Las restricciones de algunos municipios de Lima para el desarrollo de viviendas de interés social ha generado que se paralicen casi 400 proyectos inmobiliarios, con una inversión valorizada en US$ 1,500 millones.
Así lo estimó la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), tras un reporte de sus compañías asociadas frente a las trabas sufridas en los últimos meses.
El presidente de ASEI, José Espantoso, refirió que las paralizaciones se han dado a nivel de distintas etapas de los proyectos, desde obras en construcción que fueron detenidas, proyectos con licencia listos para el inicio de obra, pero que también fueron paralizadas; y también proyectos en fase inicial de desarrollo, tras la compra de terrenos.
“Este reporte de casi 400 proyectos paralizados, con una inversión de US$ 1,500 millones, amenaza a que se pierdan empleos para unas 70,000 personas”, anotó Espantoso, quien expondrá este miércoles 15 de noviembre en la segunda jornada del CADE 2023 que se viene desarrollando en Cusco.
El ejecutivo agregó que los proyectos paralizados debido a trabas municipales se ubican en los distritos de Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja y Magdalena. “Con algunos municipios nos hemos sentado a conversar, pero otros no están dispuestos al diálogo, por lo que hemos optado en tomar medidas ante Indecopi, con acciones contra las barreras burocráticas”, refirió Espantoso.
Frente a ello, Espantoso refirió que una de las propuestas en el marco de su exposición en el CADE 2023 será que el Ministerio de Vivienda refuerce su liderazgo en las mesas de trabajo que se han conformado con las municipalidades, para lograr alternativas de solución a este problema.
“Buscamos un mayor diálogo entre las partes, pues hay interés de las empresas privadas en invertir en más proyectos, pues hay déficit habitacional, por lo que no podemos tener autoridades que rechacen desarrollar estos proyectos”, remarcó.
Habilitar más terrenos para proyectos
Una segunda propuesta que ASEI buscará remarcar en CADE 2023 será que el Estado logre poner en práctica el proyecto de crear una agencia estatal operadora de suelo público. Esta se encargaría de ubicar terrenos donde se puedan desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y además habilitar el acceso a servicios, como agua, desagüe y electricidad.
“El Fondo Mivivienda haría la labor de operador de suelos. Ello incentivaría el interés de las inmobiliarias para desarrollar más proyectos de vivienda social en nuevas zonas y a precios accesibles, para que más familias puedan lograr comprar una vivienda”, sostuvo.
Otro tema que ASEI está impulsando es que el Estado actualice los precios máximos de las viviendas consideradas de interés social y los valores del subsidio (Bono de Buen Pagador).
La actualización suele realizarse al inicio de cada año, pero este 2023 aún no se ha implementado ello. “Este es uno de los temas que también hemos conversado con el Ministerio de Vivienda, por lo que esperamos que en las próximas semanas tengamos noticias de esas actualizaciones pendientes”, apuntó Espantoso.
Otrosí digo. “El Perú invierte S/ 1,200 millones al año en subsidios para vivienda, mientras Chile, un país que tiene menos población, invierte US$ 4,500 millones. Entonces, si queremos realmente reducir el déficit de vivienda, debemos incrementar los subsidios progresivamente. Por eso nosotros proponemos que los subsidios se incrementen, en una primera etapa, a S/ 2,000 millones”, sostuvo José Espantoso, presidente de ASEI.
Fuente: Gestión
