Una semana antes de que termine la actual administración federal, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) acordó con las empresas que tienen los 10 contratos de conservación plurianual de la red carretera federal bajo la modalidad de Asociación Público-Privada que llevará a cabo el pago de los adeudos que tenían desde febrero pasado (que suma 6,613.3 millones de pesos) y obtuvo 1,200 millones de pesos para rehabilitar caminos rurales en Guerrero.
La falta de pago a empresas como Mota Engil México, ICA, IDINSA, OMEGA Construcciones, Prodemex, Sacyr o La Peninsular Compañía Constructora era pública y desde el primer trimestre del año buscaron el diálogo para que se les realizara el pago pendiente por sus estimaciones mensuales sobre el trabajo realizado.
Como parte de la negociación referida, los contratos con las constructoras, con una vigencia de 10 años, se ampliarán un mes, ya que los documentos se firmaron entre el 2017 y el 2018, por lo que terminarán en la siguiente administración federal.
En tanto, los pagos por los trabajos comenzarán esta misma semana.
El Economista solicitó a la SICT información al respecto sin tener respuesta, a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue quien no les autorizaba hacer los pagos etiquetados en el presupuesto del presente año porque tenían información en “revisión”, sin detallar a qué datos se hacía referencia.
Al iniciar septiembre, ambas dependencias intercambiaron oficios, ante la premura de cierre de la administración federal, para evitar caer en sanciones por incumplimiento.
En uno de ellos la SHCP respondió: “Corresponde a los ejecutores de gasto, en este caso la SICT, cumplir con oportunidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas, planear, programar… y rendir cuentas por la administración de los recursos públicos…”.
Eso ocasionó la negociación final de los pagos y sobre la eventual revisión de los contratos no se dijo más.
Una opción de conservación
Los contratos de conservación implican una extensión de 1,755 kilómetros y algunos de ellos son: Altamira-Ciudad Victoria, San Luis Potosí, Matehuala, Texcoco-Zacatepec, Coatzacoalcos-Villahermosa, Arriaga-Tapachula y Campeche-Mérida.
Con base en información de constructores, en todo momento la SICT reconoció la obligación de pago, pero estaba a la espera de indicaciones, por lo cual propuso que los pagos de las estimaciones de febrero y marzo no incluirían el factor de indexación del índice nacional de precios al consumidor.
En el caso de las estimaciones de abril a julio se restará el 25% de los pagos de cada una para tener los recursos y rehabilitar caminos en Guerrero, los cuales no contaban con recursos presupuestales. Y de agosto en adelante se haría el pago correspondiente.
“Finalmente se reconoció lo estipulado en los contratos, aunque hubo una tardanza se logró un acuerdo favorable para todas las partes”, comentó un empresario.
De acuerdo con los compromisos contraídos por la SICT, a través de la Dirección General de Conservación de Carreteras, para el 2024 se presupuestaron 8,318.5 millones de pesos, de los cuales solamente se ejerció el 20% al cierre del primer semestre.
