Litio y energías renovables: principales motores del crecimiento futuro en Antofagasta

Un estudio reciente realizado por la consultora Criteria y Colbún ha revelado una visión optimista de los antofagastinos sobre el futuro de las energías renovables y la minería del litio. Según los resultados, un 23% y 25% de los encuestados esperan un crecimiento significativo en la generación de energía solar y eólica, así como en la minería del litio, en los próximos 10 años. Además, la generación de energía renovable es percibida como una de las principales actividades económicas futuras para la región.

La encuesta, realizada entre fines de agosto y principios de septiembre, incluyó a 630 participantes y fue presentada durante un conversatorio en el auditórium de las Ruinas de Huanchaca. En este evento participaron la seremi de Economía, Fomento y Turismo de la Región Antofagasta, María Teresa Véliz, el gerente de Proyectos Hidráulicos y Agua de Colbún, Carlos Briso, y el director ejecutivo del Parque Científico Tecnológico, Dr. Hernán Cáceres. El estudio, titulado “Un Horizonte para Antofagasta”, destaca el optimismo de los antofagastinos hacia el desarrollo de las energías renovables.

Carlos Briso, de Colbún, destacó que los resultados reflejan el creciente interés de la región por las energías renovables, lo que demuestra un compromiso con el desarrollo de una matriz energética más sostenible. Señaló que como empresa, Colbún está optimista respecto al despliegue de proyectos, como la ampliación del parque Horizonte, la subestación Llullaillaco y otros proyectos relacionados con hidrógeno verde. Estos proyectos tienen como objetivo consolidar a la región como un referente en energías limpias.

El estudio también reveló que las energías renovables, junto con la minería del litio, son vistas como las actividades con mayor potencial de crecimiento. Un 36% de los encuestados considera que la minería del litio será la principal actividad económica futura. Según Matías Chaparro, director de Asuntos Públicos de Criteria, los antofagastinos desean diversificar la matriz productiva de la región. Aunque siguen valorando la minería del cobre, ven un gran potencial en el crecimiento de la minería del litio y las energías renovables, las cuales también generan un fuerte sentido de orgullo regional.

En cuanto a la calidad de vida, los resultados muestran una percepción de nostalgia, ya que un 63% de los encuestados considera que la calidad de vida era mejor hace 10 años. Esta preocupación refleja un optimismo moderado hacia el futuro, con un 39% de los participantes anticipando un empeoramiento en la calidad de vida en los próximos años. Sin embargo, el crecimiento de las energías renovables podría ser una clave para mejorar las condiciones de vida y diversificar la economía local, lo que podría ayudar a contrarrestar estas percepciones negativas.

En cuanto a las oportunidades económicas, el estudio muestra una visión ambivalente. Aunque el 48% de los encuestados considera que las oportunidades eran mejores hace 10 años, un 37% se muestra optimista sobre las perspectivas de futuro. Hernán Cáceres, del Parque Científico Tecnológico, destacó que el estudio revela una visión proactiva sobre el desarrollo regional y el potencial de la región, lo que genera expectativas para seguir mejorando la calidad de vida y la innovación.

Por último, en el ámbito social, se reconocen avances en educación, salud e ingresos, pero persisten preocupaciones sobre el costo de vida, la seguridad y la contaminación. Un 75% de los encuestados prevé un aumento en el costo de vida y un 65% anticipa un incremento en la delincuencia. A pesar de estos desafíos, el estudio también mostró un optimismo moderado sobre la descentralización, con un 50% de los encuestados creyendo que la capacidad de la región para decidir su futuro de manera independiente de Santiago aumentará en los próximos 10 años.

Más de mil mineros artesanales bloquean la Panamericana Sur pidiendo prórroga del Reinfo

Más de mil mineros artesanales e informales bloquean dos tramos de la carretera Panamericana Sur en señal de protesta, exigiendo la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los puntos de bloqueo están ubicados en el kilómetro 440, en la provincia de Nasca, en la región Ica, y en el kilómetro 782, cerca del puente Ocoña en Camaná, Arequipa, lo que ha provocado una fila de vehículos que supera los 10 kilómetros.

Los mineros piden que el Reinfo, que les permite extraer minerales de manera legal y operar en concesiones mineras de terceros, sea prorrogado por al menos dos años más. Actualmente, este registro tiene una fecha de vencimiento establecida para el 31 de diciembre de 2024, lo que los dejaría fuera de la legalidad si no se amplía.

El presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), Máximo Becker, denunció que los concesionarios imponen tarifas elevadas por el uso de las tierras y obligan a los mineros a venderles los minerales extraídos. Además, quienes se niegan a aceptar estas condiciones enfrentan represalias, incluyendo la negativa de los concesionarios a firmar los documentos necesarios para acceder al Reinfo.

Becker también señaló que las tarifas de «alquiler» por el uso de las tierras aumentan de forma arbitraria después de dos o tres años de trabajo, lo que deja a los mineros en una situación económica precaria. Este sistema, según el dirigente, fomenta la informalidad y los conflictos, por lo que exige la eliminación de las concesiones y la implementación de un marco legal más justo y equitativo.

La protesta, que comenzó el miércoles 20 de noviembre, refleja el descontento de los mineros con la situación actual del sistema de formalización minera. Consideran que las condiciones bajo las cuales deben operar son insostenibles y que la legislación vigente no resuelve los problemas fundamentales de la informalidad en el sector.

En cuanto a la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), los manifestantes también expresaron su rechazo, argumentando que esta normativa no aborda las causas estructurales de la informalidad ni mejora las condiciones laborales del sector. Según los manifestantes, la ley no ha logrado transformar de manera efectiva la realidad del trabajo en las minas artesanales.

La protesta de los mineros artesanales y informales resalta la creciente frustración por las condiciones que enfrentan en el sector. Exigen una solución que les permita trabajar de manera más equitativa y con mayores garantías legales, mientras que las autoridades aún deben tomar decisiones sobre la extensión del Reinfo y la mejora de las condiciones laborales y legales del sector minero.

A medida que la protesta se mantiene, las autoridades y las partes involucradas deberán encontrar un camino para resolver las demandas de los mineros y evitar mayores conflictos en el futuro. Las soluciones propuestas por los manifestantes incluyen una reforma a las leyes existentes para garantizar la sostenibilidad y el bienestar de los trabajadores del sector.

Antamina alcanza las 50 millones de toneladas embarcadas de concentrados de cobre y zinc

  • Se han realizado más de 2 mil embarques en Puerto Punta Lobitos, ubicado en Huarmey, desde julio del 2001

Compañía Minera Antamina ha marcado un nuevo hito al superar las 50 millones de toneladas de concentrados de cobre y zinc despachadas desde el puerto minero Punta Lobitos, ubicado en Huarmey. Este logro resalta el impacto de la minería en la región Áncash y el compromiso de la empresa con estándares operativos y ambientales de alto nivel.

El carguero Casablanca Tiger, operado por la compañía japonesa NSU, fue el encargado de concretar el despacho número 2,013 desde Punta Lobitos. Este embarque transporta 54,560 toneladas de concentrados de cobre y zinc hacia el puerto de Fancheng, en China. La carga incluye 33,000 toneladas de cobre y 21,560 toneladas de zinc, consolidando el puerto como un eje estratégico para la exportación minera peruana.

Las operaciones de Punta Lobitos comenzaron en 2001 con el primer embarque realizado en el buque Federal Agno, que transportó 17,000 toneladas de concentrados de cobre. Desde entonces, y tras 23 años de operaciones, Antamina ha despachado concentrados hacia diferentes destinos ubicados en Asia, Europa, América y Oceanía, destacando especialmente el mercado asiático, donde China, Japón y Corea del Sur figuran entre sus principales receptores.

El Ing. Víctor Gobitz, Presidente y Gerente General de Antamina, reconoció a todos los equipos que hicieron posible este logro. “Hoy se embarcan, en total desde el inicio de las operaciones de Antamina, 50 millones de toneladas de concentrados de cobre y zinc, que se trasladan a todo el mundo. Somos un importante productor minero a nivel mundial”, comentó.

Puerto Punta Lobitos, reconocido como uno de los más terminales de embarque más eficientes del país, tiene la capacidad de recibir un promedio de nueve buques al mes y cuenta con certificaciones que confirman su excelencia operativa y compromiso con la sostenibilidad, el medio ambiente y la salud de sus trabajadores y vecinos.

Una vez más, Antamina refuerza su posición como líder en la industria minera y, a la vez, como un aliado estratégico para el desarrollo económico de la región Áncash y el Perú. La empresa reafirma su propósito de mantener los más altos estándares en la gestión de riesgos, responsabilidad social y sostenibilidad, además de promover impactos positivos, tanto a nivel local como internacional.

Proyecto de ley MAPE propone estricta regulación en el uso de explosivos para minería artesanal y pequeña minería

El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, informó que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la formalización de la minería artesanal y pequeña minería, conocida como Ley MAPE. Esta propuesta busca regularizar y fortalecer el sector minero, particularmente en lo que respecta a la seguridad y control de los materiales utilizados en la minería a pequeña escala.

El proyecto, al que tuvo acceso el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), contempla una mayor regulación en el uso de explosivos para la minería artesanal y pequeña minería. El gobierno propone un control más estricto en la adquisición, transporte, almacenamiento y uso de estos materiales, con el fin de garantizar la seguridad en las actividades mineras.

Con este objetivo, el proyecto faculta a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para implementar un régimen especial destinado a la minería artesanal y pequeña minería. Esto incluirá sistemas de gestión y control de autorizaciones que aseguren un suministro seguro y adecuado de explosivos y accesorios para la explotación minera en este sector.

Esta medida, si se aprueba, entraría en vigor 90 días después de su promulgación, según el proyecto del Ministerio de Energía y Minas. La propuesta se encuentra actualmente en discusión en el Congreso, específicamente en la Comisión de Energía y Minas, que está evaluando la posible extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Mayra Figueroa, directora general de Formalización Minera, subrayó la importancia de este régimen para Sucamec, señalando que la falta de reglas claras o la entrega inadecuada de explosivos genera la creación de mercados ilegales que deben ser erradicados. “Es necesario dar una habilitación a Sucamec para que pueda establecer normativas claras y controladas”, afirmó Figueroa en el marco del último Jueves Minero del IIMP.

La medida tiene como fin evitar la informalidad y fortalecer el control sobre los explosivos, una herramienta fundamental para la minería. Además, se busca asegurar que las actividades mineras en el país se realicen bajo un marco de seguridad y legalidad, lo que también contribuiría a la mejora de las condiciones laborales y ambientales en el sector.

Senace autoriza 33 proyectos de electricidad e hidrocarburos con inversión de US$ 1,000 millones

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha aprobado 33 proyectos en los sectores de electricidad e hidrocarburos durante este año, ubicados en 12 regiones del país y con una inversión total que supera los 1,000 millones de dólares. Estos proyectos demuestran el compromiso del organismo con un desarrollo que equilibre el crecimiento económico con la protección del medio ambiente, la participación ciudadana activa y el bienestar de las comunidades.

Silvia Cuba, presidenta ejecutiva del Senace, destacó que el organismo trabaja para convertir los retos ambientales en oportunidades de crecimiento sostenible para el Perú. «Nuestro enfoque se basa en el compromiso, la transparencia y una efectiva participación ciudadana», afirmó.

Entre los proyectos más relevantes aprobados se encuentra el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) del complejo hidroeléctrico Huamuco y la modificación del EIA-d para el Lote 31-C. Además, se aprobaron 16 informes técnicos sustentatorios (ITS) que incluyen modificaciones y ampliaciones menores, así como planes de participación ciudadana y clasificaciones de proyectos.

Los proyectos clave, como centrales hidroeléctricas y pozos de hidrocarburos, están distribuidos en diversas regiones del país, incluyendo Huánuco, Ucayali, Lima, Loreto, Piura, Cusco, Ica, Puno, Arequipa, Pasco, Callao y Ayacucho. Estos proyectos tienen un alto impacto en el desarrollo económico y social de estas áreas.

La presidenta del Senace resaltó que la institución juega un rol esencial en la evaluación de proyectos en sectores clave como minería, hidrocarburos, transporte, electricidad, agricultura, residuos sólidos, vivienda, construcción y saneamiento. Este enfoque contribuye significativamente a la reactivación económica del país.

«La aprobación de estos 33 proyectos no solo implica una inversión importante, sino también un compromiso firme con las comunidades locales y con el bienestar general de todo el país», agregó Cuba, subrayando que el Senace continúa siendo un actor clave en el desarrollo sostenible.

Con cada proyecto aprobado, el Senace refuerza su misión de transformar los desafíos ambientales en nuevas oportunidades de crecimiento, consolidándose como un pilar fundamental para el progreso sostenible del Perú.

Colombia crece en transporte de pasajeros por vía aérea: van más de 46 millones a octubre

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) presentó el balance sobre los pasajeros que se transportaron por las terminales aéreas del país al mes de octubre, con cifras que crecieron versus el 2023.

Colombia registra un destacado desempeño en la movilidad aérea durante los primeros diez meses de 2024, alcanzando un total de más de 46,4 millones de pasajeros movilizados, lo que representa un incremento del 15,9 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. Es decir, se transportaron más de 6,7 millones de personas más.

En ese total los viajeros al interior del país llegaron a los 27,4 millones, 13,7 % más; mientras que los pasajeros internacionales fueron los que jalonaron el resultado, tras haber cerrado en 19 millones y un incremento de 19,2 % en comparación con el periodo enero-octubre de 2023.

“El dinamismo del sector aéreo en Colombia es un reflejo del esfuerzo conjunto entre aerolíneas y autoridades para optimizar la conectividad nacional e internacional. La consolidación de una tasa de crecimiento sostenida en dos dígitos reafirma el compromiso de hacer de Colombia un destino atractivo”, afirmó la autoridad.

Si se analiza solo el mes de octubre, el sector también consolida un buen desempeño, pues logró cerrar con 4,8 millones de pasajeros (2,9 millones nacionales y 1,9 millones internacionales), elevándose 16,6 %.

Transporte de carga y correo: cifras en ascenso

El segmento de carga y correo también muestra una tendencia positiva. Durante los últimos doce meses, se movilizaron 933.079 toneladas, marcando un incremento del 8,4 %.

En los primeros diez meses de 2024, las aerolíneas que operan en el país transportaron 775.515 toneladas, lo que supone un aumento del 9 % (equivalente a 63.972 toneladas adicionales) respecto al mismo periodo de 2023.

El mes de octubre de 2024 destacó especialmente, con un crecimiento del 10,5 % en el transporte de carga, equivalente a 8.092 toneladas adicionales frente a octubre de 2023.

Ampliación de regasificadora de Cartagena estaría lista en 2027: Ya convocó empresas

La Sociedad Portuaria El Callao (SPEC LNG) es la única planta de regasificación de gas natural licuado en Colombia; que, desde su puesta en operación en 2016, ha permitido y facilitado importación de 110 cargas de gas.

Esto quiere decir que, a través de esta infraestructura, han entrado al país, aproximadamente, 6,4 millones de metros cúbicos de gas natural licuado.

Que, al final de la operación; es decir, una vez convertido el gas de estado líquido a gaseoso, Colombia ha podido disponer de 127.000 millones de pies cúbicos del energético.

Dicho gas es usado por parte de plantas térmicas para la generación de energía, la cual ha sido especialmente necesaria en épocas como la actual en la que Colombia sufrió de un fenómeno de El Niño fuerte que representó una sequía extensa que secó los embalses desde los cuales se genera energía.

Ampliar la regasificadora

En la actualidad, SPEC LNG tiene una capacidad de recibir hasta 450 millones de pies cúbicos de gas natural licuado por día.

Pero, el país tiene una demanda energética creciente que es necesario suplir. Sin embargo, no se cuenta con nuevos proyectos de energía hidráulica (represas), ni se ha podido acelerar la puesta en marcha de proyectos de energía eólica por diversos problemas: como demoras en las licencias y en las consultas con las comunidades.

Es por lo que la ampliación de esta planta de regasificación e importación es clave para la seguridad energética de Colombia.

De acuerdo con José María Castro, gerente de SPEC LNG, ya hay un plan de ampliación de la capacidad de la planta ubicada en la zona de Barú al norte de Cartagena. Un proyecto que contempla una inversión total de US$80 millones.

Su primera fase estaría lista en agosto de 2025 y llevaría la capacitación de regasificación hasta 475 millones de pies cúbicos por día.

La segunda fase estaría terminada en agosto de 2027 con un adicional de 58 millones de pies cúbicos: para llevarla a una capacidad de 533 millones de pies cúbicos de gas.

Es importante explicar, según Castro, que la ampliación de la planta tendrá foco, sobre todo, en la mayor capacidad de transporte a través de los gasoductos ya que el barco que recibe el gas natural licuado tiene la disponibilidad para recibir todo el que sea necesario.

De hecho, el ejecutivo reveló que, desde el pasado 8 de noviembre, empezó la convocatoria para que empresas del sector energético lleguen a mostrar interés por el gas adicional que se podrá regasificar desde 2025.

Como se sabe, Colombia enfrentó en meses recientes una alta demanda de gas para la generación de energía desde plantas térmicas y debió acelerar la importación de gas desde mercados como Estados Unidos y Trinidad y Tobago.

Vale recordar que ese aumento en las necesidades de energía se dio por la baja disponibilidad de generación desde los embalses nacionales.

La megaobra que dejó de avanzar, a pesar de contar con $2 billones en una fiducia

La Contraloría emitió una alerta por la ejecución del megaproyecto vial Mulaló – Loboguerrero en el Valle del Cauca debido a una serie de problemas que mantienen detenida la obra.

Al ente de control le preocupa la desactualización de los estudios y diseños en fase III y lo que ello implica, pues un eventual cambio obligaría a ajustar el inventario de los predios que se deben resguardar.

Por esto, instó a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda a adoptar medidas que le permitan al concesionario iniciar la fase de construcción del proyecto sin prejuicio.

“Terminar de forma anticipada y por mutuo acuerdo este contrato de concesión, significaría dejar al Valle del Cauca sin el indiscutible beneficio económico de una inversión en su territorio de $2,8 billones, haciendo caso omiso de que se trata de un proyecto declarado por el Conpes de importancia estratégica para la Nación”, señaló la entidad.

Además, derivaría en que el Estado se vea obligado a pagar unos $700.000 millones, de acuerdo con los cálculos de la Contraloría. Sin contar con la licencia ambiental, aprobada en 2021, que el concesionario tendría que ceder a la Nación.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que la Contraloría debe evaluar si es mejor la terminación anticipada o insistir en una obra que no se está haciendo, “que tiene más de $2 billones guardados en una fiducia hace varios años y van a seguir allí porque los contratistas dicen que ellos ya no pueden hacer la obra”, señaló.

Mulaló – Loboguerrero es una vía de cuarta generación de 318 kilómetros de longitud que promete reducir en 52 kilómetros la ruta entre Cali y Buenaventura, lo que se traduce en 1,5 horas menos. Este beneficio está pensando, principalmente, para el transporte de carga, ya que la vía se dirige a los puertos del Pacífico.

Desde que el proyecto, que arranca en el municipio de Yumbo, se adjudicó en 2014, la obra ha permanecido suspendida, por lo que nunca pasó del 0 % de avance.

Por tratarse de un proyecto ambicioso con cinco modernos túneles y 48 obras especiales, como puentes pontones y viaductos, debía generar 1.800 empleos directos al año en su pico máximo y miles de empleos indirectos por medio de los prestadores de servicios y proveedores durante su construcción y operación, según la concesión.

Vale la pena recordar que Covimar pidió la terminación anticipada del contrato en 2021 por aparentes demoras en la expedición de la licencia ambiental por parte de la ANLA, pero un tribunal de arbitramento falló a favor de la ANI en primera instancia en mayo de 2023 y ordenó al concesionario continuar con las obras tras un litigio de un año.

Estos son los proyectos de infraestructura que tendrían el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño

La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte (UPIT), le entregó a las autoridades territoriales el Plan Regional de Transporte Intermodal (PRTI) para las subregiones del sur de Bolívar y Bajo Cauca, en el nordeste Antioqueño.

Este plan estratégico busca optimizar la infraestructura de transporte existente y complementarla con nuevos proyectos (muelles, puentes, embarcaderos, etc.) que mejoren la conectividad de las comunidades locales con los municipios de la región.

“Trabajamos en conjunto con las comunidades y autoridades locales para transformar la infraestructura de transporte en la región, garantizando que cada proyecto sea respetuoso con el medio ambiente y que responda a las dinámicas reales sociales y productivas de la zona”: dijo la directora general de la UPIT, Martha Constanza Coronado Fajardo.

Nuevos proyectos el sur de Bolívar y el Bajo Cauca antioqueño

El plan se articula a través de cuatro pilares, 12 programas y más de 120 proyectos en los modos carretero, fluvial y aéreo. El modo con la inversión más representativa será el carretero, pero también se planean más de 31 proyectos para el modo fluvial, abarcando los ríos Magdalena, Cauca, Nechí y Cimitarra.

Entre los proyectos de articulación regional se destacan la planeación de la vía Cantagallo – Yondó, cinco puentes para el cruce del río Magdalena, la implementación del Plan Maestro Aeroportuario del aeródromo El Tomín y el impulso al turismo en la zona, mediante la construcción de 11 muelles con áreas públicas y espacios comerciales.

El plan contará con un total de 123 proyectos de infraestructura de transporte: 91 carreteros (74,2 %), 31 fluviales (25 %) y 1 aéreo (0,8 %), sumado a 14 acciones relacionadas con la estructuración de servicios de transporte y articulaciones interinstitucionales en la región.

El Plan Regional de Transporte Intermodal también identificó la necesidad de recursos por un monto aproximado de $6,5 billones, que espera beneficiar directamente a más de 580.000 habitantes.

Para el año 2050 se proyecta potenciar el crecimiento y desarrollo de las subregiones a través de una red de infraestructura intermodal, que fortalecerá la conectividad complementando y optimizando los corredores identificados, con el fin de mejorar la integración local, regional y nacional.

¿Se puede subarrendar el parqueadero de un conjunto residencial en Colombia?

Comenzar a una etapa de vida al interior de un conjunto residencial lleva a cabo diversas responsabilidades más allá de conseguir el predio. Estos retos se relacionan con la convivencia, espacio de zonas comunes y más.

Sin embargo, uno de los puntos que más polémica genera es el uso de los parqueaderos. Esto se da por la asignación de los espacios, que afectan las relaciones entre vecinos, tanto así, que esto se puede volver un tema legal.

Ante esto, la Ley 675 del 2001 se encarga de hacer la regulación en la propiedad horizontal en Colombia, con el objetivo de que se fomente una convivencia más cordial entre los habitantes de áreas residenciales.

Conflictos por uso indebido de parqueaderos

Este suele ser uno de los mayores problemas entre los residentes y es común que algunos residentes, ya sea por desconocimiento o falta de respeto a las normas, utilicen lugares que están destinados propietarios o visitantes de los mismos. Esto no solo genera molestias sino también reclamos que pueden llegar a generar disputas en el tema, generan reclamos que, en ocasiones, derivan en disputas.

Por eso, dentro de la Ley 675 se especifica que el uso de los parqueaderos se debe respetar, especialmente, cuando se han designado estos espacios por parte de la administración. Asimismo, las zonas destinadas para que los visitantes usen deben ser utilizadas exclusivamente por ellos y los copropietarios no deben hacer utilización de los espacios.

Copropietarios pueden arrendar parqueaderos

También se presentan ocasiones en que una persona puede tener designación de parqueadero, pero no utilizarlo. Ante esto, muchos se preguntan sobre la posibilidad de poder arrendar este espacio de parqueo para que otra persona lo pueda usar.

En respuesta a ello, la Ley 675, destaca que cada propietario tiene la libertad de alquilar su espacio a un tercero, inclusive, si esta persona no reside en el mismo conjunto residencial. Además, puede vender o hipotecar el espacio de parqueadero, con la salvedad que no tenga asuntos legales pendientes por la utilización del mismo.

Es importante recordad que las administraciones de los conjuntos residenciales no están autorizadas para establecer normas internas que limiten los derechos de parqueadero.

Tenga presente que las administraciones sí pueden establecer reglas sobre el uso de parqueaderos, entre las que se destacan las dimensiones del vehículo para que no ocupe más espacio del que ya fue asignado.

Tampoco se pueden almacenar otros objetos en estos espacios y mucho menos el mantenimiento vehicular dentro de los parqueaderos.