la niñez, seguirle aportando a las víctimas”.

“No la tenemos fácil, pero no nos rendimos. Nosotros hemos dicho: vamos a sacar el país adelante desde las regiones. Esa es la realidad, pero no solo acá, el Gobierno está dejando tirados los proyectos en todo el territorio”, finalizó.

Estos y otros grandes proyectos de infraestructura dejarían de recibir millonarios recursos que la Nación les gira cada año, tras los compromisos firmados en gobiernos pasados.

Así quedó definido en los diversos contratos de obras pública o concesión que se han materializado años atrás y que, con esta medida, podrían caer en un incumplimiento.

Eso sí, para que esta situación suceda, deberá existir un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los privados de reprogramar los recursos, aunque también se podrá presentar si los megaproyectos registran incumplimientos en sus cronogramas (ver imágenes a continuación).

Megaproyectos clave de Bogotá, Medellín, Antioquia y el Caribe que se les aplazan los recursos

El decreto firmado por el gobierno Petro es claro en decir que los recaudos que se esperan recibir en 2025 “no son suficientes” para financiar los gastos fijados en el decreto de Presupuesto.

Por lo anterior, se hace necesario aplazar $12 billones de recursos del erario, siendo el sector transporte uno de los más golpeados.

Por ejemplo, a la primera línea del metro de Bogotá se le congelarían partidas por $770.309 millones, mientras que al megaproyecto de restauración del Canal del Dique le quedaría pendiente una cifra similar ($710.970 millones).

De igual forma, el aplazamiento de recursos tendría un impacto en el Metro de la 80, que se construye en Medellín, el cual quedaría con un debe de casi $500.000 millones de parte del Gobierno Nacional.

Por otro lado, la Troncal de la Calle 13 en Bogotá quedaría con un rezago de $328.532 millones, mientras que el Regiotram de Occidente -tren que se construye entre la capital del país y el occidente de la Sabana- dejaría de recibir $345.735 millones.

Volviendo a Antioquia, el gobierno Petro también podría aplazar recursos para el túnel del Toyo y sus vías de acceso, por un monto de $181.200 millones.

Ahora bien, el aplazamiento también se daría en las carreteras Mulaló -Loboguerrero ($339.000 millones) y Bucaramanga – Pamplona ($181.302 millones) que no están en obras por litigios pendientes o liquidaciones ya anunciadas.

De otro lado, la falta de dinero se sentiría en la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en diversas ciudades por $1,7 billones. Lo anterior generaría un coletazo en ciudades intermedias como Neiva, Popayán, Armenia e Ibagué.

Horas antes de emitir el decreto, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, explicó que dos terceras partes del aplazamiento corresponde a presupuesto de funcionamiento, por lo que podría conllevar “un choque para algunos contratistas”.

Además, dijo que, en materia de vigencias futuras, solo se aplazarían algunas por coyuntura, como las vías Mulaló – Loboguerrero y el Regiotram de Occidente.