Un reciente reportaje ha revelado que una central minera sancionada por el Estado logró, en tan solo dos días, el permiso para procesar oro tras reuniones con el ministro Rómulo Mucho. Se ha denunciado que el Ministerio de Energía y Minas, bajo su liderazgo, otorgó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a mineros que ya habían sido sancionados por contaminación ambiental.
Según el programa Cuarto Poder, un grupo de dirigentes mineros obtuvo este beneficio en un tiempo récord después de reunirse con el ministro en dos ocasiones, el 27 de febrero y el 12 de marzo de 2024, tal como indica el portal de transparencia del gobierno. Paul Apaza, presidente de la Central de Cooperativas Mineras de la Rinconada y Luna de Oro, explicó que el objetivo de los encuentros fue dialogar sobre la formalización del Reinfo y las condiciones del sector de la pequeña minería.
El contexto de estas reuniones es alarmante, ya que los mineros involucrados provienen de La Rinconada, una zona conocida por actividades ilegales y delitos. La investigación reveló que, en octubre de 2022, esta cooperativa minera fue sancionada con 43 UIT por verter aguas residuales en la quebrada Lunar de Oro, en la región de Puno.
Cuarto Poder también destacó que, solo 48 horas después de la segunda reunión con Mucho, la central minera obtuvo el Reinfo el 14 de marzo de 2024. Un documento oficial, firmado por Mayra Figueroa Valderrama, asistente cercana del ministro, autorizó la incorporación de la “actividad de beneficio” en el Registro Integral, lo que les permite procesar mineral de oro.
El consultor en seguridad integral, Pedro Yaranga, expresó su preocupación, afirmando que Rómulo Mucho “le está dando la mano a un amigo” y cuestionó si se presionó a Figueroa Valderrama para formalizar a la cooperativa.
El reportaje también reveló que el 10 de octubre, el portal del Reinfo del Ministerio de Energía y Minas indicaba que la cooperativa tenía dos inscripciones vigentes relacionadas con sus actividades. Una se refería a la explotación ‘Ana María N.° 4’, en Ananea, y la otra a la “actividad de beneficio” en la misma área. Sin embargo, al día siguiente, el estatus del Reinfo de esta última cambió de vigente a suspensión.
Estas revelaciones generan preocupación sobre la transparencia en los procesos de formalización y los posibles vínculos entre el gobierno y grupos mineros que han incurrido en prácticas ilegales. La situación pone de manifiesto la necesidad de revisar los criterios y mecanismos utilizados para otorgar permisos en el sector minero.
Las implicaciones de este caso no solo afectan a la credibilidad del Ministerio de Energía y Minas, sino que también resaltan la urgencia de abordar la contaminación y la gestión sostenible de los recursos naturales en el país.
