La Procuraduría de Colombia pidió frenar el decreto del gobierno de Gustavo Petro que impone una delimitación a reservas ambientales y establece prohibiciones a la minería.
De acuerdo con la entidad, es necesario que se defina la legalidad de la norma, por lo cual hizo la solicitud ante el Consejo de Estado.
Así las cosas, solicitó que se defina la legalidad del Decreto 1374 de 2013 y que se imponga una medida cautelar sobre el Decreto 044 de 2024, expedido con el mismo fundamento legal.
Para el ente de control, es “pertinente” que los ministerios de Ambiente y Minas no emitan resoluciones que declaren reservas temporales hasta que el Consejo de Estado expida su pronunciamiento.
Sumado a lo anterior, la Procuraduría indicó que, si el alto tribunal llegara a declarar nulo el decreto origen, se estaría ante un acto vigente semejante a la nueva norma y serían engañosos los efectos jurídicos de esta decisión.
Ahora bien, si se declara ajustado a la legalidad, será determinante conocer si se ajusta o no al orden jurídico y se comprenderá mejor la forma en que el Gobierno debe implementarlo y ejecutarlo.
Por esta situación, la Procuraduría pidió frenar el decreto sobre delimitación de reservas ambientales y exclusión minera.
