Gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno, parlamentarios y asesores legislativos, la Comisión de Economía de la Cámara espera despachar, prontamente, a su similar de Hacienda, la ley marco de autorizaciones sectoriales (boletín 16566), también conocida como proyecto de “permisología”.
La normativa busca agilizar el otorgamiento de las autorizaciones necesarias para desarrollar proyectos de inversión. Lo anterior, independiente de su envergadura y de si su carácter es público o privado. La idea es afrontar la excesiva burocracia estatal, en post de aumentar la productividad e inversión en el país.
Durante la última jornada, el grupo parlamentario aprobó una serie de indicaciones de consenso. Ellas refirieron a mecanismos de mejora regulatoria.
Asimismo, respaldaron adecuaciones a 37 leyes sectoriales, con el objeto de que este proyecto tenga la fuerza suficiente y cumpla su objetivo, al momento de su implementación. Este punto fue destacado por todos los sectores, dada la voluntad manifiesta de avanzar con celeridad.
Para la próxima sesión, la Comisión de Economía votará las indicaciones presentadas por el Gobierno y los parlamentarios a una serie de aspectos técnicos, relativos a leyes y sectores específicos.
Una vez aprobado su contenido, el texto pasará a la Comisión de Hacienda, antes de quedar a disposición de la Sala. Se espera que esta despache el texto a segundo trámite en el mes de octubre.
Autorizaciones sectoriales
Las autorizaciones sectoriales constituyen instrumentos de regulación que permiten conciliar el desarrollo de actividades económicas con la protección de intereses públicos, tan relevantes como la salud, el cuidado del medio ambiente o la seguridad de las personas.
La meta del Gobierno es que, con esta nueva norma, se reduzca, a lo menos, un 30% de los tiempos totales de tramitación. Para tal objetivo, por ejemplo, se plantea el reemplazo de ciertos permisos por declaraciones juradas, principalmente, en proyectos de bajo riesgo. Así, también, la instalación de una ventanilla única digital para la solicitud de permisos, donde se pueda revisar el estado del proceso.
Además, busca definir plazos máximos para entregas de informes intersectoriales y se regula el silencio administrativo. Junto a esto, se establece una categoría de trámites a realizar en proyectos priorizados, con vencimientos aún más acotados, entre otras medidas.
En virtud de lo anterior, el proyecto de ley se alinea con los objetivos propuestos por el Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. Responde, así, al mandato del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo de acelerar la inversión e impulsar la generación de nuevos puestos de trabajo.
La idea es generar las condiciones necesarias para abordar los desafíos asociados a la estrategia nacional de desarrollo: más empleos de calidad, mayor bienestar de la población, mejores políticas que reduzcan brechas de desigualdad y mejores capacidades para enfrentar las crisis climáticas.
