Volcan y un directorio en “erupción” por “designaciones y remociones”

Luego que la Junta General de Accionistas de Volcan aprobara la segregación de su negocio portuario en el proyecto del megapuerto de Chancay con oposición de su accionista controlador Glencore, la calma no regresa a la minera peruana. En su última sesión de directorio, del 18 de setiembre, la discusión incluyó el debate por la designación y remoción de funcionarios, derivando en un fuego cruzado de comunicados que niegan la aprobación de dichos puntos frente a otros que los reafirman.

En detalle, un Hecho de Importancia enviado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) por Volcan Compañía Minera —firmado por Pedro Olórtegui como representante bursátil de la firma— reportó que directores vinculados a Glencore International AG postergaron tratar los puntos de la agenda.

Los temas eran la presentación de un informe de la presidencia, la aprobación de contratos de opción y cesión minera, evaluación y aprobación de contratos de compraventa de concentrados y otros cinco puntos sobre contrataciones, aspectos logísticos, financieros y de negociación con Cosco Shipping.

Sin embargo, el comunicado también afirmó que los referidos directores buscaron incluir y aprobar acuerdos fuera de la agenda, como la remoción y designación del presidente y vicepresidente del directorio, gerente general, representantes bursátiles y otros funcionarios. Asimismo, la convocatoria a Junta General de Accionistas para remover a miembros del directorio y modificar parcialmente el estatuto.

En un posterior Hecho de Importancia, Olórtegui difundió una carta notarial enviada por José Picasso en calidad de presidente del directorio de Volcan a Diego Garrido-Lecca, notificándole el mencionado intento de “incluir y aprobar acuerdos, fuera de agenda” y que dichas acciones representan intereses contrarios a la minera.

Además, le informó sobre la intención de nombrarlo “ilegalmente como gerente general interino”. En caso de pretender ejercer dicho cargo, advirtió que incurriría en usurpación de funciones y sería responsable civil y penal de los daños que se generen.

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