La Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) denunció ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a las Municipalidades de San Isidro y San Borja. Las denuncias apuntan a que se declare barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad a las ordenanzas ediles 585-2023-MSI y 703-MSB.
De acuerdo con el documento, las normas municipales cuestionadas contravienen el ordenamiento legal vigente sobre la vivienda de interés social (VIS) e imponen una serie de exigencias que impiden en ambos distritos la ejecución de este tipo de proyectos inmobiliarios, que ya están en marcha y cuentan con autorizaciones de las mismas municipalidades.
Según el especialista Andrés Devoto, este tipo de vivienda son subsidiadas por el Estado y están bajo la supervisión de los programas del Ministerio. Además, el costo de estos inmuebles no superan los S/444.000 aproximadamente.
En palabras del presidente del gremio representativo de empresas inmobiliarias, José Espantoso, dichas disposiciones no solo impiden la construcción de nuevos proyectos, sino que ponen en riesgo la continuidad de las obras en marcha.
San Isidro impide viviendas sociales: “Rompe la armonía urbana”
De acuerdo con la alcaldesa de San Isidro, su distrito tiene características “claramente consolidadas” y ello se debe, entre varios factores, a que cuenta con un plan urbano distrital, que le permite encaminar de manera planificada y ordenada su desarrollo y crecimiento. Entre esas características es que las construcciones no deben superar alturas por encima de los establecido en la norma municipal porque “rompe la armonía urbana distrital”.
