Cancún, QRoo.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) obtuvo luz verde para la construcción de infraestructura eléctrica que incremente la capacidad de suministro hacia Cancún y otras zonas del norte de Quintana Roo.
Sin embargo, al igual que en el resto de los proyectos del gobierno federal en Quintana Roo, la CFE inició los trabajos para la construcción de una nueva línea de alta tensión, mucho antes que la Semarnat les otorgase la autorización de impacto ambiental.
En este nuevo caso se trata del proyecto Línea de Transmisión Leona Vicario-Riviera Maya, el cual tendrá una tensión nominal de 400 kilovatios para transportar energía a través de 82 torres de acero a lo largo de 39.01 kilómetros y requerirá de un derecho de vía de 36 metros de ancho, para atender el incremento en la demanda de los municipios de Puerto Morelos y Benito Juárez. La inversión para este proyecto es de 148 millones de pesos, según se publica en la Gaceta Ecológica de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Aunque la autorización de impacto ambiental se notificó apenas el pasado 3 de septiembre, uno de los terrenos a impactarse por esta obra ya había sido desmontado de vegetación desde mediados de agosto pasado.
Se trata ya de un proceder generalizado en todas y cada unas de las obras del gobierno federal en Quintana Roo.
Otros casos similares
Los más recientes proyectos federales con el mismo tipo de actuar son los bancos de material que ha necesitado la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción del Tren Maya.
Dicha dependencia ingresó en agosto pasado a la Semarnat de manera extemporánea cuatro manifestaciones de impacto ambiental para igual número de bancos de material pétreo en Quintana Roo, los cuales iniciaron la extracción de roca muchos meses antes de siquiera solicitar los permisos.
Dos de estos cuatro bancos de material se encuentran en el municipio de Solidaridad. En sus correspondientes manifestaciones de impacto ambiental (MIA) se reconoce que se trata de bancos donde comenzó la extracción de material previo a la tramitación de los permisos.
“Para iniciar con las actividades de remoción de vegetación para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se cuenta con una autorización provisional con oficio no. SRA/DGIRA/DG-01427-23 en el cual se solicitó una superficie de 22.5941 hectáreas (y de 52.3 hectáreas en el segundo banco de material) de afectación al predio”, se lee en la MIA.
Es decir, el Ejército gozó de una “autorización provisional”, la cual no existe como figura en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA).
Estos permisos provisionales son los mismos que la Semarnat entregó al Tren Maya una vez que empezaron el desmonte de selva, sin contar siquiera con el proyecto ejecutivo, ni mucho menos los estudios de impacto ambiental en la zona.
La autorización de impacto ambiental tiene como objeto anticipar las afectaciones que pueda tener en el entorno un determinado proyecto, por lo que los “permisos provisionales” contravienen todo el espíritu de esta normativa, al haber permitido en múltiples ocasiones arrancar obras sin que se mida o dimensione anticipadamente el impacto de los trabajos.
La ley también es clara al prohibir el inicio de cualquier obra de jurisdicción federal sin contar previamente con la autorización de impacto ambiental que otorga la Semarnat.
