Día: 17 de septiembre de 2024

Las empresas de la industria del gas natural de Colombia destacaron que respetan y acatan las decisiones judiciales; sin embargo, precisaron que esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.

En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que:

1. El Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
2. Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes.La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).

   Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado.
   

3. Con la ejecución del proyecto no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
4. La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos.Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad.
   
5. Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.Para la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, «hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera”.Destacó que “el Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa».

   Por esto, la líder de Naturgas hizo un llamado a la comunidad de Taganga para que «considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable».

   Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que «este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30”.

   Añadió que “con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo».

   Pearl hizo énfasis en que «la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones».

Pozo Uchuva 2 y las afectaciones a la seguridad energética de Colombia

En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:

1. En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58 %.
   
2. El índice de reposición de reservas en los últimos diez años (2014-2023) es del 25 %; es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada diez pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5.Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
3. En 2023 se registró un incremento en recursos contingentes existentes de 29 %, de los cuales la mayoría corresponde a recursos costa afuera.Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.

Finalmente, la ACP y Naturgas reiteraron que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país.

Y elevaron un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.

Tras una revisión exhaustiva, el ente de control también encontró deficiencias significativas en el procedimiento administrativo del trámite de licencia ambiental, especialmente frente a la convocatoria y funcionamiento del Comité Técnico Consultivo, órgano asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en proyectos considerados como críticos y quien es la autoridad encargada de tomar decisiones y hacer recomendaciones sobre la licencia ambiental en cuestión.

Asimismo, Gustavo Guerrero, procurador delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios confirmó que intervendrá directamente en el trámite de la licencia ambiental para asegurar el cumplimiento de los procedimientos regulatorios adecuados, solicitando la revocatoria directa de la decisión de suspender el trámite de la licencia, buscando así garantizar una resolución oportuna y conforme a la normativa vigente.

“Este proyecto de Komodo tiene una inversión social prevista de $7.000 millones, que termina postergada, aplazada. Implica el incumplimiento de las metas en nuevos pozos exploratorios, que eran 40 pozos los planteados en Colombia durante el año 2024.” citó el delegado Guerrero.

También precisó que se establecerá una mesa de trabajo permanente compuesta por representantes de los sectores de minas y energía, ambiente, y otros; con el fin de mejorar la coordinación y la gestión entre los sectores involucrados, facilitar el diálogo y la cooperación que permita resolver las disfunciones en el proceso de licenciamiento, experiencia similar a la que ya existe en el sector energético.

“Es importante recordar que Ecopetrol es socio de este proyecto tiene el 40 % del mismo en un contrato de exploración y producción y que ya ha invertido US$35 millones en las actividades preparatorias de las actividades exploratorias una suma y una inversión del Estado, el patrimonio de los colombianos, que podría ponerse en riesgo.” expresó el procurador ambiental.

¿Por qué si hay déficit de gas en el país, sigue suspendido trámite de licencia ambiental para explorar el único pozo en el mar?

La Procuraduría General de la Nación le reiteró al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la urgencia y pertinencia de tomar decisiones oportunas acerca de la licencia ambiental para adelantar el proyecto denominado “perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1 Caribe colombiano”, teniendo en cuenta que dicho trámite se encuentra suspendido desde hace más de un mes.

Refirió el ente de control que, el 23 de agosto de 2024, se cumplió la fecha límite para tomar las disposiciones necesarias para explorar el único pozo de gas off shore (costa afuera), por lo que convocó a todos los actores involucrados a una mesa de trabajo de carácter urgente, con el fin de entender con mayor claridad la situación e inquietudes que se generan, así como las consecuencias para la seguridad energética del país de presentarse retrasos en el proyecto.

Asimismo, luego del estudio del expediente, la delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios expresó sus inquietudes respecto a la gestión y avance del proceso de licenciamiento, particularmente en relación con la planificación, la disponibilidad de recursos críticos y de equipos para la ejecución del proyecto; especialmente en cuanto a la embarcación de perforación Valaris DS-16, ya que su confirmación es esencial para no afectar la programación 2025 y para no generar incertidumbre sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Minas y Energías, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos,  Ecopetrol, Anadarko Colombia Company Sucursal Colombia, la Asociación Colombiana de Gas Natural y la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas fueron convocados por el Ministerio Público, a quienes también les requirió información sobre el proyecto en jurisdicción de las capitanías de puerto de Barranquilla, Riohacha y Santa Marta.

Se trata de Carlos Eduardo Hurtado Vela quien es ingeniero eléctrico y cuenta con maestría en Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión. Hurtado Vela es candidato a maestría en Regulación Energética y candidato a especialista en Gestión Pública.

El que sería el nuevo experto comisionado de la CREG tiene experiencia en dirección, formulación y ejecución de proyectos energéticos y eléctricos. También posee experiencia en Administración, Operación y Manteniendo.

Carlos Eduardo Hurtado se ha desempeñado como catedrático universitario y asegura tener amplia relaciones públicas, gremiales y empresariales por más de 25 años.

Ha trabajado como gerente en Velcon Ingeniería y fue diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca entre enero de 2020 y enero de 2024.

Cabe recordar que, recientemente, el Consejo de Estado anunció la anulación al nombramiento de Baisser Antonio Jiménez como comisionado experto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) por no cumplir los requisitos de experiencia y preparación.

No obstante, Jiménez actualmente es el director ejecutivo del ente regulador, pero el fallo no hace referencia a una destitución para este cargo por lo que el funcionario por ahora continuará en su cargo.

Jiménez fue nombrado en noviembre de 2023 como comisionado, siendo uno de los pocos que anunció el Gobierno de Gustavo Petro el año pasado. En julio de 2024 fue designado director de la entidad.

Expertos del sector minero-energético de Colombia siguen pidiendo al Gobierno Nacional que ‘se ponga al día’ en los nombramientos en firme de todos los expertos comisionados de la CREG, para que se destraben y avancen procesos que permiten fortalecer esta industria.

El 12 de septiembre de 2024, la Procuraduría había anunciado que realizaría una vigilancia preventiva a la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

Al respecto, la procuradora general, Margarita Cabello, había declarado que la medida anunciada por el Ministerio Público tenía el fin de garantizar que se mantengan los índices de calidad, cobertura y continuidad en la prestación del servicio de energía en los departamentos del Atlántico, La Guajira y Magdalena.

“Es prioridad para esta entidad proteger los derechos de los usuarios, entre los cuales se encuentran sujetos de especial protección constitucional. La reciente intervención de Air-e ha revivido el fantasma de Electricaribe para los habitantes de la región, por lo que seguiremos atentos para asegurar que se tomen las medidas necesarias”, destacó la procuradora.

Asimismo, hizo un llamado a las entidades competentes para que cumplan con el pago de los subsidios pendientes y honren su compromiso con la opción tarifaria para los estratos 1, 2 y 3, con el fin de evitar un efecto cascada que aumente el riesgo para el sector energético en la costa Caribe y en el resto del país.

¿Qué otras decisiones ha tomado la Procuraduría sobre Air-e?

Como parte de las funciones preventivas y de control de gestión en asuntos relacionados con la prestación del servicio de energía, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, algunas precisiones frente a la decisión de intervención de Air-e. 

A través de la delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, el ente de control pidió a Quiroga aclarar, con base en qué estudio técnico se le solicita a la CREG concepto favorable para proceder a la toma de posesión de la empresa Air-e; además, en cuáles causales de la Ley 142 se apoya dicha toma de posesión.

En el oficio, el Ministerio Público preguntó sobre las fuentes de recursos a los que recurrirá la Superintendencia de Servicios Públicos para garantizar el servicio y el monto mensual de gastos necesarios para garantizar la prestación del servicio en el área de cobertura de Air-e.

Adicionalmente, cuestionó cuál es el saldo por cobrar por concepto de la opción tarifaria.

La Procuraduría urgió información sobre los subsidios causados y aún no girados a la empresa con corte a agosto de 2024, y el comportamiento de los indicadores: pérdidas, recaudo, calidad del servicio (Saidi y Saifi). 

Finalmente, el oficio recordó que la Procuraduría no coacciona ni coadministra, implemente actúa como articuladora extendiendo recomendaciones y haciendo llamados al cumplimiento normativo legal vigente en las materias objeto de actuación, con el fin de que sean los actores quienes adopten las acciones necesarias para buscar soluciones a las situaciones existentes que podrían afectar la prestación de los servicios públicos en territorio. 

Con estas carreteras, el país sumará un total de 18 concesiones viales de este programa que quedarán listas y entregadas a los ciudadanos.

Así lo confirmó la ministra de Transporte, María Constanza García, en medio del Seminario de Infraestructura de ANIF, en el cual detalló los avances de los megaproyectos.

¿Cuáles son las cinco megaproyectos 4G que se entregarán en Colombia?

Según la titular de la cartera, con corte a agosto de 2022, el programa de concesiones viales registraba un avance de 67 % de ejecución, mientras que actualmente ya está por encima del 80 % y esperan llegar a casi 90 % en lo que resta del año.

“Esperamos cerrar en 89 % en diciembre de 2023. Esto es lo que se ha hecho: túneles, puentes vehiculares, dobles calzadas, etc.”, afirmó García.

Adicionalmente, señaló que, en total, por las vías 4G, Colombia he hecho inversiones históricas, que han sido clave para su ejecución.

En total, van $64,5 billones para fases de construcción y otros $63,3 billones para operación y mantenimiento de los corredores.

Lo anterior, ha generado que 13 megaproyectos ya estén terminados y en funcionamiento. Allí se incluyen importantes carreteras en Antioquia, como Autopista al Mar 1, Pacífico 2, Vías del Nus y Conexión Norte.

Adicionalmente, hay vías en el Eje Cafetero, como Pacífico 3, y otras en el norte del país, como Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad, Puerta de Hierro – Cruz del Viso y Pamplona – Cúcuta, hacia la zona oriental.

Finalmente, se encuentran corredores en el centro del país como Girardot – Honda – Puerto Salgar, Chirajara – Fundadores (en la vía al Llano), Neiva – Espinal – Girardot y la Transversal del Sisga. Y, finalmente, Rumichaca – Pasto, en cercanías a la frontera con Ecuador.

A todas estas se sumarán cinco megaproyectos 4G que se entregarán en Colombia en lo que resta del año y que igualmente están repartidos a lo largo del país.

Entre estas, se encontrarían Autopista Mar 2, entre Cañasgordas y Necoclí, en Antioquia; el corredor Antioquia – Bolívar y la conexión Bucaramanga – Barrancabermeja – Yondó.

Adicionalmente, estarán listas las obras en las carreteras Cambao – Manizales, y Villavicencio – Yopal.

En contraste, la ministra de Transporte señaló que dos megaobras que no avanzan y registran un cero por ciento de ejecución. Una es Autopistas del Caribe y la otra Mulaló – Loboguerrero, en el Valle del Cauca.