A pesar del notable aumento en el presupuesto de inversión pública, que ha pasado de S/3.000 millones en 2004 a más de S/56.000 millones en 2024, Perú aún enfrenta significativas brechas en infraestructura y servicios básicos. Esta disparidad subraya la urgencia de evaluar no solo el monto invertido, sino también cómo se gestionan esos recursos. En este sentido, el simple hecho de gastar más no garantiza una mejor ejecución.
Para abordar esta cuestión, Videnza ha desarrollado el Índice de Eficiencia en la Inversión Pública (IEIP), que ofrece una perspectiva más detallada sobre la eficacia en la gestión de inversión pública tanto en gobiernos regionales (IREI) como en municipalidades provinciales y distritales (ILEI).
Hasta el 30 de junio de 2024, el ILEI evaluó a 872 municipalidades en tres categorías: 196 provincias, 639 distritos a nivel nacional (excluyendo Lima) y 37 distritos en la provincia de Lima. En los primeros lugares del ranking se encuentran Callao, San Martín y el Santa, que destacan por un desempeño relativamente bueno en indicadores como retraso de proyectos y obras paralizadas. En contraste, Huancavelica, Cañete y Huancayo se encuentran en los últimos puestos debido a deficiencias en la programación y una sobrecarga de proyectos.
Al igual que en ediciones anteriores, el ILEI revela una gran variabilidad en los resultados dentro de cada provincia. Por ejemplo, Callao, que ocupa el primer lugar en el ranking, muestra una alta puntuación en algunos indicadores, como la reducción de sobrecostos y la minimización de obras paralizadas. Sin embargo, en términos de transparencia de proyectos, Callao se encuentra en el puesto 22, ya que solo el 22% de sus proyectos están actualizados.
El hecho de que una provincia tenga una alta ejecución de proyectos no necesariamente se traduce en eficiencia. Provincias como Utcubamba (Amazonas), Lima Metropolitana y San Martín, que presentan avances en ejecución superiores al 40%, no se encuentran entre las mejor posicionadas en el ranking debido a problemas significativos en indicadores como sobrecosto y costo promedio de proyectos.
En particular, Utcubamba reporta un avance en ejecución del 82%, pero ocupa el puesto 11 en el ILEI. Esto se debe a que en obras paralizadas se sitúa en el puesto 22 (con un 39% de su cartera paralizada) y en el cierre de proyectos está en el puesto 25 (liquidando solo el 7% de sus proyectos).
Un problema recurrente es el sobrecosto en los proyectos. De los 10.416 proyectos analizados, 1.013 requirieron recursos adicionales a los estipulados en sus expedientes técnicos. Los sobrecostos varían desde menos del 1% en provincias como San Martín y Callao, hasta un 33% en Mariscal Nieto (Moquegua) y un 57% en San Román (Puno). En algunas provincias, como San Román y Mariscal Nieto, al menos uno de cada cuatro proyectos en ejecución presenta un sobrecosto superior al 50%.
La liquidación de proyectos es otro aspecto crítico. La falta de liquidación formal impide que los activos generados por los proyectos concluidos puedan entrar en funcionamiento, lo que retrasa el cierre de brechas sociales. Además, una baja tasa de liquidación dificulta la actualización de la cartera de proyectos en ejecución, afectando la planificación y programación de futuras inversiones.
En el ámbito nacional, solo Tacna y Coronel Portillo han logrado liquidar más de la mitad de sus proyectos. Por otro lado, provincias como Pasco, Lima, Huancayo, Utcubamba e Ica liquidan aproximadamente solo 1 de cada 10 proyectos terminados. Ica, en particular, destaca negativamente, con solo 25 proyectos liquidados de un total de 526, lo que equivale a liquidar solo el 4% de sus proyectos activos.
Los resultados del ILEI ponen de manifiesto grandes diferencias en la capacidad de gestión de recursos entre provincias. Mientras algunas, como Callao y San Martín, se destacan en el índice, otras con mayor capacidad instalada, como Lima Metropolitana o Trujillo, aparecen en la parte baja del ranking. Esto resalta la necesidad urgente de mejorar la planificación y gestión a nivel local para cerrar brechas y mejorar el bienestar de la población.
Aunque los resultados no son responsabilidad exclusiva de los alcaldes actuales, recae en ellos la tarea crucial de mejorar el desempeño de sus provincias para asegurar una gestión más eficiente de la inversión pública.
