Día: 24 de enero de 2025

El alcalde de Pataz solicita la renuncia del ministro del Interior por la falta de resultados en el estado de emergencia en la zona, a lo que Juan José Santiváñez respondió calificando la solicitud de «un pedido con intereses personales». El ministro se expresó durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el 22 de enero, en respuesta a las críticas del alcalde Aldo Carlos Mariños, quien había manifestado que la inseguridad en su localidad sigue en aumento, a pesar de las medidas tomadas.

Santiváñez refutó las acusaciones del alcalde, asegurando que ha habido reuniones con representantes del gobierno y que los viceministros del Interior han viajado en varias ocasiones a la zona, no solo para abordar la problemática de la inseguridad, sino también para investigar la minería ilegal. Aseguró que la solicitud de renuncia del alcalde podría estar vinculada a los operativos contra la minería ilegal, los cuales, según Santiváñez, parecen incomodar al alcalde.

El ministro del Interior también sugirió que el pedido de renuncia del alcalde podría tener motivaciones personales, debido a que las investigaciones contra las organizaciones criminales parecen afectarlo directamente. Según Santiváñez, las operaciones contra la minería ilegal que se llevan a cabo en la región pueden estar impactando negativamente los intereses de los actores locales involucrados en este tipo de actividades.

Por su parte, Aldo Carlos Mariños recordó que, en su momento, Santiváñez había prometido su renuncia si no se lograban avances en materia de seguridad en un plazo de tres meses. Con ese plazo ya vencido, el alcalde exigió que el ministro cumpla su palabra, dado que los indicadores de criminalidad no solo no han mejorado, sino que se han agravado. En su opinión, la situación requiere la intervención de una persona comprometida con la seguridad del país.

Además, el alcalde expresó que el ministro debería dar un paso al costado y permitir que otra persona, con un mayor compromiso y disposición, trabaje de la mano con los servicios de inteligencia para desmantelar las bandas criminales que operan en la región de La Libertad.

Mientras tanto, la minería ilegal en la zona sigue siendo una de las principales preocupaciones para las empresas mineras. La compañía Minera Poderosa, con operaciones en la provincia de Pataz, ha reportado pérdidas cercanas a los 300 millones de dólares en la primera mitad de 2024 debido a las actividades ilegales que afectan sus concesiones.

Pablo De la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera, explicó que la situación se ha vuelto crítica, con 450 bocaminas ilegales operando dentro de sus áreas. Estas actividades ilegales están afectando seriamente su producción y generando pérdidas millonarias, ya que el mineral extraído ilegalmente se desplaza hacia las plantas de la costa.

Las pérdidas de Minera Poderosa no solo afectan sus resultados financieros, sino que también tienen un impacto negativo en la economía local. De la Flor destacó que el daño incluye una reducción de la productividad, la pérdida de empleos formales, menos pagos de impuestos y una disminución de las transferencias a los gobiernos regionales por concepto de canon. El impacto económico total de estas pérdidas podría llegar a los 6,000 millones de dólares.

Este caso refleja un problema mayor que afecta a muchas otras empresas mineras en el país, las cuales enfrentan crecientes dificultades para operar de manera segura y rentable en regiones invadidas por mineros ilegales.

• Este laboratorio analiza alrededor de 80 muestras diarias, con equipos de alta tecnología.

El laboratorio de fluidos de Quellaveco, innovación ubicada en el Taller de Mantenimiento de Mina (Truck Shop), tiene la capacidad de analizar hasta 80 muestras diarias de aceites lubricantes, refrigerantes, combustibles, filtrografías y ferrografías, a fin de detectar posibles problemas en los equipos mineros y de planta. Además, recibe muestras de todas las áreas de la operación, desde la alta montaña hasta el Puerto de Ilo.

En 2023, el laboratorio participó en el prestigioso Premio Interlaboratorio del Institute for Interlaboratory Studies (ISS) de Países Bajos. Gracias a la precisión de sus equipos y métodos, el laboratorio fue galardonado en la categoría «Excelencia de Laboratorio», consolidándose como uno de los más avanzados de la industria.

Cabe destacar que, este proyecto ha permitido evitar fallas severas en motores críticos, logrando no solo la protección de equipos y personas, sino también un significativo ahorro de costos operativos. El éxito de este laboratorio demuestra cómo la innovación y el compromiso de Anglo American contribuyen a la excelencia operativa y a la sostenibilidad de Quellaveco.

Además, el equipo humano encargado de los análisis de fluidos cuenta con certificación ICML (International Council for Machinery Lubrication) y una amplia experiencia en métodos de análisis, lo que es esencial para garantizar resultados confiables.

Con este proyecto, Anglo American se posiciona como un referente en la industria minera, gracias a su capacidad para detectar oportunamente posibles problemas en equipos mineros y de planta. Este innovador laboratorio cumple con los más altos estándares internacionales y es clave para garantizar la continuidad operativa, prolongar la vida útil de los equipos y prevenir fallas catastróficas.

Por la Ley N° 32213 se prorrogó una vez más el plazo para la inscripción de los pequeños mineros y mineros artesanales que actuaban irregularmente, en el “Registro Integral de Formalización Minera” (Reinfo), ello para que pudiesen formalizar sus actividades que estaban al margen de la ley.

La citada ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de diciembre pasado, para regir desde el 28 de diciembre del mismo año, curiosamente el “Día de los Inocentes”. En esa norma se establece el plazo de seis meses que vencerán el 30 de junio del 2025, para que se formalice la actividad minera de que tratamos, aunque faculta al Ministerio de Energía y Minas a ampliar este plazo por seis meses más, pero con los habituales cambios de ministros y variaciones políticas y gubernamentales, cualquier cosa puede suceder.

El solo mensaje dentro de la Ley N° 32213, que el plazo para la formalización podría de nuevo prorrogarse, evidentemente le quita fuerza e incluso seriedad, pero eso es lo que tenemos y a ello nos debemos atener, por lo que para hacer más factible su cumplimiento se requieren varias cosas, como son que se reglamente esta norma legal, pero principalmente que se publicite debidamente.

Cierto es que las normas legales para tener valor requieren de su publicación en la gaceta oficial, esto es, el Diario Oficial El Peruano y, también que existe la presunción constitucional de conocimiento de la ley, pero ello solo en teoría, ya que en la práctica se requiere de máxima difusión real, sobre todo tratándose de la actividad minera que mayormente se desarrolla en el ande, con lejanía a centros poblados de importancia.

Lo señalado evidentemente obliga a una campaña comunicacional desde el Ministerio de Energía y Minas, pero al unísono con la preparación de capacitadores que, viajando a todos los lugares de actividades mineras informales, los ayuden en las gestiones y trámites para su formalización, ya que no basta de la anunciada existencia de una ventanilla única para ello. Estamos contra el reloj, pues se supone que a los capacitadores primero hay que prepararlos e instruirlos para que a su vez puedan capacitar a los informales y la capacitación no es un juego, hay que realizarla rápidamente y con eficiencia. Contamos con personal apropiado en el Ministerio de Energía y Minas para recibir el encargo.

Tenemos que simplificar al máximo los trámites de formalización. Pero además vincularlos a normas por expedir que resuelvan el tema de tributos dejados de pagar, así como de diversas otras autorizaciones, permisos y licencias, sin olvidar también que, para el aspecto de retribuciones laborales y beneficios sociales adeudados, que son irrenunciables, se necesitará por lo menos de normas que faciliten el fraccionamiento de la deuda laboral.

¡A ponerse a trabajar se ha dicho! El calendario y el reloj corren y bien rápido.

Existe un desfase de 75 toneladas entre la producción nacional formal de oro y lo que el Perú exporta según cifras de Sunat, advirtió el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre.

En su intervención como panelista en la conferencia magistral del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), en la Semana de la Ingeniería de Minas 2025, García dijo que en el 2023 la producción formal de oro en el país ascendió a 100 toneladas, pero que la Sunat reportó una exportación de 175 toneladas.

En el panel indicó que dos de los problemas a afrontar con urgencia en la lucha contra la minería ilegal es la exportación y comercialización de oro ilegal.

El funcionario aseveró que esta alarmante cifra de oro ilegal que sale del país representa alrededor de S/ 30 mil millones. “Estamos viendo a la minería ilegal como una economía ilegal”, comentó durante el evento organizado por el IIMP.

“No se trata de reducir la producción sino la brecha (entre lo legal y lo ilegal). De que cada vez sea mayor la producción formal y ahí entra la formalización minera”, dijo.

Críticas al Reinfo
García cuestionó que lamentablemente con el marco legal del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en 8 años sólo se ha logrado formalizar al 2.4% de los inscritos.

“De más de 84 mil registrados solo 2,100 formalizados. Entonces eso definitivamente no ha funcionado”, señaló.
Además, comentó que debido a que la base del problema es el marco legal actual, la solución parte por una población informada que vote adecuadamente en las Elecciones del 2026.

“Desde el punto de vista político tenemos una oportunidad en el 2026 en las Elecciones, cómo vamos a votar, qué gobernadores vamos a tener donde hay minería legal e ilegal, ellos son los que eligen a los directores generales de Energía y Minas, y son los que tienen que supervisar, fiscalizar y formalizar progresivamente, ahí está la importancia de este factor político”, sentenció.

La Compañía de Minas Buenaventura anunció su intención de incrementar la producción de plata de su proyecto minero Yumpag. Así lo confirmó Roque Benavides, presidente del directorio de Buenaventura, durante una entrevista en el programa Diálogos Mineros, del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Benavides destacó que el proyecto Yumpag, ubicado entre la provincia limeña de Oyón y el departamento de Cerro de Pasco, ya se encuentra operando desde hace aproximadamente ocho meses y que la posibilidad de incrementar su producción este año está en el radar de la compañía.

“Actualmente, estamos en etapa de producción. Estamos llevando mineral de Yumpag a la planta concentradora de Uchucchacua. Estamos haciendo campañas de procesamiento y esperamos ir potenciando e incrementando la producción de Yumpag conforme tengamos mayor infraestructura para la explotación de Yumpag”, aseguró Benavides en el programa del IIMP.

Producción anual
Por su parte, Juan Carlos Ortiz, vicepresidente de Operaciones de Buenaventura, en diálogo con el IIMP, dio detalles alentadores sobre la producción que estiman para este año. «El rango de producción de Yumpag para el 2025 estará entre 7.2 y 7.5 millones de onzas de plata», reveló.

Además, señaló que si bien el tiempo de vida útil del proyecto es de 10 años, existen oportunidades visibles de extenderla, según precisó Ortiz. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) otorgó en marzo de 2024 el permiso que requería la compañía para iniciar las operaciones de este proyecto.

El Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez abrirá oficialmente sus puertas el domingo 30 de marzo. Para el acceso de los pasajeros, el gobierno ha decidido que la entrada se realizará exclusivamente a través de la avenida Morales Duárez, descartando así el uso de la avenida Elmer Faucett para ingresar al nuevo terminal aeroportuario. Esta noticia ha generado diversas dudas entre los ciudadanos que esperan la inauguración de la nueva infraestructura, que con 270,000 metros cuadrados será tres veces más grande que el actual aeropuerto. A continuación, se detallan las declaraciones de autoridades sobre la elección de las rutas de acceso.

El alcalde del Callao, Pedro Spadaro, aclaró que la avenida Faucett no podrá ser utilizada como ruta de acceso al aeropuerto, ya que una de las pistas de aterrizaje estará ubicada en esa zona. Spadaro señaló que, aunque desconocía este detalle del proyecto, la ubicación de las pistas hace imposible permitir el tránsito de pasajeros por el área de las pistas de aterrizaje, algo que sería una violación de las normas internacionales de seguridad. El nuevo terminal estará situado entre las dos pistas de aterrizaje, lo que impide que los pasajeros puedan acceder a él directamente desde la avenida Faucett.

Respecto a las nuevas rutas de acceso, el transporte hacia el nuevo aeropuerto será facilitado por dos puentes modulares provisionales que conectarán la avenida Morales Duárez con el terminal. Los pasajeros podrán utilizar vehículos privados o el servicio de transporte público “AeroDirecto”, que contará con cinco rutas y 57 paraderos estratégicamente ubicados para facilitar el traslado hacia el aeropuerto. Esta decisión ha generado críticas, sobre todo por la mayor distancia desde la avenida Morales Duárez, que obliga a los pasajeros a caminar distancias largas, lo cual resulta incómodo, especialmente cuando se llevan maletas pesadas.

El alcalde Spadaro también mencionó que, aunque la opción de utilizar la avenida Faucett es más accesible en términos de proximidad al aeropuerto, recorrer la distancia adicional de dos kilómetros con equipaje puede ser un desafío para muchos viajeros. Esta situación ha generado preocupación sobre la comodidad y conveniencia del acceso para los pasajeros, especialmente aquellos que viajan con grandes cantidades de equipaje.

En cuanto a posibles retrasos en la apertura, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso (Ositrán) ha confirmado que la concesionaria no ha incurrido en incumplimientos contractuales, a pesar de que la fecha de apertura original estaba fijada para enero de 2025. Por lo tanto, no se aplicarán sanciones o penalidades en este momento, ya que el nuevo aeropuerto abrirá de acuerdo al cronograma establecido.

En 2024, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez experimentó un aumento significativo en el número de turistas internacionales que arribaron al país. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, más de dos millones de turistas extranjeros llegaron a Perú durante ese año, lo que representa un crecimiento del 31,3% en comparación con el año anterior. Este incremento en el flujo de turistas refleja la reactivación del sector tras los efectos de la pandemia de COVID-19 y subraya la importancia del aeropuerto como un motor clave para la economía peruana.

Este renovado interés por el aeropuerto y las mejoras en la infraestructura aeroportuaria tienen un impacto positivo en el sector turismo y en la competitividad de Perú a nivel internacional. La apertura del nuevo terminal tiene el potencial de fortalecer aún más este crecimiento y posicionar a Perú como un destino clave en América Latina.

El Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Decreto Supremo N° 009-2025-EF aprobó el Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el cual regula disposiciones para que las contrataciones de bienes, servicios y obras de las entidades públicas sean más oportunas y eficientes, facilitando el cumplimiento de sus objetivos para mejorar la calidad de vida de los peruanos.

El reglamento es resultado del trabajo sostenido del Ministerio de Economía y Finanzas y de las coordinaciones y consensos alcanzados con los demás sectores, entidades públicas y representantes de la sociedad civil.

Tras la publicación del reglamento, en noventa días calendario entrará en vigor el nuevo marco normativo. Durante dicho periodo, el MEF desplegará acciones a nivel nacional para la difusión y la capacitación de las entidades del gobierno nacional, regional y local, además de emitir la normativa complementaria que abarca directivas y guías que brindarán herramientas adicionales para su aplicación.

El reglamento reconoce y promueve el principio del Valor por Dinero, que prioriza la calidad sobre el precio. Este concepto permitirá que las entidades del Estado maximicen el valor de los recursos que se destina en cada contratación, en términos de eficiencia, eficacia y economía.

Además, se desarrollan nuevos y modernos procedimientos de selección y ejecución contractual, como las compras públicas de Innovación, las compras centralizadas, y un marco específico para la regulación de la atención ante situaciones de emergencia.

Asimismo, se moderniza la gestión de los contratos de obras para facilitar su ejecución y se fortalece la Junta de Prevención y Resolución de Disputas, a fin de prevenir controversias y disminuir el riesgo de paralización de obras.

Este nuevo marco normativo es parte de las reformas necesarias en el proceso de adhesión del Perú a la OECD, que como fin último tiene la mejora en las condiciones de vida de todos los ciudadanos del país.