Día: 17 de enero de 2025

“El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), han identificado una Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región del suroeste de Antioquia, en consideración a las características del suelo, los usos y el ordenamiento territorial”, dijo la cartera.

La resolución identifica como Zonas de Protección para la Producción de Alimentos a los municipios:

• Amagá, Andes, Angelópolis
• Betania, Betulia, Caramanta
• Ciudad Bolívar, Concordia
• El Jardin, Fredonia, Hispania
• Jericó, La Pintada, Montebello
• Pueblorrico, Salgar, Santa Bárbara
• Támesis, Tarso, Titiribí
• Urrao, Valparaíso y Venecia

Ante esto, Luis Fernando Barrera, presidente de la Asociación Profesionales Sector Minero Colombiano, aseguró que las ZPPA son una iniciativa que saca el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Agricultura -basada en el Plan de Ordenamiento Territorial- donde muchos sectores productivos entran en situación crítica, pese a su importancia para la economía de Colombia.

“Por medio de estos instrumentos, las entidades del Gobierno Nacional tienen la potestad de decidir el uso de los suelos en los territorios de Colombia, desconociendo la caracterización de estos y las actividades productivas históricas de cada región. En esas conversaciones no se han incluido a actores claves como el sector empresarial ni a la comunidad”, dice el líder gremial.

Para el experto, este tipo de instrumentos se interponen a la autonomía de los gobiernos locales. “Los alcaldes de estos territorios fueron elegidos por elección popular y en sus facultades está armar un Plan de Ordenamiento Territorial acorde a las necesidades y características de la zona”.

Asimismo, para Barrera, las entidades nacionales tienen una visión centralizada y desactualizada de las regiones del país, por el contrario, la autonomía local reconoce y apoya el desarrollo de las tradiciones agrícolas.

“Las ZPPA demuestran una desconexión con las políticas rurales existentes, al no integrarse con iniciativas en áreas como infraestructura, educación y servicios sociales”, describió.

El dirigente gremial aseguró, además, que las ZAPPA amenazan el desarrollo económico al restringir el uso de la tierra dificultando la creación de empleos formales, lo cual puede intensificar los conflictos sociales.

“Esta decisión del Gobierno Nacional no tiene los criterios suficientes o datos actualizados sobre cuáles deben ser las actividades productivas que se deben priorizar para beneficiar la economía local y mejorar la calidad de vida de la comunidad”, señaló Luis Fernando Barrera, presidente de la Asociación Profesionales Sector Minero Colombiano.

Y es que se asegura que en el suroeste antioqueño, al igual que en cualquier otra región del país, es posible promover actividades económicas que estén en armonía con el medioambiente y puedan coexistir. Pero indicó que las ZPPA carecen de estudios sobre los impactos que pueden tener actividades agrícolas extensivas que pueden llegar a perjudicar el ecosistema donde se desarrollan.

“El Gobierno quiere imponer una narrativa en torno a la necesidad de contar con una política de soberanía alimentaria en el país y está utilizando las ZPPA como un instrumento para ello”, subrayó Barrera.

Para el experto, el hecho de que, bajo esta bandera, se quieran imponer límites a la gobernanza territorial y a la sostenibilidad económica -según las medidas del Ministerio de Agricultura- implican dos aspectos que preocupan:

• Sobreexplotación de los recursos naturales: si bien se busca promover la producción de alimentos, el impacto negativo de las ZPPA será mayor, especialmente en regiones con estrés hídrico.
  “Las prácticas agrícolas extensivas pueden llevar a la sobreexplotación de los recursos hídricos, poniendo en peligro la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura misma e impactando otros sectores dependientes del agua, como el turismo y la industria. Además, el enfoque en el monocultivo puede llevar a la destrucción de hábitats, la degradación del suelo y la reducción de la biodiversidad. Esto socava el objetivo de las ZPPA de proteger la tierra para una agricultura sostenible”.
• Impacto en la sostenibilidad fiscal: no hay datos completos que respalden la viabilidad fiscal a nivel territorial de las ZPPA.

“La falta de un análisis detallado que compare la sostenibilidad fiscal y ambiental de la agricultura con otras actividades potenciales, como el turismo sostenible, genera dudas sobre sus beneficios económicos a largo plazo. Esta falta de diversidad económica y la escasa capacidad para generar ingresos podrían impactar negativamente la capacidad de un municipio para financiar servicios públicos esenciales e infraestructura”.

¿Qué dice el MinAgricultura sobre las críticas de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos?

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en conjunto con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), sobre las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), hicieron las siguientes aclaraciones:

1.      La Resolución 377 de 2024 identifica una “Zona de Protección para la producción de Alimentos” que, de acuerdo con el parágrafo primero del artículo primero de la precitada resolución, “no constituye determinante del ordenamiento territorial, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, modificado por el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023”.

2.      La identificación de esta Zona tiene como objetivo determinar un polígono indicativo para el sector Agricultura, dar publicidad de las actuaciones que estamos desarrollando en virtud del principio de transparencia y coordinación y contar con un marco territorial de referencia para los ejercicios de diálogo y participación.

3.      Esta Zona se someterá a estudio por parte del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Unidad de Planificación Rural y Usos Agropecuarios – UPRA, para determinar, dentro de la misma, donde será declarada un Área de Protección para la Producción de los Alimentos -APPA, de acuerdo con criterios técnicos, jurídicos, y socioculturales, entre otros, para declarar la determinante de ordenamiento territorial del nivel 2 (Art. 32 L. 2294 de 2023).

4.      La Resolución 377 de 2024 no vulnera en ningún caso la autonomía territorial y, por el contrario, permite el desarrollo del principio de coordinación entre la Nación y las entidades territoriales, quienes a partir de los diálogos que han sostenido con la UPRA pueden presentar sus apreciaciones para definir la forma como quedarán declaradas las referidas APPA a través de acto administrativo posterior.

Adicionalmente, permitirá avanzar con el mandato legal de protección del suelo rural tan necesario en el contexto actual.

5.      La identificación de esta Zona da respuesta a solicitudes de las organizaciones campesinas locales y regionales, que han reclamado proteger sus suelos para el desarrollo rural, salvaguardando su identidad campesina, la producción agropecuaria, los derechos territoriales y garantía del derecho humano a la alimentación de las comunidades que habitan los municipios de esta región antioqueña.

6.      El proyecto de Resolución fue publicado el día 5 de noviembre de 2024 en el sitio web dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación para la publicación de proyectos normativos, por el término de 15 días calendario, se allegaron 51 comentarios y se respondió a cada uno de ellos, garantizando la participación de la ciudadanía.

7.      Con la identificación de las ZPPA, se da inicio al proceso de coordinación institucional que facilita la aproximación al territorio y la interacción con los diversos actores involucrados, incluyendo los diferentes gremios.

El objetivo principal de esta etapa es establecer una relación y diálogo efectivos a nivel territorial y sectorial que posibiliten la articulación, coordinación y gestión de la información, la cual será posteriormente analizada y procesada.

8.      Es importante precisar la diferencia de las ZPPA y la APPA: Las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos- ZPPA- son zonas de referencia para análisis y estudio, no generan efectos jurídicos, no se trata de una determinante del ordenamiento.

Ecopetrol S.A. informó que su filial Refinería de Cartagena S.A.S. (Reficar) fue notificada de la negación a la solicitud presentada por Chicago Bridge & Iron Company N.V., CB&I UK Limited de anular el fallo arbitral del 2 de junio de 2023.

Hay que decir que la decisión de negación fue emitida por la Corte del Distrito del Sur de Nueva York.

Cabe recordar que el fallo arbitral -que fue informado por Ecopetrol el 7 de junio de 2023- fue con ocasión de la celebración y ejecución del Contrato EPC (Engineering, Procurement, and Construction Contract) suscrito entre las compañías para la ampliación y modernización de la refinería ubicada en la ciudad de Cartagena.

Dicho fallo resolvió las disputas entre Reficar y Chicago Bridge & Iron Company N.V., CB&I UK Limited y CBI Colombiana S.A. (colectivamente “CB&I”).

En consecuencia, Ecopetrol dio a conocer que se ha confirmado en su integralidad el laudo arbitral en mención.

Con este fallo judicial y con la decisión de la Corte de Países Bajos del día 21 de marzo de 2024, frente a la aprobación del plan alternativo de reestructuración financiera de Chicago Bridge & Iron Company N.V, la Refinería de Cartagena ha logrado consolidar la defensa de sus intereses y los de la Nación, marcando el final de un largo proceso legal.

Y, en general, para proyecto del bloque Exploratorio offshore Col-1, en el mar Caribe colombiano.

Para Acipet, el pozo Komodo-1 representa una oportunidad estratégica para fortalecer la soberanía energética del país y garantizar la sostenibilidad del suministro de energía en un contexto global de transición energética.

“Esto es crucial no solo en el ámbito del gas, donde se necesitamos recuperar la autosuficiencia, sino también en el crudo en donde necesitamos mantener la condición de autosuficiencia y exportación, que es fundamental para el país”, precisó el medio.

Y agregó que “reconocemos la importancia de contar con una regulación ambiental rigurosa y responsable, que garantice la protección de los ecosistemas y promueva el desarrollo sostenible de las actividades energéticas en el país”.

En tal sentido, Acipet considera que las condiciones impuestas en una licencia ambiental deben ser ajustadas a criterios técnicos, viables y acordes con los estándares internacionales. “Esto permite el cuidado del medio ambiente y la competitividad del sector, evitando así desincentivar la inversión en Colombia”.

Es por ello, según el gremio, por lo que resulta alarmante que las condiciones establecidas por la ANLA puedan inviabilizar la ejecución de proyectos que, además de contribuir al desarrollo económico, cuentan con el respaldo de compañías comprometidas con el cumplimiento de altos estándares ambientales y sociales.

Como lo recalcó Anadarko en el recurso de reposición “(…) Estos términos y condiciones no solo superan las regulaciones aplicables a este tipo de proyectos, sino que también son incompatibles con las mejores prácticas de la industria de hidrocarburos y, en algunos casos, se reitera, son desproporcionadas e imposibles de cumplir”.

Desde Acipet se invitó a la ANLA y a las autoridades competentes a tener en cuenta tres aspectos clave:

1. Se resuelva con la mayor diligencia posible el recurso de reposición presentado por Anadarko. “Es fundamental disminuir al máximo los retrasos en este proyecto”.
2. Se priorice y garantice la aplicación de criterios técnicos para atender las razones y argumentos presentados en el recurso y, en tal sentido, se reconsideren las exigencias impuestas.
3. Se adopte un enfoque equilibrado que permita armonizar la protección ambiental con el desarrollo de la industria de hidrocarburos.

“Reiteramos nuestra disposición para participar en un diálogo constructivo con la ANLA y las partes interesadas, aportando nuestra experiencia técnica y conocimiento especializado para construir soluciones que impulsen un desarrollo sostenible y competitivo para el país”, concluyó Acipet.

Campetrol expresa preocupación por la viabilidad del Proyecto Komodo-1

La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) manifestó su preocupación ante la incertidumbre generada en torno al proyecto de Perforación Exploratoria de Hidrocarburos Costa Afuera en el Bloque COL-1 en el Caribe colombiano Komodo-1, una iniciativa clave para la soberanía energética de Colombia, y apoyar la transición hacia un modelo más sostenible.

Las condiciones impuestas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en la Resolución 2821, han sido calificadas como desproporcionadas, lo que pone en riesgo la viabilidad del proyecto.

“El desarrollo de nuevos recursos es fundamental tanto para los hogares colombianos como para la estabilidad económica y energética del país. Campetrol reconoce la importancia de mantener altos estándares ambientales dentro de un marco regulatorio viable que fomente la inversión y permita la aplicación de prácticas eficientes y probadas en la industria”, indicó el gremio.

Para la Cámara, una regulación equilibrada es esencial para asegurar la continuidad de proyectos estratégicos como Komodo-X1.

“Campetrol destaca la importancia de una respuesta oportuna a los recursos de reposición como un elemento fundamental para viabilizar la continuidad de los proyectos estratégicos del sector”, afirmó Nelson Castañeda, presidente ejecutivo de Campetrol.

Y añadió que “Komodo-1 es crucial para el futuro energético del país; por ello, reiteramos la necesidad de garantizar altos estándares ambientales, respaldados por una regulación equilibrada que fomente el desarrollo de iniciativas estratégicas para la seguridad energética de todos los colombianos”.

En una rueda de prensa liderada por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, María Constanza García (Transporte), Martha Carvajalino (Agricultura) y el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, explicaron las razones de su posición.

“No vamos a revocar la decisión de la ANLA sobre la suspensión de actividades en el Muelle 13 de Buenaventura. Hay suficiente respaldo técnico y jurídico que demuestra que no existen las condiciones legales para operar. No se puede realizar ninguna operación sin una licencia ambiental adecuada, y este grupo portuario no cuenta con ella”, afirmó la ministra de Ambiente.

Por su parte, María Constanza García, ministra de Transporte, respaldó la medida de la ANLA argumentando que la falta de una licencia ambiental es el resultado de incumplimientos por parte de la empresa operadora durante los últimos tres años.

Y es que, aunque la empresa contaba con un plan de manejo ambiental, este resultaba insuficiente debido al gran calado y volumen de las operaciones, por ello se le exigía una licencia.

“No hay persecución ni manejo irregular. Simplemente, los trámites no cumplieron con la normativa vigente”, explicó García.

El director del DNP, Alexander López, enfatizó que la suspensión no afectará la logística portuaria ni el empleo en Buenaventura. Según López, existen suficientes capacidades en otros muelles para recibir los buques que operaban en el Muelle 13.

Llamado de atención a la Procuraduría

La ministra de Ambiente también cuestionó la posición de la Procuraduría, que ha solicitado levantar la suspensión temporal.

Muhamad criticó la falta de argumentos de fondo por parte del ente de control y pidió al nuevo procurador, Gregorio Eljach, sentarse y revisar las actuaciones de su delegado en este caso.

“Con las evidencias técnicas y jurídicas, no se entiende cómo la Procuraduría intercede a favor del operador portuario en lugar de apoyar las medidas preventivas necesarias para proteger los derechos colectivos”, afirmó.

El ministerio de Ambiente anunció que presentará denuncias penales y disciplinarias por el incumplimiento de controles ambientales en las operaciones del muelle, señalando posibles riesgos al derecho colectivo por la falta de regulación adecuada.

¿Qué sigue para el muelle 13?

El Gobierno Nacional está evaluando un nuevo enfoque para el uso del Muelle 13. Según Alexander López, el objetivo es garantizar que esta infraestructura esté al servicio de las comunidades locales, con un enfoque en la pesca artesanal e industrial. “Debe ser un espacio que beneficie a las comunidades y fomente su desarrollo económico y social”, concluyó López.