Dentro de la mina de Buriticá, de propiedad de la empresa china Zijin-Continental Gold, tienen una explicación clara: el precio del oro está en los precios máximos históricos y no hay control estatal para que no se saque de forma ilegal.
El viernes pasado el precio del oro publicado por el Banco de la República para compra fue de $304.163 por cada gramo, el más alto en toda la historia desde que se tienen registros, y esto porque ese metal precioso está caro en el mundo y son días en los que el dólar, que es la moneda en la que se cotiza, está también alto. Es decir, como nunca antes, quienes explotan oro de forma ilegal están llenando sus bolsillos.
Según el más reciente informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito sobre la minería de oro de aluvión, que es la que se desarrolla en ríos, para 2022 el 65% de dicha explotación se hacía de manera ilícita, siendo los departamentos más afectados Antioquia, Chocó y Bolívar.
Sería un cuento viejo decir que los ilegales utilizan muchas triquiñuelas para darle apariencia de legalidad al oro, y que entre ellas está la utilización de la figura de los mineros de subsistencia. Según el Código de Minas colombiano, los mineros de subsistencia son los que a punta de batea le sacan el oro a los ríos, por eso se llaman barequeros, o los que relavan las arenas de los títulos mineros, a los que se les llaman chatarreros.
De acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM), el año pasado salieron de las montañas y ríos de Colombia 61,3 toneladas de oro, de las cuales, si se mantiene la participación que tenían los productores en 2022, significaría que unas 30 toneladas serían atribuibles a los mineros de subsistencia, pues sobre ellos recayó más o menos la mitad de la producción de oro ese año (para 2023, la ANM no ha revelado la participación por producción).
Dichos mineros artesanales tienen permiso para sacar hasta 35 gramos de oro al mes o hasta 420 gramos de oro al año, lo que la normativa denominó minería de subsistencia. Sin embargo, con los altos precios de hoy, uno de estos mineros puede ganarse 10,6 millones de pesos al mes, e incluso, si tiene los 420 gramos de una vez, estaría generando 127,7 millones de pesos, sin pagar IVA ni retención en la fuente. Con esos ingresos en este país hay que declarar renta y salir de los beneficios del Sisbén, como el régimen subsidiado de salud y la priorización en los demás subsidios estatales.
Sin embargo, la realidad es bien distinta porque la explotación ilegal de oro no se hace con bateas (la ancestral sí), se hace con explosivos, mercurio, dragas, taladros mecánicos, en fin, una gran cantidad de herramientas que, según la norma, están permitidas únicamente para la pequeña, mediana y gran minería, que cuenta con títulos mineros y licencias ambientales, así como planes de trabajos y obras. Y, luego, en el comercio local, se les atribuye la producción ilegal a los barqueros y chatarreros, para que las comercializadoras internacionales puedan enviarlo al exterior con todas las de la ley. Esta jugarreta es conocida por todas las autoridades desde hace unos 10 años, tanto la ANM, como la Dian y la Fiscalía saben de ello. Pero no han implementado la solución.
No hay trazabilidad
Durante el Gobierno de Iván Duque se inició un piloto de trazabilidad, que ayudaba a garantizar que el oro que se exportaba sí había sido sacado de las entrañas de la tierra de las formas permitidas por la norma colombiana, a qué barequero correspondía, de qué mina fue sacado y bajo cuáles condiciones. Para ello, con ayuda de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) se creó una arenera de prueba donde 35 operadores tecnológicos hicieron demostraciones de lo que las empresas del sector y el Gobierno podían conocer gracias a sus desarrollos.
Fue así como en marzo de 2021 comenzó a andar lo que llamaron Sandbox regulatorio, en el que invitaron a participar a más de 7.000 personas entre mineros, comercializadores, sector financiero, academia, empresas de tecnología y a las instituciones del Estado. Para octubre de 2022, tanto la ANM como la OEI le contaron a este diario de lo exitoso que había sido el experimento, y de cómo iban a incorporarlo muy pronto a la normativa colombiana.
Para hacerlo realidad se requiere de una Resolución de la ANM, que debió expedirse desde el año pasado, luego de un decreto presidencial que le dio piso.
Pero este es el punto, no hay resolución y no se ha creado el sistema de trazabilidad. Tanta ha sido la demora del Gobierno, que Carlos Andrés Mejía, experto en trazabilidad, radicó una acción de cumplimiento, para el que espera el acompañamiento del Ministerio Público, en contra de la ANM.
En el documento radicado, Mejía aseguró que la puesta en operación del sistema de trazabilidad está planeada para convertirse en la herramienta tecnológica más eficiente de administración, gestión y control del recurso minero: “Tiene como objetivo lograr dar claridad a las cadenas de suministro de los diferentes minerales, para que de esta manera se pueda aumentar la certeza de su origen legal y así mismo disminuir la evasión tributaria que se da en la explotación, comercialización, utilización de todos los minerales, recursos que son de propiedad de la nación y donde encuentra ingresos importantes vía regalías e impuestos de este sector económico”.
Y este sistema ya probó su eficiencia en el pasado. Justo cuando el precio del oro está por las nubes y el presupuesto de la Nación está tan desfinanciado, sería el mejor momento para incorporar a las arcas del Estado esa producción que siempre ha debido ser legal.
